Una reflexión reivindicativa.

Javiera Meneses Gutiérrez

Trabajadora Social. Dirigenta Provincial Santiago Colegio de Trabajadoras/es Sociales.

Santiago. 28/07/2020. A quienes nos desempeñamos profesionalmente en el área social y de la salud  la situación actual nos ha puesto en una encrucijada permanente entre la vida y la muerte, entre la voluntad de cumplir con compromiso y profesionalismo la labor encomendada y el temor permanente a ser parte de las listas de contagiades y fallecides por Covid que se engrosan día a día.

En esa disyuntiva somos miles les Trabajadores sociales que día a día asistimos a nuestros puestos de trabajo en Hospitales, Cesfam y Centros asistenciales de todo tipo con el convencimiento propio que moviliza a nuestra profesión como principio ético básico, a saber: buscar el bienestar del ser humano y su desarrollo integral, para lograr la equidad económica y social, y como fin último, la justicia social.

Es bien sabido que la crisis sanitaria ha devenido en una profunda crisis económica y política ya anunciada por el levantamiento popular del 18 de Octubre, reforzando y sumando argumentos a lo que ya se ha venido planteando por amplios sectores, como es el desgaste y la deslegitimidad del capitalismo neoliberal como modelo social, político y económico de desarrollo.

La crisis recae de manera agobiante en los sectores más vulnerados y excluidos históricamente  del mal llamado “desarrollo económico”, que  ha sido  el caballito de batalla  del discurso instalado por la Concertación para la salida pactada a la democracia, en función de dar sostén a la política de los consensos y para beneficiar a pequeños grupos económicos  a través de la falsa promesa del éxito de la “política del chorreo”, que nos decía que solo debíamos dejar que el mercado hiciera lo suyo.

Ese modelo impuesto por la dictadura fracasó y expresión de aquello es, por un lado, la profundización de la marginación agobiante de los grupos particularmente vulnerados de nuestra sociedad, históricamente excluidos del Chile de las altas cifras económicas. Y, por otro lado, la miseria en la que ha caído la mal llamada clase media, el pueblo que aprendió a sobrevivir literalmente en el medio, sin pertenecer a la clase dominante de nuestro país y sin ayuda del Estado, endeudándose para mejorar sus condiciones de vida y profesionalizándose a través de la estafa en forma de deuda asociada al CAE.

Esta crisis ha generado amplios niveles de cesantía, inseguridad social e incertidumbre frente al futuro, y ha agravado problemáticas sociales en los sectores más excluidos, problemáticas con las que permanentemente y sin el contexto de crisis lidiamos las trabajadoras sociales, tales como el hacinamiento, la precariedad laboral, la violencia intrafamiliar y de género, la falta de acceso digno y oportuno a la salud, el bajo alcance en los programas de salud mental y de cuidado reproductivo, el consumo problemático de drogas, la mala política habitacional, la marginalidad, entre otras. Estas problemáticas no son nuevas para les trabajadores del área social.

Sin embargo, por la profundización de estas situaciones en medio de la crisis hemos tenido que saber dar respuesta aún en peores condiciones que las previas, con poco recursos, sin la posibilidad de aplicar instrumentos, de realizar visitas domiciliarias  y ante el cuestionamiento legítimo y permanente de las personas por la no llegada de beneficios ni recursos a los sectores más pobres y a todas esas miles de familias que hoy lo necesitan, tratando de responder y acelerar procesos siempre teniendo como premisa nuestro compromiso permanente e irrestricto con las poblaciones con quienes trabajamos, con mejorar sus condiciones de vida, cuestión que se hace prácticamente imposible ante la incertidumbre sobre las decisiones políticas en torno al tema.

Somos la punta de la lanza en la implementación de las políticas sociales y de las decisiones políticas en torno a los beneficios y medidas que se están tomando por parte del Gobierno para hacer frente a la crisis, y vemos con angustia y preocupación como el hambre y la propagación del virus, asolan a nuestro pueblo, y peor aún, con la frustración de no poder dar una respuesta digna a quienes hoy más lo necesitan.

Las decisiones han sido mal tomadas en esta materia, el Gobierno ha quedado al debe improvisando, actuando a destiempo e imponiendo una cuarentena sin las mínimas condiciones para que las personas se mantengan en su hogar.

Respecto de la primera entrega del Bono Covid de 60 mil pesos por carga, distintos actores sociales y políticos insistieron con su insuficiencia para favorecer un confinamiento digno, que sabíamos sería largo. Entonces apareció el IFE 1, en 3 cuotas y decreciente, para posteriormente y como producto de un acuerdo político , apareciera el IFE 2.0 , y hoy el anunciado IFE 3.O, que aún no sabemos en qué consiste, pero supone una versión mejorada que llega tarde y no resuelve el problema de fondo de la entrega de ayuda en tiempos de crisis, la focalización extrema en la entrega de recursos que siempre ha sido uno de los pilares de nuestra política social en el contexto de un Estado subsidiario, y la utilización perversa del sistema que determina a través de la caracterización socioeconómica, a quienes irá dirigido el recurso, el RSH. Y hablo de utilización perversa porque hemos sido testigos de cómo profesionales del área social, y quienes más utilizamos este instrumento en la toma de decisiones, de la ya conocida cantidad de denuncias por modificación unilateral de datos del registro, hasta la semana el Ministerio de Desarrollo Social contaba con más de 9 mil reclamos a través de su página por esta situación. Y por otro lado, por la creación arbitraria, silenciosa y dudosa de un medidor  paralelo al RSH, el Índice socioeconómico de emergencia, que es explicado por el Ministerio de Desarrollo Social como un instrumento que “permite medir las condiciones de la familia a corto plazo” y está pensado para contextos de emergencia, mentira, en el fondo se trata de un mecanismo que solo busca disminuir aún más la cantidad de familias que podrían beneficiarse con un monto de dinero que además es insuficiente, al no considerar la línea de la pobreza.

