Un grupo de lobbistas y parlamentarios han ofrecido al gobierno una propuesta regresiva, fiscalmente irresponsable, económicamente contractiva y políticamente suicida.

Manuel Riesco. Economista. CENDA. 30/07/2020. Tras su importante derrota a manos del Pueblo y el Parlamento Democrático que les forzó a devolver el 10 por ciento del fondo de ahorro forzoso que se han apropiado, sus poderosos beneficiarios se han reagrupado y lanzado una operación salvataje.

Un grupo de lobbistas y parlamentarios de la ex Concertación, han ofrecido al gobierno una propuesta de acuerdo que lo mantiene intacto en lo esencial. Para financiar un alivio parcial a los jubilados y reducir la presión para acabar con este abuso, descargan un brutal incremento de impuestos sobre millones de asalariados y una fuerte carga adicional sobre las arcas fiscales.

Se trata de una propuesta brutalmente regresiva, fiscalmente irresponsable, económicamente contractiva y políticamente suicida para el sistema democrático. Por estos motivos serán nuevamente derrotados.

El ahorro forzoso es uno de los principales abusos que viene de la dictadura, y ha sido agravado en los gobiernos democráticos. Es la causa de las bajas pensiones y el déficit y endeudamiento fiscal. Los importantes y positivos acontecimientos de las últimas semanas en la materia despejan el camino para acabarlo de una buena vez. Para ello hay que derogar el DL3500 y reconstruir el sistema público de seguridad social destruido por la dictadura.

El mismo día en que millones de chilenos y chilenas se aprestan a recuperar el 10 por ciento de su ahorro forzoso, gracias a la histórica decisión del Parlamento de ordenar a los poderosos intereses que lo mantienen en su poder devolverlo a sus dueños, aquellos han lanzado una contraofensiva de salvataje del mismo.

Se ha publicado una propuesta de acuerdo presentada al gobierno, elaborada por un grupo de lobbistas y algunos parlamentarios de la ex Concertación. La misma mantiene intacto el ahorro forzoso del 13 por ciento de salarios que actualmente descuentan las AFP, aunque ofrece limitar el rol de éstas y acotar sus aspectos más ofensivos. Por otro lado eleva brutalmente el impuesto al trabajo y aumenta los subsidios fiscales, lo cual en estos momentos resulta económicamente recesivo y fiscalmente irresponsable. Busca con ello para aliviar en parte la dramática situación de los pensionados y reducir la presión para acabar con el ahorro forzoso.

El sistema AFP no es un sistema de pensiones sino de ahorro forzoso, con el descuento a los salarios que los trabajadores y trabajadoras destinaban a financiar pensiones dignas para sus padres y abuelas. La mayor parte de dichas cotizaciones, a lo largo de cuatro décadas, han venido siendo desviadas, a un fondo que financia inversiones de un pequeño grupo de grandes empresarios, y a pagar comisiones y primas a los gestores del sistema.

El ahorro forzoso es el abuso y la causa de las bajas pensiones. El mentado fondo mal llamado “de pensiones” es el abuso y la causa de las bajas pensiones. No paga pensiones, no lo ha hecho nunca ni lo hará jamás. Sólo financia inversiones empresariales, que para eso fue diseñado.

Las pensiones que se pagan en Chile las financia el fisco en tres cuartas partes. Incluyendo el costo íntegro de la mitad de las mismas que paga directamente, y una tercera parte de la otra mitad, que pagan las AFP. La otra cuarta parte del gasto nacional en pensiones lo aportan las AFP, pero lo financian con una parte menor de las cotizaciones corrientes.

Ni una sola pensión se financia en Chile con el fondo de pensiones. Ese dinero, es considerado “sagrado” por los grandes empresarios, como declaró su presidente. Está reservado para financiar sus negocios.

La única relación del mentado fondo con las pensiones es calcular el mísero aporte de las AFP a las mismas. Actualmente, promedia 160 mil pesos por pensionado, que no alcanzan a un quinto de las remuneraciones imponibles. Es un método pésimo porque dicho aporte resulta muy bajo y queda fijo en UF para el resto de la vida de los jubilados, mientras los salarios siguen subiendo. Además, los fondos cambian a cada rato. Entre septiembre pasado y marzo de este año perdieron 50 mil millones de dólares, un cuarto de su valor. Lo recuperaron en parte en los meses siguientes, pero con toda seguridad caerán de nuevo, porque los mercados en que están invertidos se encuentran muy sobrevalorados.

