En el Parlamento piden comisión investigadora. Acusan inoperancia del gobierno. Ministro del Interior llamó a  “fortalecer el trabajo de las policías”.

Equipo ES. 04/08/2020. En las oficinas de La Moneda se tuvo que abrir otra carpeta de crisis: la grave situación que reina en La Araucanía. Se abrió otro flanco donde aún no se avizoran medidas precisas de parte del gobierno, al punto que el titular de Interior tuvo que salir a dar explicaciones sobre su cuestionada actuación frente al escenario en esa zona, cuando apenas llevaba un par de días en el cargo. El Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Víctor Pérez, el jefe del equipo presidencial, Cristián Larroulet y el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, están inquietos y monitoreando, aunque hasta ahora los pasos que se dan desde palacio parecen más acrecentar y enrarecer las cosas, que apaciguarlas y darles un cauce distinto a la tensión y la violencia. Este domingo y lunes continuaron las movilizaciones de mapuches y organizaciones sociales en lugares como Temuco, Lumaco y Collipulli, con mucha represión ejercida por Carabineros.

Es así que no hay apertura de diálogo real para buscar solución a la demanda de los presos políticos mapuches que llevan semanas de huelga de hambre exigiendo la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), protección ante la posibilidad de contagio del Covid-19 y que se les conceda el derecho a continuar sus condenas en los domicilios y comunidades. El ministro del Interior partió diciendo que en el país “no hay presos políticos” y después el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, hizo afirmaciones como que “no hay diálogo con aquellos que cometan delitos” y menos “bajo extorsión”, aludiendo a la huelga de hambre.

Grupos de indígenas mapuches ocuparon Municipalidades en protesta por la falta de respuesta a la situación de los comuneros presos y en huelga de hambre y cuando el viernes pasado fue a La Araucanía, el ministro del Interior no habló con los alcaldes, no planteó algún diálogo, y en cambio instó a desalojar los municipios y dijo que había que respetar el estado de Derecho. Insistió en que el tema es “la violencia” e hizo alusión a que un carabinero estaba herido, como argumento de que se debía actuar con fuerza. El alcalde de Curacautín, Jorge Saquel comentó que “vino el ministro del Interior y estuvo el viernes y no se reunió con los alcaldes. Yo le hago una pregunta: ¿y a qué vino?”. Luego de la visita, grupos de ultraderecha se envalentonaron y junto a contingentes de Carabineros, procedieron al desalojo violento de las sedes municipales y otras agresiones racistas en contra de los mapuches, lo que tensó aún más la situación y abrió compuertas a la agudización del conflicto.

Junto a eso, aumentó la militarización de la zona, con presencia activa de tropas del Ejército, que se sumaron a las Fuerzas Especiales y Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros.

Frente a la actuación de grupos de ultraderecha y racistas, entre ellos la Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA), las autoridades comenzaron a hablar de “civiles” que habían realizado acciones de “autotutela”, en una diferenciación ostensible frente las protestas de los mapuches a las cuales califican de violentas, vandálicas y extremistas. Además, no hay investigación ni pronunciamiento del ministro o subsecretario del Interior en relación a videos, fotografías, audios y testimonios de cómo los contingentes racistas y ultraderechistas se coordinaron con Carabineros para desalojar las Municipalidades y agredir a los comuneros.

Desde La Moneda se instruyó que lo principal es garantizar “el orden público”, y no hubo variación en lo que se ha denunciado como “militarización de La Araucanía” y “respuesta represiva” del Estado a las demandas del pueblo mapuche. Por las declaraciones de Pérez y Galli, el camino irá por presentar querellas, potenciar la labor de personal de Carabineros y del Ejército, y persistir en llamados “a terminar con la violencia”, sin entrar a tratar las demandas de los representantes mapuches, ni abrir canales para responder a exigencias desde las comunidades indígenas.

Lo que se sabe, es que se está viendo cómo bajar los niveles de conflictividad aplicando medidas de seguridad pública, salidas comunicacionales centradas en la mantención del orden, condenar las manifestaciones del pueblo mapuche y, cuando más, respaldar sin mucho énfasis las conversaciones que puedan existir a nivel de Intendencia o en los municipios.

En este cuadro, los alcaldes de las comunas de la región, sobre todo de Collipulli, Victoria, Ercilla, Traiguén y Curacautín, reclaman la falta de diálogo y coordinación con el ministro Víctor Pérez, y una ausencia de medidas efectivas desde el gobierno central.

Todo esto, por lo demás, en la continuidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas, acciones soterradas de las organizaciones de ultraderecha, aumento de agresiones racistas y presiones desde el mundo de los empresarios agrícolas y forestales de La Araucanía.

