No sólo el gobierno y partidos de derecha. También vieron fracasar sus presiones los gremios empresariales, directivos de las AFP y consorcios extranjeros.

Patricia Ryan. Periodista. 24/07/2020. Los dados se los están cargando, y con alguna razón, al comité político de La Moneda, al propio Presidente Sebastián Piñera, y en especial el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Es que la derrota política y legislativa fue de alto alcance. Pero hay otros grupos políticos y económicos que deben considerarse como grandes perdedores, sobre todo porque presionaron e influyeron mucho para que no ocurriera este proceso que terminó en la aprobación de la reforma constitucional para que los afiliados, todos, puedan retirar el 10% de sus fondos desde las AFP.

Un sector duramente golpeado fue el de los 15 gremios patronales y empresariales que representan a las principales empresas privadas y a las redes de los hombres de negocios del país. Hicieron una serie de gestiones privadas y públicas (en lo que no se descarta contactos con partidos políticos y parlamentarios de derecha) para evitar que se aprobara el retiro del 10%, básicamente porque, para ellos, sería una afectación al sistema financiero.

Un paso comunicacional de impacto fue la publicación de una carta en El Mercurio, firmada por los jefes de los gremios, donde se dijo que esa reforma afectaría “un pilar de la institucionalidad de larga data”, como consideran al sistema privado de pensiones.

En un lenguaje por momentos amenazador, los mandamases del sector privado chileno señalaron en su declaración (en una coordinación pocas veces vista), que “la Cámara de Diputados en su votación en particular y luego el Senado, tienen la oportunidad de enmendar este rumbo de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país”. Lo que al final ocurrió, no como un golpe, sino como una respuesta a una demanda ciudadana expresada en todos los sondeos y una solución a las necesidades urgentes de millones de personas como lo señalaron los análisis de las y los parlamentarios.

Conocidos representantes del mundo privado firmaron ese comunicado, pero además fueron parte de las polémicas e incidencias en el camino de evitar que los ciudadanos y afiliados a las AFP pudieran sacar el 10% de sus ahorros previsionales.

Entre ellos estuvieron Juan Correa Sutil, de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Ariztía, de la Sociedad Nacional de Agricultura, Diego Hernández de la Sociedad Nacional de la Minería, y Rafael Cumsille, de la Confederación de Nacional del Comercio Detallista.

Otros que se jugaron por evitar la medida, fueron los altos ejecutivos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que recurrieron a distintos artilugios, entre ellos, ordenar a gerentes y funcionarios que redactaran y enviaran cartas a los afiliados planteando lo negativo y peligroso del retiro del 10% y distorsionando los contenidos de la iniciativa. Eso incluyó establecer a través de medios de prensa y comentarios de gente aliada a ellos, que sería muy complicado para los afiliados retirar el porcentaje de sus fondos.

En las maniobras y presiones participaron directivos chilenos y extranjeros, eso debido a que la mayoría de las AFP están en manos de consorcios internacionales. Se supo de acciones en contra de la reforma constitucional de parte de funcionarios y empresarios del grupo colombiano Sura, ligado a la AFP Capital; Principal Financial Group, vinculado a AFP Cuprum; Metlife, consorcio estadounidense que controla la AFP Provida; Prudential, aliado a la Administradora de Inversiones Previsionales SpA, que tienen en sus manos la AFP Habitat; de AFP PlanVital, que estaría en manos de Assicurrazioni Generali SpA; AFP Modelo, al consorcio chileno de la Familia Navarro, al igual que AFP Uno, controlada por Ignacio Álvarez.

Desde los centros de estudio de la derecha, como los institutos Libertad y Desarrollo, Libertad y Fundación Jaime Guzmán, hubo intenso lobby hacia los parlamentarios del sector y se dedicaron a publicar columnas, artículos y entrevistas en los medios de prensa, sosteniendo los peligros y lo inadecuado de la medida del retiro del 10%.

Los académicos, analistas, economistas e intelectuales conservadores y neoliberales, desplegaron toda su artillería para instalar argumentos de defensa de las AFP, de promoción del sistema privado de pensiones y advertir el golpe a la estabilidad financiera de Chile si se avanzada en lo que estaban votando favorablemente en la Cámara de Diputados y en el Senado.

En esa línea, los directores y editores de los diarios El Mercurio y La Tercera, publicaron varios editoriales y columnas en contra de la reforma para el retiro del 10% y priorizaron titulares y espacios para los planteamientos que se oponían a esa iniciativa.

Al interior de los partidos de derecha se movieron los hilos para presionar y arrinconar a los legisladores que estaban por votar a favor o abstenerse, en lo que destacó, por ejemplo, una carta del ex senador y ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, a los parlamentarios de su partido, diciendo que oponerse a la reforma era consagrar los principios e ideario del gremialismo.

Los ministros Gonzalo Blumel y Claudio Alvarado (Secretaría general de la Presidencia), metieron mano en las colectividades, junto al jefe del equipo del “segundo piso” presidencial, el UDI Cristian Larroulet, y luego se sumaron a esas gestiones ante las Bancadas Parlamentarias del oficialismo los ministros Cristian Monckeberg (Desarrollo Social) e Ignacio Briones (Hacienda).

En el plano político, una de las presiones más fuertes vino del propio Presidente Sebastián Piñera, que después de la primera aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, citó a su oficina, por separado, a los presidentes de los partidos de derecha; y 48 horas después, hizo lo propio con los jefes de Bancadas Parlamentarias del conglomerado Chile Vamos. En ambas ocasiones el mandatario instó a ordenar filas y garantizar el rechazo de la iniciativa legislativa, advirtiendo que se trataría de una inmensa derrota política del sector y de un golpe a las AFP y a uno de los pilares del modelo económico.

El resultado de todas esas presiones, influencias, acciones y artilugios están a la vista: un fracaso total y extendido. Una derrota política, comunicacional, ideológica y financiera de los sectores conservadores, empresariales y pro mercado que todavía deben resentir. Con consecuencias negativas tanto para directivos chilenos como extranjeros y para la derecha y el gobierno.