Por lo tanto, la medida que ordena restituir el 10 por ciento del fondo, en realidad significa que los súper ricos, que tienen ese dinero íntegramente en su poder, lo devuelven en parte a los trabajadores. Venciendo su tenaz resistencia, el Parlamento Democrático ha forzado a este grupo de súper ricos, que se pueden contar con los dedos de las manos, a devolver veinte mil millones de dólares a 12 millones de trabajadoras y trabajadores, afiliados activos y parte de las jubiladas por el sistema AFP.

Dicha suma equivale a un 8 por ciento del producto interno bruto (PIB), y su devolución eleva por un año de 32 por ciento a 40 por ciento la participación de la masa de salarios en el PIB. Jamás hubo en treinta años de democracia una medida de redistribución del ingreso tan masiva y progresiva como ésta. Además, reactiva la economía en el momento que más lo necesita. Entre otros efectos, por estos días revalorizó el peso e hizo subir la bolsa y la cuota del fondo, lo cual de paso redunda en mejorar el cálculo de pensiones.

A la vista de tales antecedentes, resulta del todo insólito que muchos economistas y algunos políticos de oposición hayan calificado la medida de mala o regresiva y la propuesta de “acuerdo” mencionada pretenda dejar intacto el fondo intacto o acrecentarlo. Muy por el contrario, hay que exigir que los súper ricos que tienen en su poder el dinero allí registrado, lo devuelvan íntegramente a los trabajadores, activos y especialmente a los jubilados. Es dinero que se han apropiado a la fuerza y deben restituir hasta el último peso. Cuanto antes mejor.

Mientras ello no suceda, y mientras no se recupere íntegramente además, para pagar pensiones, el 13 por ciento que las AFP descuentan mes a mes a los salarios, los trabajadores no deben aceptar incremento ninguno en las cotizaciones.

El ahorro forzoso es asimismo la principal causa del déficit y endeudamiento fiscal. La mejor manera de comprobarlo es preguntarse ¿qué habría pasado en los últimos cuarenta años, sin AFP?

El fisco habría recaudado las cotizaciones, que suman casi 150 mil millones de dólares, desde 1981 hasta mayo pasado. Adicionalmente, el fisco se habría ahorrado cerca de 40 mil millones de dólares en subsidios monetarios directos aportados a las AFP. Es decir, las arcas fiscales se habrían incrementado en casi 190 mil millones de dólares, cifra casi idéntica al valor del fondo a fines de mayo pasado.

Con esos ingresos el fisco podría haber financiado con mucha holgura las pensiones pagadas por el sistema AFP, que suman 60 mil millones de dólares desde 1981.

Aun así le quedaría al fisco un excedente de caja cercano a los 130 mil millones de dólares. Con ello podría haber duplicado las pensiones pagadas en todos estos años por las AFP y además la deuda fiscal actual completa. Y todavía le sobraría plata. En cambio, esa enorme masa de salarios, al desviarse al ahorro forzoso, se ha transferido íntegramente a los súper ricos, a costa de la miseria de las jubiladas.

A la luz de tales antecedentes resulta incomprensible que se siga repitiendo la monserga que “el sistema ‘de reparto’ no es viable”. Dicho sea de paso, el mote mismo “de reparto” pretende descalificar los sistemas públicos de seguro social que tienen todos los países, incluido Chile hasta 1981.

Resulta asimismo incomprensible a estas alturas, que los partidos y parlamentarios de oposición no hayan manifestado todos de manera categórica su respaldo al proyecto actualmente en discusión en el Senado, que deroga el DL 3500, y que fuera presentado por senadoras y senadores de todos los partidos opositores allí representados.

Muchos lo han hecho, entre ellos 147 diputadas y diputados que firmaron una carta anunciando su respaldo, incluyendo las bancadas completas de algunos partidos. Sin embargo, dicho respaldo debe ser ampliado al conjunto de los opositores y también los parlamentarios de gobierno que apoyaron la devolución del 10 por ciento.

A la luz de las cifras anteriores, dicho proyecto es la solución que el país requiere con urgencia, puesto que acaba el ahorro forzoso, reconstruye el sistema público de seguridad social mejorando las pensiones, y termina con el déficit y endeudamiento fiscal.

Ello representará un gran beneficio para un millón y medio de jubilados AFP actuales, y también los futuros, quiénes verán duplicadas sus pensiones. También a los trabajadores

activos porque no será necesario subir sus cotizaciones durante un buen tiempo. Asimismo para la economía, que se reactivará con el mayor ingreso de los jubilados y la postergación por varios años del alza de cotizaciones.

Mejorará de modo significativo y permanente la distribución del ingreso, al evitar que se sigan transfiriendo anualmente a los súper ricos más de 6.600 millones de dólares anuales de salarios e impuestos. Ese es el excedente entre cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por las AFP, en los últimos doce meses.

