Si atendemos a las declaraciones de los debutantes ministros Pérez y Allamand, ven la represión como un instrumento a usar más intensivamente en la pretensión de lograr control social.

Juan Gajardo

Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista

Santiago. 02/08/2020. La cuenta pública que un presidente entrega sobre la marcha de la nación y un cambio de gabinete ministerial, son dos hechos que en la actividad política siempre han tenido algún grado de trascendencia. Ambos han acaecido la última semana, dentro de la trivialidad que marca el actuar de un gobierno agotado producto de su incompetencia, lo cual le ha generado un prolongado y creciente rechazo ciudadano a su gestión.

El presidente Piñera pareciera haber tenido como primer objetivo de su cambio de gabinete lograr una mínima recomposición de las fuerzas que le apoyan y abandonando cualquier pasada pretensión de proyectar un nuevo partido de derecha -Evopoli- a través de ministerios importantes, optó por incorporar a su gabinete a los líderes de las dos facciones de su partido de origen y satisfacer las demandas de mayor preponderancia de los núcleos de la derecha más radical, que ve en la conducta reciente de muchos de sus parlamentarios verdaderos atentados al legado del dictador Pinochet. La conjugación de ambos factores dio como resultado un equipo político ministerial más rígido, balanceado hacia posiciones de una derecha extrema, cargando pesadas históricas mochilas, que a alguno de ellos, como al ministro del Interior, le será difícil desprenderse (su imagen de amigo y protector de la Colonia Dignidad)

Una cuenta presidencial llena de lugares comunes, de intenciones sin aterrizaje en políticas públicas, de promesas que de tanto reiteradas e incumplidas suenan a falsedad. “Resulta profundamente indignante que en casi dos horas de cuenta pública 2020 el presidente Sebastián Piñera no haya mencionado ni una vez a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre del 2019, las más graves desde el retorno a la democracia” señala la ONG Amnistía Chile, focalizando la atención en la desconexión del mandatario y su gobierno con esta temática que resurge el último año, producto del accionar represivo de agentes del Estado.

Si atendemos a las declaraciones de los debutantes ministros Pérez y Allamand, ven la represión como un instrumento a usar más intensivamente en la pretensión de lograr control social. “Rechazamos tajantemente los violentos desalojos de municipios en la región de la Araucanía” dice una declaración del Partido Comunista, frente a los graves hechos sucedidos, en los cuales sectores protofascistas atacaron a comuneros mapuches que buscaban sensibilizar sobre la prolongada huelga de hambre que sostienen presos políticos mapuches sin la atención de las autoridades y esto, inmediatamente después de una visita del ministro del interior a la zona. Y el presidente sigue hablando en su cuenta pública de un Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía en el cual se invertirían US$ 16.000 millones (dieciséis mil millones de dólares) , cuando lo cierto es que la suma de proyectos de inversión a desarrollarse entre los años 2018 y 2026 suman la mitad de los recursos consignados por el presidente. Lo más grave, al reducir el tema del pueblo mapuche a una dimensión de orden público, además ahora promoviendo enfrentamientos entre habitantes de un mismo territorio, se está escalando el conflicto y cercando espacios para que futuras autoridades, desde una racionalidad de construcción de patria, puedan abordar la resolución del conflicto.

La mayoría ciudadana observa el acontecer político con un dejo distante, agobiada como está por los efectos sociales y económicos de la crisis. La urgencia en retirar el 10% de sus fondos acumulados en las AFP son una fotografía  de dónde están sus preocupaciones. Y mientras los esfuerzos de la derecha pareciesen encaminarse a asegurar una cantidad mayor de un tercio de los futuros convencionales constituyentes, siendo ese el objetivo político del actual gabinete, el segmento más consciente del movimiento popular debe ser nítido en su discurso y eficaz en su accionar,  para transformar la jornada plebiscitaria del 25 de octubre próximo en la primera oportunidad, el primer paso, para desde el espacio político institucional avanzar hacia una transformación del cuerpo legal matriz que nos heredó la dictadura, paso necesario pero no suficiente para vencer las resistencias de las élites dominantes y democratizar definitivamente nuestro país