Existe un escenario que permite pensar la superación del neoliberalismo en Chile. Su concreción, compleja, depende de avanzar en la confluencia del mundo social y político.

Claudio Rodríguez Díaz

Secretario Ejecutivo ICAL

Santiago. 08/07/2020. A partir del estallido social de octubre pasado, vivimos un momento histórico a nivel nacional, que hoy se da en un contexto de profundos desafíos producto de las implicancias globales asociadas a la pandemia. Esta ha puesto en evidencia y desnudado las falencias del modelo de desarrollo neoliberal que, basado en la libre concurrencia de los individuos organizados en torno al mercado y el consumo de bienes, servicios y derechos sociales, hoy, en medio de la crisis política y civilizatoria que vivimos, ve sobrepasadas sus capacidades de respuesta a los desafíos sociales, económicos y sanitarios que conduzcan a salidas que aseguren condiciones de vida digna para la población.

Se evidencia que la promesa neoliberal de una mejor vida tanto para los sectores pobres así como para la denominada clase media, no es más que la quimera de un bienestar de consumo que se desvanece rápidamente ante escenarios que lo constriñen, y demandan respuestas que se debieran basar justamente en una racionalidad y valores opuestos a los que por décadas se han ha promovido como el más eficiente para organizar la vida en sociedad. Hoy el consumismo, la competencia y el individualismo, son valores que están en cuestionamiento como principios que sean base para organizar una forma de vida que posibilite un buen vivir.

En este escenario, para los distintos sectores de izquierda y aquellos vinculados a la búsqueda histórica de nuevas formas de organización y producción societal, se ha abierto una oportunidad o ventana histórica que probablemente no se veía en nuestro país desde la disyuntiva política e histórica vivida en los años 80, donde se debatía sobre cuál debía ser la salida a la dictadura. En dicha ocasión, en el contexto de lo que se ha conocido como “pacto transicional”, el movimiento popular y social -vinculado en buena parte a sectores de izquierda- vio truncada una salida de corte democrático popular que implicaba, en lo esencial, dar continuidad al protagonismo popular del movimiento anti dictatorial y establecer por medio de una asamblea constituyente un nuevo pacto social que pusiera en el centro las condiciones y el marco para construir un nuevo orden pos dictadura.

Los 30 años de neoliberalismo extremo vividos en nuestro país a partir de aquel pacto político, hoy encuentran un punto de inflexión ante la pandemia y el estallido social. El poder político institucionalizado no logró transformar en definitiva el modelo heredado de la dictadura. Los gobiernos de la Concertación no modificaron el marco neoliberal. Por el contrario, en el ámbito de su política económica más bien tendieron a profundizar y consolidar dicho modelo, con las implicancias sociales y culturales que ello implicó. En tanto, el gobierno de la Nueva Mayoría, si bien abrió espacios de profundización democrática y propuso un programa de reformas antineoliberales, no logró construir una correlación de fuerzas políticas y sociales mayoritaria por los cambios y careció de la profundidad que consolidara y diera sostenibilidad a su impulso transformador.

En este contexto, hoy se distinguen al menos 3 desafíos político estratégicos para los sectores que abogan por cambios que den salida al neoliberalismo como modelo de desarrollo, que se expresan tanto a nivel institucional como a nivel social. Desafíos que deben recoger los avances institucionales y las experiencias políticas de orientación transformadora de la última década, así como el impulso, dinamismo y sentido político que el movimiento social y el propio pueblo desde la acción colectiva desarrolla y consolida en los últimos años.

