Se está tocando la médula del modelo para que acumulen ganancias los grupos financieros. Se está cuestionando contenido ideológico conservador y de mercado.

El Siglo

17/07/2020. Es innegable que la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la reforma constitucional que posibilita el retiro del 10% de los fondos que los pensionados tienen en las AFP, constituye un triunfo de la demanda ciudadana, en primer lugar.

Es un avance en cuanto a ir desmantelando el oprobioso y abusivo sistema privado de pensiones que es más una especie de ahorro obligatorio que un mecanismo de seguridad social.

Lo ocurrido y los argumentos dados, apunta a que, en efecto, en el país debe cambiar el sistema de pensiones, avanzar hacia uno de reparto, mixto al menos, con mayor participación y protección de parte del Estado y que, sobre todo, garantice una pensión adecuada y digna a quienes terminan su vida laboral formal.

Fue un triunfo de concepciones progresistas e inclusiva humanitarias respecto a los derechos de los jubilados y de los trabajadores.

Por lo demás, se logró un avance para que cientos de miles de personas puedan contar con algún recurso -que por cierto no será abultado dado los pocos fondos acumulados por la mayoría, debido a bajos sueldos e inestabilidades laborales- para atender emergencias personales y familiares en medio de la crisis sanitaria y crisis social.

Fue un triunfo porque las fuerzas opositoras lograron, como pocas veces, la unidad, coordinación y coincidencia en un tema fundamental respecto a los derechos de los ciudadanos y una demanda de claro corte transformador y antineoliberal.

Es un avance. Sin embargo, ahora viene el trámite en el Senado y hay que esperar el resultado ahí en cuanto a la reforma. Aunque hay señales positivas.

Pero pase lo que pase, al final de cuentas esto seguirá siendo una derrota del gobierno de derecha, de las fuerzas conservadores, de los neoliberales, de los gremios empresariales, de los directivos de las AFP, de los defensores del modelo y la institucionalidad instalada por la dictadura.

Si se aprueba en el Senado, será la consagración del triunfo y la gente podrá retirar el 10%. Si no se aprueba, el gobierno, la derecha y el empresariado volverán a constatar el repudio social y de todas maneras quedará materializado el rechazo a las AFP y los criterios pro empresariales y pro financieros que se aplican.

El enojo en el ámbito empresarial, financiero y de los grupos fácticos, la desazón y derrota en el gobierno, la desesperación de las directivas de partidos de derecha que llegaron a castigar a quienes votaron a favor de la reforma, la molestia en los gremios privados y las reacciones airadas de grupos ultraderechistas, obedece a que lo que se está discutiendo y sobre lo que se está decidiendo, tiene que ver con el corazón del modelo económico y del funcionamiento del sistema financiero hegemónico.

Se está tocando la médula del modelo instalado para que acumulen ganancias y especulen los más poderosos grupos financieros del país. Se está cuestionando el contenido ideológico conservador y de mercado que domina el país hace muchas décadas.

Lo más significativo es que esta situación proviene de la movilización popular y ciudadana, de una demanda echa ver por millones de personas participantes de marchas, caceroleos, cabildos, protestas, declaraciones y diversas formas de expresión, en contra de las AFP y ahora, específicamente, por el derecho a retirar el 10% de los fondos. Este es un factor determinante, y es el que más teme el gobierno y los grupos de poder económico, a parte del ejercicio de mayoría que haga la oposición en el Parlamento.

Es un triunfo que vaticina más avances, porque el movimiento popular y ciudadano continuará manifestándose por mejores condiciones de vida.

Y eso está aparejado a desmontar el sistema inequitativo, desigual e injusto que hay en el país desde la décadas de los ochenta con notable énfasis.