Dura carta en contra de derecho de los pensionados. Presiones de la derecha económica a la derecha política para que ordene sus filas y frene reformas.

Equipo ES. 13/07/2020. Los gremios empresariales de todos los sectores lanzaron una ofensiva pública y privada en lo que consideran el peligro en que está uno de los pilares del sistema financiero y fuente de recaudación de dineros para los consorcios privados, con el avance de la reforma constitucional que permite el retiro voluntario del 10% de los fondos de pensiones de las personas. La ofensiva incluyó una dura carta publicada en el periódico afín ideológicamente, El Mercurio, y presiones a los partidos de la derecha para que ordenen sus filas y frenen reformas en el Parlamento.

La misiva, dirigida a la opinión pública e implícitamente a las fuerzas políticas oficialistas y opositoras, fue la maniobra pública de 15 poderosos gremios patronales y empresariales a días de que pueda seguir avanzando la reforma del 10%. Fue el mensaje explícito de quienes manejan las finanzas en el país, contienen la riqueza financiera y defienden a ultranza el modelo económico neoliberal. Los gremios son, en definitiva, los representantes de la derecha económica y salieron duramente al paso a los intentos de cambiar el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Pero hay una maniobra privada, en que empresarios y directivos de consorcios financieros están presionando a los partidos de derecha a través de algunos dirigentes y parlamentarios, incluso utilizando a las fundaciones, institutos y centros de estudio de los sectores conservadores y de la derecha. Importantes representantes del sector privado y empresarial está realizando esfuerzos para que en el Parlamento sea derrotada la reforma constitucional del 10% de retiro de pensiones, lo que incluye presionar a directivos de partidos y a legisladores del oficialismo.

El tema de fondo es que ese proyecto trastoca el funcionamiento de las AFP como generadoras de capital, acumulación y estabilidad para los grandes consorcios financieros y grandes empresas, y golpea el sistema privado de manera consistente. Además, políticamente abre el flanco a otras reformas o cambios en el modelo de mercado. Es la afectación a lo cardinal de los intereses de los gremios patronales y empresariales.

Una de las estrategias comunicacionales seguidas, contradictoriamente, es que los grandes financistas aparecen defendiendo los intereses de los trabajadores, cuando llevan años sosteniendo un mecanismo que tienen a la mayoría de los pensionados con jubilaciones de menos de 200 mil pesos al mes y al mismo tiempo dando por hecho que la institucionalidad es buena y funciona.

Un ejemplo de eso es que en la carta dada a conocer este lunes, se afirmó que “observamos con profunda preocupación cómo se está incubando una estocada a las pensiones de las trabajadoras y trabajadores chilenos, y de paso, a un pilar de la institucionalidad de larga data, como es el que consagra la iniciativa exclusiva en materias previsionales y de gasto por parte del Presidente de la República”.

Califican la reforma, aprobada por la mayoría democrática del Parlamento y más del 70% de los ciudadanos en los sondeos realizados, como “una mala política” e insisten en el sentido mercantil del manejo de las pensiones, señalando que el cambio “golpea el ahorro nacional y el valor de los activos donde está invertido el fondo de pensiones”.

En una parte de la carta, tácitamente se le insiste al gobierno y a la derecha en el camino que deben seguir, y se interpela a los ciudadanos y parlamentarios que están por el retiro voluntario de un porcentaje de las pensiones. “La política, por un lado, y la técnica y el marco institucional, por el otro, están en un proceso de preocupante desconexión. Y esto les ha impedido a muchos reconocer que hay otras propuestas muy superiores para ayudar a las familias de clase media con créditos blandos y subsidios, como las que se propuso algo tardíamente”, indicaron. Es la insistencia de paquetes de apoyo basados en el endeudamiento de las personas, el uso de seguro de cesantía y entrega de cajas con alimentos.

El llamado a los parlamentarios de derecha fue preciso: “Aún hay tiempo para considerar los argumentos técnicos e institucionales que hacen tan inconveniente lo aprobado en general el miércoles pasado. La Cámara de Diputados en su votación en particular, y luego el Senado, tienen la oportunidad de enmendar este rumbo, de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país”, sostuvieron los directivos gremiales.

El impacto político y el nivel de presión estuvo dado por quienes firmaron la carta: Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC); Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami); Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Rafael Cumsille, Presidente Confederación Nacional del Comercio Detallista; Juan Pablo Swett, presidente Multigremial Nacional de Emprendedores; Juan Araya, presidente Confederación Nacional Dueños de Camiones; José Carreño, presidente Indupan; Sergio Pérez, presidente CNTC y Ricardo Margulis, presidente de Fedetur.

Por cierto, prácticamente todos ellos se opusieron a las reformas progresistas del gobierno de Michelle Bachelet, están en contra de que los recursos naturales sean manejados por el sector público, se oponen al plebiscito y están por el rechazo de una nueva Constitución y han sido reconocidos militantes de la derecha política.

En la defensa del sistema institucional y del modelo económico, plantearon que “lamentablemente, la idea del retiro de fondos no es algo aislado en el último tiempo. Han surgido otras iniciativas que también atentan contra la institucionalidad, pasando a llevar nuestra propia Constitución y las reglas del juego que como país nos hemos dado. Ello no solo no ayudará a la ciudadanía a salir de esta crisis, sino que además pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país”.

“Nuestra sociedad no se merece que este sea el comienzo del fin, ni que los errores de unos pocos dañen seriamente las posibilidades de progreso de las familias chilenas. La sociedad entera se merece y reclama una mejor política. Aún es tiempo de rectificar el camino antes de que sea tarde. Todos debemos esforzarnos más por privilegiar el bien común, por dejar de lado los atajos populistas y las ventajas de corto plazo”, indicaron los representantes de las patronales y las grandes empresas.

Es en esa línea que se han opuesto al postnatal de emergencia, al apoyo directo a las Pymes, al usar más recursos y al endeudamiento razonable del Estado, a elevar montos del Ingreso Familiar de Emergencia, a la entrega directa de recursos a las familias, al plan de emergencia para proteger a los trabajadores elaborado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras medidas de corte social y progresista.

Por cierto, la carta echa circular no hace alusión alguna a las multimillonarias utilidades de las AFP, lo bajo de las pensiones, las inversiones financieras especulativas que hacen los dueños de las Administradoras, las llamadas letra chica en el funcionamiento y el cuestionamiento masivo y social al sistema privado de pensiones.