El primer desafío, de orden mayormente institucional, dice relación con el tipo de Estado que se necesita para construir un nuevo modelo de desarrollo. La subsidiariedad, consagrada en la constitución de 1980, reduce el quehacer y las atribuciones del Estado en el desarrollo nacional. Desde la mirada de la pandemia, existe un consenso mayoritario a nivel internacional, que se requieren Estados sólidos, de mayor alcance social y económico y con mayores atribuciones para dar respuestas en el plano social, así como la empleabilidad y las propias necesidades de salud existentes. A nivel latinoamericano, el mejor manejo de la pandemia lo han realizado países con un Estado fuerte y activo, como sucede en Uruguay, Costa Rica y Cuba. Por otra parte, una mirada histórica nos indica que la salida de la crisis global de 1929 (que a nivel económico se ha comparado con la que actualmente provoca la pandemia) posibilitó anclar bases para la generación de un modelo desarrollista, con mayor protección social y orientado a la industrialización nacional, que vio en el Estado un actor clave para posibilitar un desarrollo integral y al servicio de las mayorías sociales.

En este sentido, el debate parlamentario en la tramitación de los proyectos de ley debe encausar esta necesidad estratégica de fortalecer el Estado. El gobierno busca la promulgación de leyes que den respuestas solo dentro de la lógica subsidiaria. Medidas de corto plazo, situadas en el exclusivo ámbito de la emergencia y evitativas de cualquier cambio cultural que apunte a un fortalecimiento de una cultura de derechos para la población. La llamada construcción de una Red de Protección Social que señala Piñera, no es más que un archipiélago de medidas de corte neoliberal, pro empresarial, una suerte de protección de mercado, que buscan sostener la crisis a costa del sacrificio de trabajadores y trabajadoras, sin avanzar en fortalecimiento del Estado. Así lo vemos en la permanente tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia, en su escalada legislativa Bono COVID19-IFE1-IFE2; la ley de protección al empleo que ocupa los fondos de cesantía de los trabajadores y trabajadoras para evitar la quiebra de empresas; facilitar el endeudamiento como mecanismo de apoyo a la micro y pequeña empresa; así como la oposición de la derecha más ideologizada a la extensión del posnatal, dan cuenta de una lógica de resistencia de los sectores neoliberales, que buscan detener la demanda de un Estado Protector, que asegure condiciones de vida digna mínimas para chilenos y chilenas. En esta dirección de construcción de un Estado post subsidiario, también es clave mirar el mundo municipal para repensar una institucionalidad con mayor capacidad de transformación, participación y legitimidad social.

Un segundo desafío se da en el plano institucional, pero tiene sobre todo un innegable y necesario anclaje social. Es indispensable para buscar una salida al neoliberalismo la defensa del proceso constituyente. El estallido de octubre pasado dio cuenta de la ruptura existente entre sociedad y Estado, entre ciudadanía y las instituciones, afectadas éstas por una creciente crisis de legitimidad que fueron finalmente una de las causas centrales del estallido social. La asamblea constituyente fue la demanda política histórica que adquirió apoyo popular para subsanar la ilegitimidad del sistema político institucional que cobija el neoliberalismo. Ello dio paso a una salida institucional por parte de los actores de la transición -más Revolución Democrática-, que buscó contener la explosividad y dinamismo del movimiento social encausando un proceso constituyente que, sin dar espacio a la demanda por la Asamblea Constituyente, sí posibilitara el cambio de la Constitución del 80. Ello alarmó a distintos actores sociales y políticos, que vieron cómo podía fraguarse un nuevo acuerdo transicional -aspiración estratégica de Sebastián Piñera desde el inicio de su gobierno-, que detuviera el impulso transformador del movimiento social. No obstante este límite y las dudas que están a su base, el proceso constituyente y su alcance transformador está en desarrollo. El contexto de pandemia ha visibilizado la necesidad de cambiar la constitución del 80 para poder avanzar en reformas que hoy se escudan en la inconstitucionalidad para su veto, como el posnatal, el retiro de fondos de las AFPs o la suspensión de pagos de servicios básicos en el contexto de pandemia. Se devela así la urgencia de destrabar la constitucionalización del neoliberalismo que subyace a nuestra carta magna. En el corto plazo, la defensa y disputa por el proceso constituyente pasa a ser clave para lograr construir un contrato social que posibilite avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Junto a ello, sería contribuyente generar desde ya espacios donde puedan construirse miradas comunes sobre aquellos aspectos necesarios de converger como mínimos comunes para posibilitar un nuevo modelo de desarrollo y cómo estos se expresan en el nuevo texto constitucional.

