Mientras, se abrió el camino para que titulares de los fondos puedan hacer uso de recursos que les pertenecen y enfrentar dramáticas consecuencias sociales que tiene la crisis sanitaria.

Hugo Fazio. Economista. CENDA. 07/2020. La aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de ley posibilitando el retiro por parte de los afiliados al sistema de AFP de un 10% de los fondos de pensiones tuvo múltiples impactos. Abrió el camino para que los titulares de los fondos puedan hacer uso de recursos que les pertenecen y poder enfrentar las dramáticas consecuencias sociales que tienen las crisis sanitaria y económica que sacuden al país, los cuales actualmente son utilizados por grandes intereses económicos. El respaldo a la aprobación que efectuaron parlamentarios de la coalición de gobierno, tanto en la votación general como en particular, mostró al desnudo la crisis en que se desenvuelve. La magnitud de ella fue públicamente reconocida por destacados personeros de la derecha. “En lo político -reconoció Andrés Allamand, trasformado en uno de los exponentes más conservadores de ella, fue un tremendo fracaso para el gobierno y Chile Vamos. Influye en eso -agregó- que el gobierno no tenga un rumbo claro, lo que afecta a los partidos” (12/07/20).

La política del Ejecutivo ha sido ir cediendo en atender las demandas sociales tratando que repercutan lo más débilmente posible en las arcas fiscales, lo cual deja en evidencia sus limitaciones. “No solo Chile Vamos ‘no da para más’ -manifestó Allamand- sino que algunas prácticas gubernamentales tampoco ‘dan para más’. De partida -enfatizó- hay que terminar con el ‘tironeo’ infinito en materia de los planes de ayuda, tienen que ser robustos desde el principio y no estar mejorándolos a última hora”. Editorialmente El Mercurio llegó a una conclusión similar. “Subyace -señaló- (…) un problema mayor, cual es la contradicción entre el inmenso esfuerzo fiscal que está en marcha para apoyar a los más afectados por la crisis y la percepción de una autoridad reticente y hasta mezquina en la entrega de ayuda, que llega tarde a atender un esquema de necesidades que otros le imponen. Da cuenta ello -añadió- (…) también de (una) estrategia y conducción política que está desgastando a la coalición y al propio Gobierno” (12/07/20).

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se constituyó desde el inicio de su gestión ministerial en un gestor destacado de la práctica de ir cediendo de a poco buscando obtener en compensación objetivos más de fondo que se propone. Así manejó el plan de emergencia acordado el 14 de junio con la Comisión de Hacienda del Senado ampliada y el respaldo de algunos partidos de oposición. Primero empezó ofreciendo subir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) exigido de, $65.000 a $70.000, luego a $80.000 y finalmente a $100.000 como última opción, siempre condicionándola a la consolidación fiscal posterior. El plan en materia social resultó así una vez más insuficiente, incluso en el IFE, el único acuerdo convertido a la fecha en ley, lo cual quedó nuevamente en evidencia cuando el Ejecutivo presentó un plan dirigido a las denominadas capas medias, tratando de impedir la aprobación por la Cámara del retiro de los fondos de pensiones, destinando más recursos a este propósito. “El 28 de abril – recordó Matías Walker, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara -, con todos los partidos de oposición, propusimos una renta básica de emergencia para el 90% de la población por seis meses y no se acogió” (17/07/20).

Briones fue más allá en su concepción sobre las obligaciones creadas de cumplimiento de los acuerdos existentes sosteniendo que “en noviembre del año pasado, en nuestro país hubo un acuerdo constitucional, una hoja de ruta, precisamente para definir si los chilenos y chilenas querían ir por una nueva Constitución. (…) nos parece que la oposición -agregó-, al instalar un tema de garantías sociales y sistemas previsionales a través de cambios en la Constitución, de alguna manera lo que está haciendo es violar ese acuerdo (…)”. La mesa ejecutiva del Partido Socialista calificó la concepción ministerial de “equivocada e irresponsable”, dado que de sus palabras se deduce que el “acuerdo por una nueva Constitución implicaría una especie de parálisis parlamentaria, y que la política tendría que estar detenida hasta el nuevo orden constitucional” (14/07/20).

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo en la misma dirección que el proyecto de ley aprobado significaría poner fin al acuerdo económico y social suscrito en junio entre el Gobierno y sectores de la oposición cuando se estableció un mecanismo extrapresupuestario de US$ 12.000 millones, debido a que implicaría un fuerte nivel de endeudamiento y si ello sucede “el acuerdo económico y social para enfrentar la pandemia no lo vamos a poder financiar”. Matías Walker, llamo a ambos ministros a “dejar las amenazas” y “ponerse serios”, ya que “solo les falta que amenacen con que van a suspender la entrega de cajas de alimentos” (14/07/20) Los personeros de gobierno siempre han tendido a entender que el acuerdo del 14 de junio significó que el Congreso renunció a legislar en materias que tengan relación con gastos para enfrentar la pandemia.