De hecho, parlamentarios y dirigentes de partidos de la oposición plantearon al ministro Pérez que se debe investigar a los contingentes ultraderechistas y racistas y sobre todo a quienes actuaron el fin de semana pasado; incluso ellos mismos grabaron y tomaron fotos de sus acciones. En la Cámara de Diputados se está promoviendo el generar una comisión investigadora sobre esos hechos.

La acción de desalojo y agresión

Frente a lo ocurrido en las Municipalidades de Traiguén, Victoria, Curacautín y Ercilla el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “condenamos la autotutela. Es decir que cada persona quiera tomar la justicia por su propia mano” en crítica tácita al grupo APRA y a los comandos ultraderechistas y racistas. Pero persistieron los cuestionamientos de que, finalmente, el gobierno no decidió actuar contra esos grupos.

Desde el Partido Comunista (PC), a través de un comunicado, se manifestó que “la violencia de la que todo el país fue testigo estuvo amparada por la inacción cómplice de Carabineros, que permitió que estos civiles realizaran actos de brutal violencia física hacia los/as integrantes de las Comunidades Indígenas, daño a la propiedad pública y privada sin que intervinieran para evitar lo ocurrido”. Se añadió que “el ministro del Interior y el General Director de Carabineros deberán responder por este procedimiento ilegal que ocupa a civiles armados avalados por la autoridad policial en pleno Estado de Excepción Constitucional e incluso violando el toque de queda”.

Aucán Huilcamán, del Consejo de Defensa de Todas Las Tierras, indicó a través de un video que “las odiosidades raciales y la violencia en Curacautín y Victoria, contó con la coordinación de Carabineros, con la coordinación de los denominados agricultores. Hay una responsabilidad directa de este gobierno y de esos grupos que han privilegiado los atentados en contra de los mapuches”.

Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), opinó que “el Estado de Chile ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público, el Estado democrático de derecho con pleno respeto a los Derechos Humanos. En segundo lugar, hay una situación cultural y social de racismo conocido por todos los chilenos y chilenas que causa en un enorme daño. Y en tercer lugar, como instituto hemos llamado al diálogo, hay un acuerdo por la paz y el desarrollo de La Araucanía que nos parece clave retomar”.

En el Parlamento, al cierre de esta edición, se estaban reuniendo las firmas para instalar una Comisión Investigadora de los sucesos ocurridos el viernes y sábado en varias comunas, y en una declaración inicial se estableció que “es inaceptable que grupos particulares hagan uso de la fuerza y realicen actos de desalojo”.

Además, se planteó que “en el derecho internacional, la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la no discriminación, constituyen principios básicos y generales de los derechos humanos. Consideramos inaceptable cualquier trato denigratorio, expresiones racistas o denigratorias realizadas hacia el pueblo mapuche en los actos de desalojo llevados a cabo por grupos particulares”.

La Red de Mujeres Mapuche (Mesa Indígena Comunal de Santiago por un Centro Ceremonial y Cultural, Newen Wakolda, la Coordinadora de Mujeres Pueblos Originarios, y la Organización Mapuche We Rayen Mapu, Rangkulwe), condenó “los actos de odiosidad racista ejercidos en contra del Pueblo Mapuche, durante la noche del 1 de agosto y madrugada del 2 de agosto 2020, en Wallmapu, específicamente en las comunas de Curacautín, Victoria, Ercilla y Traiguén”. Se indicó que “si bien, esto es una muestra clara de racismo y discriminación, también lo es, el que en pleno toque de queda y cuarentena, se les permitiera a civiles acatar a nuestras hermanas y hermanos, y quemar diferentes recintos municipales, quedando impunes bajo la mirada e inacción de Carabineros”.

Se conoció la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se sostuvo la “preocupación (por) información sobre grupos…armados con objetos contundentes, actuaron violentamente, profirieron discursos racistas y quemaron símbolos espirituales mapuche” en localidades de La Araucanía. Se expresó que “la CIDH nota que varios de tales actos violentos y manifestaciones racistas habrían ocurrido sin que agentes de Carabineros desplegaran medidas apropiadas para prevenir efectivamente su ocurrencia o impedir su continuación”.

Pérez en la mira

Respecto a la gestión del gobierno en este flanco crítico abierto, la mira está puesta en el ministro del Interior, Víctor Pérez, sobre todo por lo que ya parece un viaje fallido a La Araucanía. Que, por lo demás, se dio cuando arreciaban cuestionamientos por su nombramiento, por los vínculos a los jerarcas nazis y acusados de torturas y desapariciones de Colonia Dignidad, su relacionamiento con agentes de la dictadura y su complicidad con el dictador Augusto Pinochet, quien lo nombró alcalde designado.

Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, declaró a la prensa que “pareciera ser que el nuevo Ministro del Interior lo que hizo con su visita al Wallmapu fue empoderar a los grupos racistas”.