El tercer desafío que planteamos da cuenta de la necesidad de rearticulación y confluencia de las izquierdas, así como el mundo social y político en la construcción de un proyecto que supere el neoliberalismo. Esto implica la tarea de construir un proyecto y un espacio de articulación que sea capaz de incluir los nuevos sujetos políticos, así como las diversas identidades y culturas socio políticas y las distintas orgánicas y formas de organización partidaria. El proceso constituyente es el escenario político de mayor alcance estratégico, pero también el desafío demanda la necesidad de generar confluencia en otros espacios como son los del mundo sindical, territorial y gremial. Allí radica la relevancia de espacios como Unidad Social, así como las diversas coordinaciones territoriales existentes. Ello exige un esfuerzo importante, polifacético, en distintas direcciones y con alcances y alianzas de diverso impacto y anclaje político y social, que den cuenta de una voluntad progresiva de encuentro y construcción de espacios y miradas  comunes entre la diversidad de actores que pueden conformar una amplia alianza de tipo antineoliberal, donde exista espacio para las Izquierdas nuevas y tradicionales, así como para el mutuo reconocimiento de partidos y movimientos sociales, entendiendo estos como espacios complementarios e incluyentes, y no antagónicos como los ha hecho ver el discurso pragmático, economicista y despolitizante del neoliberalismo. Espacios de profunda interrelación para la diversidad de actores del mundo popular, con reconocimiento y reciprocidad entre los movimientos sociales tradicionales, como el sindical o campesino, con aquellos nuevos movimientos que han emergido al calor de los propios fracasos del neoliberalismo, como los ecologistas o actores territoriales, así como otros de carácter crítico como el de la(s) diversidad(es) sexual(es) o el propio movimiento indígena. El surgimiento de asambleas y cabildos territoriales, así como actores que renuevan el imaginario de transformación y lucha social, como la primera línea, o Las Tesis, deben aportar su experiencia e impacto en la construcción de un imaginario pos neoliberal en Chile, que movilice a la transformación. Central debe ser el aporte del movimiento feminista en este proceso. Hoy no se puede entender ni proyectar la lucha de los sectores oprimidos, sin la justa reivindicación y protagonismo de las mujeres en un proceso emancipatorio. Abogamos por un momento de acumulación de fuerza popular, inclusivo del mundo social y político, que exprese una polifonía de voces e identidades para construir una alternativa al neoliberalismo.

En síntesis, existe un escenario que permite pensar la superación del neoliberalismo en Chile. Su concreción, compleja, depende de avanzar en la confluencia del mundo social y político que al calor del estallido y la pandemia devela y toma conciencia de la urgencia de su transformación. Ello requiere un enorme esfuerzo y voluntad política de articulación de una alternativa, de un nuevo modelo de desarrollo, que sume en su construcción y adhesión a la amplia gama de actores político sociales que hoy conforman el movimiento popular en Chile. Construir un nuevo modelo de desarrollo supone la tarea de fortalecer el Estado y la disputa de su carácter hoy en el espacio institucional; junto a ello, la necesidad de defender y proyectar un proceso constituyente participativo que permita avanzar hacia un nuevo contrato ciudadano, una nueva constitución construida democráticamente, y; la articulación de los sectores políticos y sociales subalternos, contraculturales y opuestos al neoliberalismo en la construcción de un imaginario pos neoliberal que, junto a un mínimo de acuerdos programáticos que permitan dar forma a un bloque político social que aborde la gran tarea aún pendiente de los últimos años, poner fin al neoliberalismo heredado de la dictadura y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, donde el centro sea la plena realización humana con condiciones dignas de vida para todos y todas.