Comenzará análisis en la Cámara Baja la próxima semana. Se podrían recaudar 6 mil millones de dólares. La otra vital discusión que se aproxima en el Parlamento.

Equipo ES. 24/07/2020. Es la otra batalla que se viene en el Parlamento. Lograr la reforma constitucional que permita aplicar, por una vez, un impuesto del 2.5% a los multimillonarios del país, quienes tengan un patrimonio superior a los 22 millones de dólares.

La iniciativa la promovió la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista (PC) y se comenzará a analizar la semana próxima en el Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego se debería cumplir el trámite legislativo en donde se espera existan los votos necesarios. Habría un amplio apoyo en la oposición e incluso de parte de parlamentarios oficialistas.

Hace semanas, desde el gobierno, la derecha y el empresariado se tildó de inviable y hasta inadmisible la iniciativa, algunos llegaron a decir que era una ilusión pretender aplicar un impuesto excepcional a los súper ricos. Pero el hecho es que el tema está instalado en el Parlamento, se discutirá y probablemente se votará.

La discusión en la Comisión de Constitución se dará a una semana de que el Congreso Nacional aprobó por una amplia mayoría la reforma que posibilita a todos los afiliados a retirar el 10% desde sus fondos previsionales que están en las AFP. Algo que en su momento también se vio con escazas posibilidades de resultar.

Desde el mundo sindical y social hay un amplio respaldo a esta iniciativa de diputadas y diputados del PC, junto al apoyo de decenas de congresistas.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH), y la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (ANEIICH), entregaron el apoyo al proyecto. También, según reportó en su Portal Web la CUT, la Internacional de Servicios Públicos (PS), “una federación mundial que representa a más de 20 millones de trabajadores del sector público, representados por 700 sindicatos en 163 países”, entregó el respaldo a la iniciativa.

Se conoció una declaración de esas organizaciones donde se señaló: “Queremos manifestar nuestro pleno respaldo a esta iniciativa, con la que esperamos además se pueda abrir la discusión de mayores impuestos para la dignidad de las familias en Chile”.  Se añadió que “¡hoy más que nunca, es necesario que el costo de esta crisis no la sigan pagando las y los trabajadores!”.

La reforma fue ingresada a trámite por Karol Cariola, Daniel Núñez, y Camila Vallejo del PC; Giorgio Jackson de Revolución Democrática; Luis Rocafull del Partido Socialista; Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez de la Federación Regionalista Verde Social; Alexis Sepúlveda del Partido Radical; Raúl Soto, Independiente; y Gabriel Ascencio de la Democracia Cristiana.

La iniciativa parlamentaria apunta a aplicar un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% “del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a 22 millones de dólares, con el objetivo de allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19. El establecimiento de este impuesto podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones”.

De acuerdo a la información conocida, eso permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza, apoyo al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11 millones 500 mil personas.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez, señaló que “con estos recursos se puede asegurar a alrededor de 4 millones de hogares un ingreso mínimo garantizado por 3 meses, con un costo de 6 mil millones de dólares, lo que equivale a un 2% del PIB. Por ejemplo, un hogar de 3 personas recibiría 370 mil pesos”.

Esta sería una medida que prácticamente no afectaría el capital ni las utilidades de los multimillonarios del país,  y el monto a recaudar es más bajo o igual a la riqueza que poseen solos, varios de los súper ricos del país, dueños de grandes consorcios financieros.

Karol Cariola explicó que “es una medida concreta de coyuntura para poder ayudar a financiar las necesidades de las personas que no le han llegado los beneficios del gobierno”. Agregó que “este impuesto grava a personas naturales que tenga residencia o domicilio en Chile y tenga que declarar la riqueza tanto en Chile como en el extranjero. Se plantea que el proceso de declaración debe ser a partir de la autodeclaración de impuestos”.

Giorgio Jackson apuntó que “es una reforma constitucional transitoria, por lo que, cumpliendo con el quórum que se exija, no debiese ser inconstitucional”. Esto tiene que ver con el análisis de abogados y legisladores de derecha que apuntan a que no sería admisible el proyecto e incluso cuestionan que el Parlamento pueda decidir respecto al pago de impuestos.

Más allá de eso, el impuesto a los súper ricos está acumulando apoyo ciudadano y social, junto a organizaciones sindicales y políticas. Se puede convertir en una bandera de la gente para encontrar otro camino de recaudación de recursos en beneficio de cientos de miles de familias en todo el país.

En ese marco, la diputada Camila Vallejo sostuvo que “la oposición ha entendido que es necesario avanzar en un impuesto transitorio a las grandes fortunas del país para poder ayudar de manera urgente a millones de familias que lo están necesitando”. El parlamentario Raúl Soto señaló que “el proyecto de impuesto a los súper ricos tiene apoyo amplio en la oposición, es un tema que nos une, al menos en la Cámara”.

Este tipo de iniciativas tiene un alcance mundial. Como le reporto ElSiglo.cl hace un par de semanas, numerosos multimillonarios de distintos países y diversas actividades, firmaron un documento titulado “Millonarios por la Humanidad” planteando que deben y quieren pagar más impuesto y entregar recursos financieros para enfrentar la pandemia de la Covid-19 que asola al mundo.

“Hoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios pedimos a nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a personas como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”, indicó la declaración difundida en varios medios internacionales. Expresaron que los jefes de Estado y de gobierno, “deben asumir la responsabilidad de recaudar fondos” y “gastarlos de forma justa”. La carta fue firmada por alrededor de 80 millonarios y multimillonarios europeos, estadounidenses y de otros países. No aparecen latinoamericanos, menos multimillonarios chilenos.

En la línea argumental, el parlamentario del PC, Daniel Núñez, planteó que “si no se adoptan medidas urgentes, Chile experimentará un aumento de la pobreza y/o de la extrema pobreza. Por esta razón, una forma efectiva para financiar la renta básica de emergencia es mediante una contribución de los sectores más ricos de la población. Quien más tiene, más aporta. Este es un principio básico de la progresividad de los impuestos”.

El congresista recordó que “según la estadística que maneja el banco empresarial Credit Suisse al año 2019, el 0,1% de la población adulta más rica de Chile concentra el 34% de la riqueza privada total neta, vale decir, aproximadamente 264.000 millones de dólares, mientras que el 0,01% concentra el 25% de la riqueza privada. Este último grupo tiene fortunas desde los 20 millones de dólares”.