Como institución central en la cohesión de las sociedad, merece especial atención configurándose desde antes del estallido social como un espacio en disputa y resistencia.

 Carlos Pérez Aguirre

Activista de la diversidad  sexual. Comisión de Género y Disidencias del PC

Santiago. 19/07/2020. El proceso constituyente iniciado por los pueblos de Chile a partir del 18 de octubre pasado y catalizado por la crisis social del COVID-19, evidencia ingentes necesidades de la población que el gobierno insiste contumazmente en evadir. Los cientos de cabildos realizados a lo largo de Chile desde esa época revelan una profunda desconfianza en las instituciones. El entramado político y social que sustenta el modelo neoliberal a través de su Constitución Dictatorial hace patente su oposición con los anhelos de justicia social, participación, soberanía y profundización de la democracia por parte de los pueblos que habitan el país.

Así las cosas, es ineludible la discusión con respecto al rol de la escuela en este proceso de cambio. Como institución central en la cohesión de las sociedad, merece especial atención configurándose desde antes del estallido social como un espacio en disputa y resistencia. Nuestra historia da cuenta de este diálogo de la escuela con el desarrollo democrático y económico de la nación. La Ley General de Educación Primaria de 1860 de inspiración liberal reconocía la importancia de la educación en el progreso humano, pero sin entregar mayores atribuciones al Estado. Desde la Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920 hasta la instalación del desarrollismo durante el ciclo de gobiernos radicales, se observa la necesidad de un Estado garante del acceso a la educación que respondiera a la estructura económica de ese entonces y de un proyecto educativo nacional. Más tarde aparece el fallido proyecto de la Escuela Nacional Unificada de la Unidad Popular, ya como el diseño de una sociedad democrática donde irrumpía en el poder la Clase Trabajadora. Terminamos el siglo XX con el proyecto educativo de la dictadura caracterizado por su enfoque neoliberal que ha llevado a una sostenida debilitación y desaparición de la Educación Pública. Dicho modelo se encuentra en crisis y las movilizaciones de estudiantes y profesores en las últimas décadas dan cuenta de aquello.

Chile, en evidente transformación y en un proceso constituyente ya iniciado, se pronunció a favor de la educación como un derecho asegurado por el Estado en el marco de un modelo social democrático, inclusivo, en equidad donde las comunidades necesitan mayores espacios de decisión y autonomía. En efecto, la nueva Constitución Política y, por tanto, la nueva Educación deben establecerse desde un enfoque restitutivo asumiendo la inequidad histórica y sometimiento de gran parte de la población en que se ha construido nuestra nación y acrecentados por la acción del modelo neoliberal. Para concretar esta nueva labor educativa, es necesario derribar la fantasía liberal de que todos somos iguales. No lo somos, al menos en términos materiales e históricos.

El primer paso es crear un proyecto educativo nacional que permita el desarrollo de un currículo situado reflejo de las culturas e intereses de las comunidades. Un proyecto nacional donde intervenga la sociedad entera en su diversidad y no una élite que refleja privilegios de clase, género y raza como lo es hasta ahora. Para hacer realidad esta escuela también es preciso lograr escuelas democráticas capaces de gestionar estos currículos situados con la participación de todos sus estamentos, así como de las comunidades del territorio circundante.

Pero ¿por qué es necesario el carácter situado y democrático de la escuela? Hasta el día de hoy hemos construido Educación desde la idea de un derecho que responde sólo a necesidades individuales y como tal se agencia entre familias y un prestador de servicios, es decir en el ámbito privado. De la misma manera, esta concepción se traspasa al quehacer de las y los trabajadores de la educación cuya labor es abordada de forma mercantilista sin sopesar sus especiales características para el desarrollo estratégico de la nación. Este esquema creado para anular progresivamente el rol y responsabilidad del Estado con la Educación de quienes habitan el país ha conducido a acrecentar la desigualdad y la descohesión social. Estos fenómenos se relacionan indefectiblemente con los bajos aprendizajes, la escasa movilidad social, la delincuencia, la violencia social, el debilitamiento de la democracia y otros males de nuestro país de los que todos somos testigos. Entender la Educación como un Derecho Social es asumir una realidad de nuestra nación en toda su historia, que debe ser abordada de forma distinta, y en este caso de forma restitutiva.

Por lo anterior, necesitamos escuelas conectadas con su territorio, que sean epicentros culturales y sociales. Si la nueva escuela está inserta de forma real en los territorios, promueve y preserva la identidad de las comunidades, así como fomenta y media en el diálogo entre generaciones y realidades que no tienen espacios de encuentro.  En la perspectiva de la restitución de derechos, las comunidades circundantes de la escuela deben contar con su apoyo tanto en términos logísticos, de infraestructura y pedagógicos en un continuo intercambio de conocimientos y experiencias. Así, la escuela se mueve desde su rol de agente del estado en una mera tarea de culturización de las comunidades hacia un rol al servicio de las necesidades educativas de ellas. Los territorios y su gente deben desarrollar experiencias educativas desde sí mismas con el apoyo de la escuela.

La presencia de la comunidad circundante en el quehacer de la escuela a través de sus actores y organizaciones permite que los aprendizajes generados en ella se transformen en propuestas para el enriquecimiento y mejora de la vida de los habitantes de esos territorios. Por otro lado, los aprendizajes cobran un valor en sí mismos y no como una promesa para el mañana del estudiantado. Son aprendizajes significativos y atingentes. Los procesos educativos formales de la escuela se complementan y enriquecen con aquellos no formales que suceden en la vida social de los territorios, y viceversa. Adicionalmente, la gestión del ocio de las personas que ha sido empobrecido por el modelo de desarrollo aparece como otro elemento a restituir en la búsqueda de equidad.

En términos curriculares, la coordinación entre escuela y territorio fortalece el proyecto educativo que ésta lleva adelante, así como la evaluación de sus procesos: El currículo se robustece en la medida que agrega otra dimensión de trabajo como son la comunidad circundante y la necesaria praxis que vincula a estudiantes con el mundo laboral, social y su desarrollo vocacional. Los procesos de gestión también se enriquecen al ingresar nuevos actores con sus perspectivas interviniendo en la formulación de los proyectos educativos, en su control, evaluación y mejoramiento.

Chile es un país desigual que debe superar brechas de todo tipo. Para lograr ese fin, se necesitan definiciones generales  y nacionales como la defensa y promoción de la educación pública y como un derecho social que en su concreción chocarán con definiciones centrales de la actual constitución como la Libertad de Enseñanza y el Derecho Preferencial de los Padres y que también requieren la respuesta de las comunidades que conocen mejor que nadie su propia realidad y que están ávidas de tomar en sus manos los asuntos que competen a aspectos tan cruciales como su Educación.