Mike Pompeo, y el entonces asesor John Bolton, requirieron la complicidad del gobierno británico para estrechar el cerco al Gobierno de Maduro.

Roberto Montoya. “El Salto Diario”. 07/2020. La decisión de la Justicia británica de legitimar la decisión del Banco de Inglaterra pareciera más propia de las arbitrariedades del llamado “primer imperio británico” de los siglos XVII y XVIII, centrado especialmente en las Américas, que de una democracia moderna del siglo XXI.

“El Gobierno de Su Majestad ha reconocido al Sr. Guaidó en su capacidad de presidente constitucional interno de Venezuela, y por consiguiente, no reconoce al Sr. Maduro como presidente constitucional de Venezuela”, ha dicho en su escrito Nigel Teare, el juez portavoz del Tribunal Superior de Justicia británico, la “High Court”.

El litigio se remonta a dos años atrás, cuando el Gobierno venezolano anunció al Banco de Inglaterra su intención de retirar las 31 toneladas de lingotes de oro -unos 930 millones de euros- depositados en sus cámaras desde años atrás, para poder hacer frente a la crisis económica de Venezuela.

El Banco de Inglaterra dilató inicialmente su respuesta pero en 2019, ya con Juan Guaidó autoproclamado “presidente encargado interino”, y presionado por el Departamento del Tesoro de EE UU, argumentó que la irregular situación institucional de Venezuela requería un análisis jurídico exhaustivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el entonces asesor principal de Seguridad Nacional, John Bolton -que ahora revela paradójicamente en su flamante libro la desconfianza de Trump sobre la capacidad de Guaidó- requirieron la complicidad del Gobierno británico para estrechar el cerco al Gobierno de Maduro.

Oficialmente, el Gobierno británico siempre se ha desentendido del litigio.

“Es competencia del el Banco de Inglaterra, no del Gobierno”, afirmó en la Cámara de los Comunes Alan Duncan, el titular de Exteriores británico. Pero, al pasar, acotó: “Seguramente el alto tribunal tendrá en consideración que el Sr. Guaidó es reconocido como el presidente interino legítimo por más de cincuenta países”. Un mensaje claro.

Con soberbia imperial el Banco de Inglaterra llegó a pedir “garantías” a Venezuela de que el oro dejado temporalmente en su custodia -como hacen muchos países- no fuera a ser utilizado para beneficio personal de Nicolás Maduro o de los numerosos altos cargos civiles y militares venezolanos contra los cuales EE UU y/o la UE aplican sanciones.

A pesar de la humillación que esto suponía el Gobierno de Caracas aclaró que ese capital sería destinado íntegramente a atender las necesidades provocadas en Venezuela por la pandemia del COVID-19.

Para evitar cualquier otra excusa del Banco de Inglaterra y como muestra de transparencia y buena voluntad, Venezuela propuso que la transferencia no se hiciera directamente al Gobierno de Maduro sino al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que este organismo de la ONU lo gestionara.

Pero la decisión política por parte del Reino Unido ya estaba evidentemente tomada, y la “High Court” se limitó a proporcionar argumentario legal y solemnidad.

Para dar más visos de legalidad a ese descarado robo multimillonario a un Estado soberano, paralelamente el “presidente encargado” Guaidó hizo que “su” Asamblea Nacional -no reconocida por el Tribunal Supremo de Venezuela-, nombrara a una pseudo “Junta Directiva” del Banco Central de Venezuela paralela a la real, a la que diariamente toma decisiones sobre la economía venezolana.

Con esa parodia la tal “Junta Directiva” pidió al Banco de Inglaterra “en nombre” del Banco Central de Venezuela, que no entregara el oro venezolano al Gobierno de Maduro.

El Tribunal Superior británico dictaminó que esa fake “Junta Directiva” del Banco Central Venezolano encabezada por Ricardo Villasmil es la única que podrá a partir de ahora acceder legalmente a las reservas de oro venezolano depositado en las cámaras del Banco de Inglaterra, y no la Junta Directiva real, la gubernamental presidida por Calixto Ortega.

Paradójicamente, Reino Unido sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el único gobierno con poderes reales en Venezuela, el de Nicolás Maduro, y es la embajadora de este, Rocío Maneiro, la titular de la embajada venezolana en Londres. Reino Unido mantiene a su vez a su embajador Andrew Soper acreditado ante el Gobierno de Maduro.

La esquizofrenia diplomática que esto supone se extiende a la mayoría de los países que han reconocido -presionados por Trump- hace un año y medio a Juan Guaidó como “presidente encargado”, en momentos en que Washington les aseguraba que el Gobierno de Maduro se derrumbaría en cuestión de días.

Todos querían posicionarse bien ante Washington y ante quien ya daban por seguro nuevo presidente de Venezuela.

Pedro Sánchez fue uno de los jefes de gobierno que reconoció a Guaidó como presidente interino a inicios de febrero de 2019, y a fines de abril incluso acogió en la embajada española en Caracas al también líder opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó. Y sin embargo, sigue manteniendo relaciones diplomáticas políticas, comerciales y culturales con el Gobierno de Maduro.

Pese al inmenso apoyo económico, político y diplomático de EEUU, la UE y numerosos otros países, Guaidó se mostró incapaz en este tiempo de mantener unida a la oposición y de presentar una alternativa creíble de gobierno, y por ello fue perdiendo apoyos políticos y apoyo social.