La mezquindad de las prioridades de un gobierno ilegítimo que busca proteger los intereses económicos de sus aliados nos coloca a las Trabajadoras Sociales en una situación de permanente tensión por tratar de dar respuestas. Estamos del lado de nuestra gente e insistiremos en la insuficiencia de las medidas.

Las condiciones de la primera línea social

Invisibilizadas y muchas veces en malas condiciones laborales las Trabajadoras Sociales somos parte fundamental de los equipos dentro de las instituciones de salud, acompañando los procesos de familias con miembros enfermos y empobrecidas, generando gestión y activando redes para tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles con ayuda, acompañando a funcionaries de la salud contagiados, apoyando a las familias ante el fallecimiento de alguno de sus miembros. En los municipios y otra instituciones, en los cuales ha recaído gran parte de la gestión social en este tipo de casos, somos las Trabajadoras Sociales quienes hemos tratado de mantener el vínculo con quienes hoy padecen los efectos de la crisis, este trabajo ha implicado un gran despliegue desde la mirada de la contención y el apoyo psicosocial , debiendo los y las colegas mantener un contacto permanente con las familias para identificar las condiciones de habitabilidad, de alimentación y de posible violencia que puedan detectarse.

El desgaste de esta primera línea social por esta situación es inminente. A la responsabilidad de responder frente a nuestra gente ante las demandas, las malas decisiones políticas en materia de beneficios y la contención que debemos dar ante la situación sanitaria y social se suman nuestras propias condiciones laborales, todos los días recibimos denuncias por despidos injustificados, colegas contagiados en el ejercicio de su trabajo y lamentablemente ya contamos con un  fallecido por COVID. Una encuesta realizada por el Colegio de Trabajadores Sociales y coordinada por quien escribe, reporta además como una de las principales preocupaciones de las colegas los altos niveles de estrés y ansiedad por el cumplimiento de una labor difícil en este contexto, por la identificación de situaciones que no se pueden abordar, la falta de implementos para una buena realización de teletrabajo, y sobre todo, la posibilidad cierta de poder contagiarse de COVID al trabajar con grupos de riesgo (61% declara que está totalmente expuesto a contagiarse) y sobre todo, la vulnerabilidad de las condiciones laborales, pues 22% tiene un contrato a honorarios y creemos que esta cantidad crece dramáticamente en la medida en que ampliamos la muestra.

La situación nos pone varios desafíos. En primer lugar, debemos cuestionar profundamente el rol de las políticas sociales neoliberales que han demostrado ser deficientes y una buena herramienta que este Gobierno ha utilizado para justificar el bajo gasto en beneficios sociales (el gasto público social es de alrededor de un 10%, siendo el segundo país con menor gasto de los países de la OCDE) al ser focalizada, excluyente, subsidiaria e insuficiente, pues durante estos años no ha logrado dar respuesta a las problemáticas sociales que hoy estallan en medio de una crisis.

Las organizaciones políticas y gremiales debemos pensar cómo deben ser las políticas sociales, cuáles son los marcos e ideas que las debiesen regular  en el contexto del naciente proceso constituyente, en función de refundar las bases de lo hecho hasta ahora en esta materia y pensar en una política social universal, amplia, con sistemas de medición acorde, con perspectiva de género, integral y solidaria en el marco de un nuevo Estado de bienestar, protector y garante de derechos universales. Este es el momento para cuestionarnos el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura y construir como sociedad y en democracia, un nuevo acuerdo social, que ponga el centro en las y los trabajadores.

El segundo desafío lo tenemos como gremio. Dejar el espacio silencioso de la reivindicación simbólica y visibilizar nuestro activo rol en la lucha contra las políticas liberales que buscan abordar la pandemia sin solución alguna, reconocer nuestros espacios laborales también como parte de la primera línea que se expone en el cumplimiento de su trabajo y por acercar el poco Estado que tenemos a las personas, movilizando recursos y gestionando redes ante todas las dificultades que se presentan en el desarrollo de esa labor,  en esa línea la regulación de nuestro ejercicio profesional se vuelve más urgente que nunca , bajos salarios, poca continuidad, no respeto por la exclusividad de nuestra labor y formación son cuestiones que debiese regular una ley de trabajo social como ya existe en Uruguay y Argentina que permiten establecer marcos normativos al ejercicio de la profesión y que mejoran sustancialmente las condiciones laborales de las colegas, para esto el fortalecimiento de nuestro colegio profesional sigue siendo un imperativo, pues es la herramienta que hoy tenemos para asumir desafíos como el señalado.

En fin, lector, lectora, un llamado humilde a cuestionar y exigir mejores condiciones laborales para todes quienes nos desempeñamos y cumplimos algún rol en esta pandemia, la primera línea social, particularmente a relevar la tarea de trabajadores de toda índole en los hospitales, trabajadoras sociales, secretarias, psicólogos, trabajadoras del aseo, administrativas a quienes veo día a día cumplir su labor con un orgullo, compromiso y una dignidad jamás vista y que siguen siendo parte fundamental de la cadena que permite salvar las vidas de nuestros compatriotas ante la indolencia y la inoperancia política de un gobierno en decadencia.