De la emergencia sanitaria a la crisis social de derechos.

 Marco Alejandro Rodríguez Pizarro

Trabajador Social

Antofagasta. 2020. Como es de público conocimiento, Chile se caracteriza por la ausencia de justicia distributiva y una estructura centralizada que imposibilita por su naturaleza, analizar e intervenir con precisión la realidad de cada territorio según sus principales problemáticas y necesidades; lo que ha repercutido negativamente en la estrategia sostenida por el Gobierno en tiempos de pandemia, en especial, por la ausencia de acciones preventivas y oportunas tendientes a mitigar el riesgo de contagio, así como también, de implementar dispositivos de protección social universales en un periodo de profunda crisis humanitaria.

En este sentido, el paradigma por el cual se formulan y diseñan las políticas sociales enfrenta un serio cuestionamiento ante la magnitud de una catástrofe que viene a profundizar la crisis estructural del modelo de desarrollo y del Estado subsidiario, cuyas externalidades se expresan con fuerza en los últimos años por el aumento significativo del desempleo, la pobreza y la desigualdad social en Chile y América Latina. La creciente privatización de los derechos sociales y la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, vienen a cristalizar la vulnerabilidad social y económica del continente tras las graves consecuencias generadas por la pandemia en los derechos humanos.

Bajo esta perspectiva, no podemos sino mirar con especial preocupación lo que pasa a nuestro alrededor, ya que la respuesta a la superación de las contradicciones observadas en el diagnóstico no radica necesariamente en la identificación del problema, sino más bien, en su definición; siendo dicho factor determinante para la formulación política y técnica de políticas públicas universales, progresivas y distributivas a objeto de intervenir la realidad social que se desea transformar.

Si bien, la especulación financiera y la estructura macroeconómica están presentes en el debate público, como si se tratase del fin de los tiempos ante la posibilidad de introducir modificaciones al modelo de desigualdad y de ruptura cultural del privilegio, es importante dimensionar la relación del fenómeno, cuya explicación no radica “exclusivamente” en la trágica dimensión social de la pandemia, sino más bien, en la crisis estructural del neoliberalismo en donde el crecimiento económico no fue compatible con la distribución equitativa de la riqueza y la protección de los derechos humanos.

Según información entregada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, podemos destacar tres elementos que no escapan del debate, y desde los cuales debemos poner especial atención. Primero: para el 2020 se proyecta una caída del PIB para la región del -9,1% (mientras tanto Chile proyecta una caída del -7.5% según el Informe de Política Monetaria del Banco Central), lo que se agrava por la pérdida importante de empleos y la disminución de ingresos en los hogares, imposibilitando la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia. Segundo: el organismo plantea que la tasa de desocupación regional llegaría al 13,5%, mientras en Chile el desempleo se ubica en el 12,2% según el último informe trimestral del INE. Tercero: se proyecta un aumento significativo de la pobreza y pobreza extrema en América Latina que podría llegar a los 230,9 millones de personas, lo que corresponde al 37.3% de la población; variable que tendría un efecto significativo en la distribución del ingreso en la región, en donde el índice de Gini se incrementaría entre un 1% y un 8% agudizando la desigualdad del continente.

Sin lugar a dudas, el contexto internacional de América Latina y el mundo impactan fuertemente en Chile, y es un factor determinante de acuerdo a su característica primario-exportadora y la ausencia de diversificación en su matriz productiva; lo anterior, vinculado al insuficiente desarrollo de capacidades de inversión en políticas y programas con enfoque de derechos de mediano y largo plazo. En términos generales, se ha naturalizado por años la hiper-focalización de los instrumentos públicos de la política social, creando su propia “burbuja especulativa” que imposibilita una lectura precisa de la realidad; aumentando progresivamente la desigualdad y la pérdida de garantías fundamentales. En síntesis, la orientación estratégica e ideológica del consenso político se ha sostenido por décadas en los intereses del capital financiero y su intervención en lo público bajo principios de rentabilidad.

Dicho esto, la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y la crisis social de derechos (instalada con fuerza en octubre de 2019), nos deben permitir reflexionar profundamente sobre estas variables, principalmente, en base al impacto que tiene en la calidad de vida de las personas el actuar irresponsable de las autoridades ante una estrategia que hace eco de los valores fundamentales del modelo; sustentado en la ausencia de políticas integrales de protección social y en el salvataje económico a grandes empresas que terminaron por socavar el precarizado mercado laboral chileno.

En este sentido, repensar la formulación y diseño de las políticas públicas con enfoque de derechos desde una nueva estrategia de desarrollo, implica considerar la relación de horizontalidad entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; en donde los instrumentos de la política social deben estar al centro de las necesidades humanas, para respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. La ausencia de estos elementos nos llevará una y otra vez a cometer los mismos errores, los que finalmente impactarán transversalmente en el sujeto de derecho de la política pública, es decir, en las personas.

En consecuencia, ante el aumento objetivo de las condiciones de vulnerabilidad, pobreza y desigualdad en nuestro país, desde el Trabajo Social debemos profundizar el debate e intercambio interdisciplinario para la construcción de diagnósticos y propuestas que nos permitan responder coordinadamente a los desafíos de la intervención social, así como también, a la formación académica y profesional para el desarrollo de sociedades democráticas en un momento de profunda crisis humanitaria.

Finalmente, es un imperativo ético recuperar el valor histórico de la política pública universal y solidaria, desde la cual, una nueva Constitución para Chile nos debe permitir proyectar la base social, jurídica e institucional del sueño colectivo por una vida digna.