La afirmación más recurrente para criticar la aprobación del retiro del 10% de las cotizaciones fue la expresión de Briones “pan para hoy, hambre para mañana. “El pan para hoy es una necesidad apremiante dado la caída en los ingresos y la alta tasa de desocupación. Por eso el respaldo al acuerdo de la Cámara existente en la opinión pública es muy acentuado. La encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, efectuada poco después de la aprobación en general el proyecto fue que un 82,3% de los consultados respaldó la idea de legislar y apenas un 6,5% expresó su rechazo. Por sectores socioeconómicos el apoyo fue generalizado, alcanzando en los segmentos D y E, conformados por los sectores de menores ingresos de la población, a un 83,3%. Por tendencias políticas en la izquierda fue de 93%, en el centro de 76,7% y en la derecha de 67,6%. En la consulta sobre si se retirarían los ahorros, un 61,3% respondió que lo haría, un 23,8% se declaró indeciso y 14,6% contestó que no. Finalmente, un 64,3% afirmó que sus ingresos totales no le alcanzan para los gastos del hogar. Según Activa, la aprobación de Piñera solo alcanzaba a un 11%. “El retiro del 10% -expresó su director, Cristian Valdivieso- es el símbolo del encono histórico contra las AFP. Esta no es pura presión de calle, es ciudadana” (17/07/20).

La movilización oficial en contra de la decisión adoptada fue gigantesca, contando para impedir su aprobación en particular con la activa participación de Sebastián Piñera. A la vez, tomó formas muy variadas de defensa abierta del sistema de AFP y paralelamente descalificatorias de la resolución, incluyendo incluso a fondos de inversión Un ejemplo de ello se produjo en el seminario organizado por Moneda Asset Management con la participación de su presidente, Pablo Echeverria, y los economistas residentes en EE UU José Luis Daza y Sebastián Edwards, este último formó parte de la comisión “transversal” constituida por Ignacio Briones en la negociación de junio con sectores de la oposición. No era la primera vez que se reunían. Ya lo hicieron anteriormente cuando en la práctica procedieron a la proclamación de Piñera antes de las primarias presidenciales de 2018. Echeverría presentó el sistema de AFP como “uno de los más exitosos del mundo”, calificando el acuerdo de la Cámara como “suicida para el futuro de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras chilenos”. Por su parte, Daza, socio de QFR Capital Management, caracterizó la decisión como “una punta de lanza para tratar de abatir el sistema de pensiones de capitalización individual”. Lamentándose de “la cantidad de políticos de derecha que visten apoyando la idiotez del 10%”. Pronunciamiento que resultan ilustrativos del activismo político de directivos de fondos de inversión. A su turno Sebastián Edwards se identificó con el proyecto presentado a última hora por el Ejecutivo para intentar detener el retiro de los fondos, lo que no pudo lograrse. El académico de la Universidad de California coincidió con Echeverria y Daza que sería “un suicidio lento o no tan lento de un sistema que funciona muy bien” (11/07/20).

Poder retirar un porcentaje de los fondos de pensiones acumulados va en la dirección de reducir el ahorro forzoso existente en el sistema de las AFP, como lo señaló en carta a El Mercurio Manuel Riesco, vicepresidente del Cenda. Este paso subrayó “merma el ‘ahorro’ forzoso, uno de los mayores abusos impuestos en dictadura y agravado en democracia. Constituye una violación del pacto social moderno cuya piedra angular es que los salarios son sagrados. Jamás debieron ser desviados a financiar empresarios. Devolverlo en parte abre paso a acabar con este abuso. Ello sucederá pronto y es indispensable para restablecer una sana convivencia nacional. Acabar con el ‘ahorro’ forzoso es también la medida fiscal más responsable. Acaba con la irracionalidad de endeudar al fisco hoy mientras supuestamente ‘ahorra’ para el futuro cotizaciones forzosas que equivalen a un quinto de su presupuesto Precisamente lo que destina hoy el fisco para financiar tres cuartos del gasto nacional en pensiones. Acabar con dicha irresponsable práctica permitirá elevar sustancialmente las pensiones hoy y al mismo tiempo disminuir significativamente el déficit y endeudamiento fiscal” (14/07/20). El presidente de la comisión de Constitución destacó despachado el proyecto que “hoy, por primera vez, se pone en cuestión nuestro sistema de ahorro forzoso” (16/07/20).