El PC, en su comunicado, estableció: “Es altamente preocupante que todos estos actos de extrema violencia de civiles armados contra comuneros mapuche, se den luego de la visita del nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien además fue un leal funcionario de la dictadura militar y cómplice de los horrores de Colonia Dignidad. El ministro Pérez a menos de una semana de haber asumido sus funciones redireccionó el discurso belicista y racista para crear enemigos internos y propiciar actos como el ocurrido. El mismo ministro, displicentemente y en un acto de provocación directo, desconoció la existencia de Presos Políticos Mapuches, que llevan 91 días en Huelga de Hambre, exponiéndolos a un desenlace fatal. Motivo de las movilizaciones y ocupaciones por parte de las Comunidades Mapuches en la Araucanía”.

Desde la organización mapuche Plataforma Política, se cuestionó que “el conjunto de acciones criminales acontecidas la noche del sábado 1 de agosto no son hechos ni aislados ni casuales, sino son la consecuencia del inepto accionar del actual ministro del Interior que hace solo unos días estuvo en la región desde donde entregó las señales políticas a un sector de la ciudadanía para que arremetieran con violencia en contra de los comuneros mapuches”.

Giovanna Tabilo, vocera del machi Celestino Córdova, en referencia a las declaraciones de ministro del Interior, manifestó que “incentivó a la violencia que han realizado personeros del Estado de Chile, ya que esta situación dio luz verde para que se realizaran llamados desde sectores de ultraderecha, latifundistas y pudieran actuar con total impunidad”.

Aucán Huilcamán expresó que en “los actos de odiosidades raciales y violencia cometidos por los chilenos en contra de los mapuches que ocupaban pacíficamente el municipio de Curacautín y Victoria, tiene responsabilidad el ministro del Interior, Víctor Pérez, (porque) con su llegada a La Araucanía y sus declaraciones vino a incentivar no solo la violencia institucional del Estado chileno, sino la violencia y las odiosidades raciales”.

En su declaración, la Red de Mujeres Mapuche, hizo ver que en su visita a La Araucanía, el ministro Víctor Pérez “instó a los alcaldes para que procedieran con el desalojo de los recintos ocupados, en una clara muestra de que el gobierno no tiene intención de dialogar sobre nuestras demandas y reivindicaciones como pueblo” y exigió “la renuncia inmediata del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez”.

En un comunicado, el Coordinador Nacional de las  Agrupaciones de Familiares  de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos sostuvo que la mano de Víctor Pérez “cuyo pasado funcionario de la dictadura cívico militar y protector de Paul Shaffer en Colonia Dignidad, se ha dejado sentir con su presencia, previa en la región anunciando anticipadamente que los graves  hechos iban a ocurrir tal como ocurrieron”. Se apuntó: “Los graves sucesos de violencia ejecutados por civiles armados en contra de comuneros del pueblo Mapuche, bajo el amparo de  funcionarios policiales y militares, agentes del Estado, merece nuestro más enérgico repudio y condena porque constituye un manifestación evidente de quebrantamiento del estado de derecho que se ve superado  por organizaciones paramilitares que operan  con total impunidad y beneplácito de la fuerzas encargadas del orden y seguridad pública,  tolerando la resolución  de conflictos  sociales al margen de la legalidad”.

Ministro: “No puedo hablar con ellos”

Frente a la situación presentada, el ministro Víctor Pérez no le quedó más remedio que salir a dar explicaciones e intentar bajar el tono en la polémica, pero insistió en un discurso duro, basado en la violencia y no las realidades sociales, políticas y culturales en La Araucanía.

“No fui a provocar absolutamente a nadie”, expresó para justificarse ante las críticas por su visita a la región y donde dijo, por ejemplo, que allí no había presos políticos. Luego, tratando de desligarse de los grupos ultraderechistas y racistas -sector con el cual en el pasado y probablemente en el corto plazo él tuvo contactos- apuntó que “soy absolutamente antirracista”.

Pérez, en todo caso, siguió reforzando su mirada respecto a prioridades en la zona y la percepción que tiene de los acontecimientos. Insistió en la necesidad de “fortalecer el trabajo de las policías que están resguardando a todos los chilenos” en La Araucanía, y sobre la posibilidad de dialogar respecto a la huelga de hambre de comuneros mapuches estableció que “quienes usan medios violentos, esa sola actitud los autoexcluye. Si alguien toma una municipalidad, no puedo hablar con ellos”.

Pese a la situación de cientos de personas afectadas por la represión y violaciones a los derechos humanos denunciadas por distintos colectivos, el Ministro del Interior solo hizo alusión a que “un funcionario de Carabineros ha sido baleado, le llegaron ocho perdigones”. Y luego, en la línea de militarización y recurrencia a las fuerzas policiales, indicó que “este ataque es una muestra que las organizaciones que realizan estos delitos tiene la capacidad de fuego para enfrentar a Carabineros”.

