Irací Hassler acusó motivos como negligencia, denegación de atención, ocultamiento de información, y medida de levantar la cuarentena de manera parcial en sector sur.

Santiago. 20/07/2020. Por su eventual responsabilidad en la muerte de personas por COVID-19 en Santiago, la concejala de la comuna, Irací Hassler (PC) interpuso la tarde de este domingo 19, una querella criminal en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera; el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y todos quienes resulten responsables.

La concejala conversó con familiares de las personas fallecidas en Santiago, tras lo cual decidió presentar la demanda donde se acusa que “nuestras autoridades sanitarias no adoptaron decisiones drásticas” para asegurar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; así como al derecho a la protección de la salud, “sino únicamente medidas parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación o comprensión”.

Respecto a la acción judicial, Irací Hassler señaló que el objetivo central “es que las autoridades asuman las responsabilidades ante las decisiones tomadas frente a la pandemia en que observamos un actuar negligente, ocultamiento de información, denegación de atención y medidas difíciles de justificar, como el levantamiento de la cuarentena en la zona sur de nuestra comuna entre el 9 de abril y el 5 de mayo”.

“Nuestros vecinos y vecinas merecen dignidad y justicia, por lo que con mucha convicción exigimos se investigue y sancione a todos los eventuales responsables”, manifestó la representante comunal.

Cabe señalar que, de acuerdo a la actualización de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del 17 de julio, se registran 406 personas fallecidas en la comuna de Santiago; 218 confirmadas y 188 sospechosas de COVID-19.

Los fundamentos de la querella

La querella presentada por la concejala incluye relatos de personas a las que se les negó atención a pesar de solicitarla reiteradamente y de víctimas que habrían sido expuestas al contagio, como es el caso de un funcionario público de 69 años que falleció por COVID-19 y que, de acuerdo con el testimonio recogido, fue convocado a su trabajo por el propio municipio.

El funcionario, habría sido convocado “a asistir presencialmente a retomar sus funciones laborales con un margen de 7 días de trabajo y 7 días de turno ético. Durante esta primera semana se contagió de Covid en el sector 1 donde ejercía como inspector de aseo”, consigna una declaración.

Según detalló el abogado penalista que interpuso la querella, Ramón Sepúlveda, la acción judicial tiene como base tres líneas argumentativas.

“La primera de ellas son todas las acciones negligentes de las autoridades centrales, y la omisión en la adopción de medidas respecto de la emergencia sanitaria que nos convoca”, señaló.

“Dentro de eso, uno podría señalar el no decretar cuarentenas, el decretar cuarentenas dinámicas, entregar mensajes errados a la población, el plantear inmunidad de rebaño o acorralar comunas con cuarentenas alrededor, sin respetar estándares mínimos en cuanto a los fundamentos que deberían tener estas acciones en distintos lugares del país y, por cierto, plantear un mensaje errado a la población que dejó en desprotección a  todos los chilenos y generó que el virus se expandiera en las condiciones que conocemos y que, indefectiblemente, ocasionó la muerte a muchas personas de nuestro país, particularmente en la comuna de Santiago”, agregó Sepúlveda.

El segundo argumento, según indicó el abogado, tiene relación “con la no entrega de información a las autoridades locales, a la red de salud primaria y, por tanto, al ocultamiento o falseamiento de información respecto a los contagiados, lo que anuló las posibilidades de que gran parte de la red de salud pública, como es la salud primaria, pudiera atender a los vecinos, monitorear, trazar y proteger”.

“En tercer lugar, existe una línea de hechos más puntuales que dice relación con la falta de acciones directas respecto de personas contagiadas, lo que los dejó en abandono respecto a la entrega de atención de salud que incluye la atención hospitalaria, las residencias sanitarias y los distintos tratamientos que se debieron haber otorgado”, precisó Sepúlveda, quien también contribuyó en la querella presentada por el alcalde Daniel Jadue en la comuna de Recoleta.