Para comprender lo regresivo que resulta el ahorro forzoso, basta comprobar que, si no se deroga ahora el DL3500, el continuado ahorro forzoso traspasará en sólo tres años, de vuelta a los súper ricos, los veinte mil millones de dólares que el Parlamento les obligó a restituir ahora, perdiéndose todo lo ganado en equidad y reactivación económica.

El más beneficiado con derogar el DL3500 y acabar el ahorro forzoso, será el fisco. Mejorará sus ingresos en un quinto al recaudar los 10 mil millones de dólares anuales en cotizaciones que hoy se llevan las AFP. Podrá disponer adicionalmente de los 1.500 millones de dólares anuales que hoy destina a subsidios directos a las AFP. Aparte de otros 2.000 millones de dólares en subsidios indirectos a pensiones AFP.

Las finanzas públicas se potenciarán adicionalmente de modo muy sustancial, si además el Estado se hace cargo del esquema de rentas vitalicias, e invalidez y sobrevivencia, que hoy traspasa a la propiedad de compañías de seguros la mitad de las cotizaciones cada año.

Este último mecanismo es la forma en que cuatro conocidos grupos económicos nacionales, muy cercanos al Presidente de la República, que controlan el mercado de estos seguros, se han embolsado una cuarta parte de todas las cotizaciones recaudadas desde 1981, unos 35.000 millones de dólares en total.

Por si eso fuera poco, Fundación Sol ha constatado que los mismos cuatro grupos tienen en su poder una cuarta parte de las inversiones del fondo en empresas nacionales, no menos de otros 25 mil millones de dólares. Tales personajes son los principales beneficiarios del ahorro forzoso, que la propuesta de salvataje aludida pretende eternizar y agravar.

Dicha propuesta de salvataje es un atentado contra los trabajadores y debe ser rechazado terminantemente por el Senado. Sube las cotizaciones en un 50 por ciento, de 13 por ciento actualmente a 19 por ciento. Los trabajadores pagarán íntegramente dicho incremento, con cargo a futuros reajustes y salarios.

Así sucederá aunque lo desembolsen los empleadores. Significa asimismo menos empleos. Presentar dicho incremento de impuestos a los salarios como la restitución del justo principio de aporte tripartito a la seguridad social es un engaño, descarado porque todos los mismos economistas que lo propugnan han coincidido en que lo pagarán los trabajadores, que se suma al abuso del alza de impuestos.

Por otro lado, en el proyecto del gobierno cinco de los seis puntos del actual proyecto gubernamental se destinarán de inmediato al “ahorro”. Es decir, engrosarán en el doble el excedente de cotizaciones más subsidios menos pensiones pagadas, que hoy se apropian a perpetuidad los grandes empresarios. El actual proyecto destina transitoriamente sólo un punto del incremento a mejorar pensiones, en un sexto en promedio, unos cuarenta mil pesos por jubilado. Pero ello es por un tiempo, puesto que, como han reconocido sus impulsores, “en régimen” los seis puntos irán a “ahorro” y no a pagar pensiones.

Da exactamente lo mismo que registren este abuso agravado en cuentas individuales o colectivas. Poco importa asimismo que lo administren las AFP, los bancos u otras instituciones financieras, o un “ente” público. Este último subcontratará su gestión con administradores de fondos como BlackRock, el mayor de éstos en el mundo y principal lobbysta del referido proyecto por intermedio de agentes suyos.

Lo más probable, además, es que la propuesta de salvataje referida sólo sea un volador de luces “con el tejo pasado”, que termine aceptando en parte el proyecto actual. Así ocurrió con el puñado de diputados opositores que permitieron aprobarlo en la Cámara, a cambio de “algunos cariñitos” como pidió uno de ellos en el debate.

Aunque los seis puntos de un eventual incremento de cotizaciones se destinasen a mejorar pensiones, lo cual dicho sea de paso permitiría duplicar las actuales, igual sería contrario a los intereses de los trabajadores, puesto que se aumenta la carga sobre los salarios y no se toca el 13 por ciento que actualmente el ahorro forzoso transfiere en su mayor parte a los súper ricos.

El Parlamento Democrático ha demostrado que, con el apoyo abrumador y activo de su Pueblo, tiene ahora el poder y el deber de acabar con el ahorro forzoso derogando el DL3500.

Ello consolidará su relegitimación como la autoridad que el país requiere con urgencia y resulta indispensable para enfrentar la emergencia sanitaria y económica, sin precedentes, que enfrenta en la actualidad.