Continuó con su línea argumental que es criticada desde las comunidades indígenas, desde el Parlamento y organismos de derechos humanos: “No hay duda que aquí hay grupos organizados y con poder de fuego y vamos a hacer todos los esfuerzos por detenerlos y ver quién financia estos hechos tan graves”.

Luego, hablando de las protestas del pueblo mapuche y de las tomas de Municipalidades exigiendo respuesta a las demandas de los presos políticos, Víctor Pérez señaló que “aquí hay un afán de justificar y validar la violencia. Quienes cortan los caminos, quienes atacan a personas inocentes, quienes asesinan comuneros como algunos de los hechos que están sancionados por los tribunales, son los que generan la violencia”.

Vocería de Celestino Córdova

En el marco de la grave situación que se vive en el Sur del país, la vocera del machi Celestino Córdova -quien cumple varias semanas en huelga de hambre-, Giovanna Tabilo, dijo las manifestaciones de los mapuches en estas semanas “en Temuco, Concepción y otros lugares, han sido una respuesta al racismo imperante en nuestro territorio y en contra de un gobierno que ha incentivado un clima de violencia, queriendo generar una guerra civil para lavarse las manos frente a las legítimas demandas que hoy se levantan”.

Recalcó que ante los graves hechos, e incluso el peligro de vida de los presos políticos mapuches, a los miembros del gobierno “los hacemos responsables de ser incapaces, inoperantes durante mucho tiempo y actualmente, pudiendo resolver los temas atingentes, teniendo las herramientas necesarias, no lo han hecho. Aquí hay un conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, sobre los derechos políticos y territoriales; por lo tanto, el Estado es responsable de resolver estos temas y es muy grave el incentivo que están haciendo del levantamiento civil e incentivando a la violencia desde el sector latifundista, los empresarios usurpadores y la ultra derecha, que han tenido una actitud matonesca, reproduciendo nuevamente la historia”.

Giovanna Tabilo explicó que la toma de sedes municipales en Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria realizadas por familiares y compañeros de los 27 presos en huelga de hambre (19 de los cuales están en prisión preventiva, es decir, no condenados), tenían como objetivo que se atendieran “las demandas de estos, las que son totalmente alcanzables, como lo es la aplicación del Convenio internacional 169 de la OIT, algo totalmente aplicable y no es nada de descabellado en comparación con la libertad que se les ha dado a los condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes han sido liberados, han sido indultados”.

Se dijo que “nuestra gente en las comunidades, en los territorios, no va a bajar la guardia, aunque el Estado de Chile, el gobierno, intente amedrentarnos por orden de los latifundistas, empresarios con esa actitud matonesca que siempre han tenido y siguen teniendo. No nos vamos a desmovilizar y vamos a seguir adelante. Nuestro machi Celestino está totalmente convencido y va a seguir adelante con su huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, exigiendo que se resuelvan todos los petitorios de todos los presos políticos mapuche. Sigue con su convicción intacta, ya que sabe que son totalmente alcanzable como derechos los petitorios demandados”.

“Zona de rezago” y datos comunales

Las comunas donde se registraron los episodios de los últimos días presentan malos índices sociales, como muestra de la situación en que vive la inmensa mayoría de familias mapuches y las carencias en las comunidades. La pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios es algo grave.

En esa línea, y en medio del cuadro de tensión que hay en La Araucanía, autoridades locales y dirigentes indígenas y sociales plantearon que una de las medidas urgentes que se debería tomar es “declarar zona de rezago” a la región. Daniel Sandoval, consejero regional, dijo que eso es necesario para bajar los malos índices sociales y laborales. Cristina Silva Cachicas, presidenta de la Corporación Araucanía Inclusiva, manifestó que siendo esa la única manera de impulsar un plan con recursos frescos, aparejado y elaborado desde cada uno de los territorios.

Vicente Painel, encargado de Derechos Humanos de la Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche (AID), llamó a la declaración de zona de rezago y a la alta participación de la sociedad civil para garantizar que los recursos lleguen a los sectores más desprotegidos. De paso, criticó que desde el gobierno se insista en una actitud agresiva hacia el pueblo mapuche.

En materia de datos, en La Araucanía la pobreza llega al 17%, mucho más alta del promedio nacional, y en Traiguén, por ejemplo, la pobreza es de 21%, y si se considera el dato de “pobreza multidimensional”, sube hasta un 32%. En Curacautín la pobreza es de 14% y la multidimensional un 25,9%; en Ercilla de 26,6% y 47% respectivamente; y en Victoria de 22% y 32,6%.

El desempleo en muchas de las comunas de la región está por sobre el 20%, aunque considerando la informalidad, asalariados en la Ley de Protección del Empleo o gente buscando trabajo, los índices superan el 30%.