Las formulaciones poniendo énfasis en los efectos negativos a producirse por el retiro de fondos de pensiones se multiplicaron. El presidente el Banco Central, Mario Marcel, hablando en la comisión de Hacienda del Senado, destacó efectos financieros del retiro de los fondos. “Al deshacer inversiones o liquidar activos por parte de los fondos de pensiones, esto   tiene un efecto al alza sobre las tasas de interés y ese efecto al alza de las tasas de interés tiene un efecto opuesto sobre la actividad económica, de lo que uno pudiera espera por el lado de la demanda” (14/07/20) Es un análisis unilateral considerando una sola variable y no colocándolo en el contexto de lo que está aconteciendo, que incluye un gigantesco incremento de la masa monetaria precisamente por el Banco  Central con el propósito de garantizar la liquidez. Ello actúa en dirección inversa y por una cuantía muy superior a la que se registraría con el retiro de los fondos y su efecto financiero.

El fenómeno del crecimiento de la masa monetaria se está produciendo a gran escala en los mercados internacionales. La Reserva Federal estadounidense y otros bancos centrales para enfrentar la compleja coyuntura global están recurriendo a masivos incrementos de ella. Nunca antes se había producido un incremento de la masa monetaria de tal magnitud, incluso superior a la registrada durante la Gran Recesión. Estos recursos se desvían en un alto porcentaje a la adquisición de activos financieros, proceso que también se manifiesta en la economía nacional. “(…) sería un craso error -comentó Sebastián Claro, exconsejero del Banco Central- pensar que la llegada de los dólares, la baja prima de riesgos soberanos de Chile y un peso bien comportado son signos de fortaleza macroeconómica. Más bien -concluyó- parecen ser reflejo de la exuberante liquidez mundial” (12/07/20).

En la víspera de la votación en particular del proyecto en la Cámara, Piñera procedió a incrementar su propuesta destinada a frenar el retiro de recursos de los fondos de pensiones, con un costo estimado de US$800 millones”. (…) Pese al involucramiento del propio Presidente de la República  en las gestiones -constató editorialmente El Mercurio- solo se consiguió que tres parlamentarios que antes habían apoyado el proyecto ahora se abstuvieran, pero el efecto fue nulo, otros tres congresistas (…) esta vez se sumaron. Una coalición que hace algo más de dos años llegaba al poder sostenido en su oferta de gobernabilidad (…) ha contribuido a asestar su mayor derrota política al Presidente que ella misma ayudó a elegir. Aún más -agregó- incluso si se obviara el resultado final de la votación, los discursos de ayer de parte relevante de los diputados del sector dieron cuenta de una completa dispersión (…). La situación -enfatizó- no es menos compleja para el Gobierno y su equipo político. Más allá del costo de haberse expuesto el propio Presidente de la República en gestiones finalmente fracasadas, es el modo en que el Ejecutivo ha venido definiendo sus políticas de apoyo ante la crisis lo que ha quedado en cuestión” (16/07/20).

Luego de la promulgación por la Cámara, el proyecto de ley pasó al Senado en donde su aprobación requiere contar con dos votos de parlamentarios de Chile Vamos. En la Cámara ni Piñera, ni los presidentes de RN y la UDI pudieron controlar el total de la votación de sus parlamentarios. El día 17, de inicio del trámite de aprobación en el Senado, tanto Iván Moreira (UDI) como Juan Castro (RN) hicieron público que votarían a favor. “(…) hay una clase media -declaró Castro- que no ha recibido ningún beneficio, la gente lo está pasando mal y merece tener la posibilidad de sacar su pensión. Son muchas las personas -agregó- que no están recibiendo los beneficios” (18/07/20).

Previo a que se iniciase el trámite en el Senado, la Comisión Política de la UDI resolvió pasar al Tribunal Supremo a los cinco diputados que votaron favorablemente el proyecto. “Con mis argumentos y mis convicciones -señaló Christian Moreira, uno de los acusados- me haré presente ante el Tribunal para defender una causa honesta que es defender a la gente en momentos tan difíciles como los que está viviendo Chile”. Por su parte, el senador Iván Moreira expresó: “En ningún lugar de la declaración de principios de la UDI aparece que se tiene que defender a las AFP” (17/07/20). Otros tres diputados, Álvaro Cárter, Sandra Amar y Virginia Troncoso, comunicaron su renuncia a la UDI.  “No hemos cometido -manifestaron en declaración pública- ninguna falta a los principios de la UDI, no hemos cometido delito alguno. Solo hemos votado en conciencia” (18/07/20). Los conflictos al interior de la coalición de gobierno aumentaban.

 

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