La situación actual nos obliga a pensar no sólo en leyes para vincular la política con la ciudadanía, se debe caminar en el sentido de que la ciudadanía se apropie de la política.

Fernando Bahamonde

Profesor

Punta Arenas. 04/07/2020. El régimen político de una sociedad se construye sobre la base de un consenso limitado por ciertos grupos de poder lo que configura la institucionalidad o Estado de derecho. Se ha insistido en la idea del agotamiento de un pacto social, que por lo demás nunca ha existido, lo que acumuló un nivel de tensión entre la política y la sociedad que hoy es irreconciliable.

Cuando amplias capas de la población caen en la desesperación por la incertidumbre, el desempleo, el hacinamiento, el acceso a la salud y el hambre es difícil de hablar de mecanismos institucionales, pero sí es necesario de hablar de responsabilidad política para enfrentar un mal gobierno.

La representatividad de los cargos unipersonales se ha agotado, fruto de la ausencia de las figuras públicas de los espacios territoriales o de vida social real, por contraparte han colonizado los medios de comunicación. Este no es un hecho nuevo, lo que explica la creciente ausencia de participación electoral desde la salida de la dictadura cívico-militar en 1990.

La afirmación de que existe una “clase política” no es sólo la constatación de la existencia de un grupo de políticos profesionales, sino de la ruptura entre política institucional con un grupo de privilegiados y la sociedad. Incluso a la desestructuración de los partidos políticos como organizaciones donde se encuentra un deficitario nivel de coherencia ideológica. Situación agudizada con el espurio financiamiento de la política.

Así como el 18 de octubre y, luego, la crisis sanitaria desnudó un modelo de crecimiento, toda la institucionalidad y el carácter que posee este tipo de Estado. Por otra parte, ha dejado de manifiesto el escaso nivel de responsabilidad política de las autoridades presentes en organismos colegiados y cargos unipersonales. La responsabilidad e irresponsabilidad política nos tiene que hacer pensar en la ética y su ausencia en el ejercicio de un poder que siempre es transitorio.

El problema de la responsabilidad política tiene una primera dimensión jurídica-administrativa desde la perspectiva institucional conforme a los principios de negligencia inexcusable o notable abandono de deberes ambas alcanzan los escalafones más bajos de la administración pública.

Una segunda dimensión reside en la capacidad de decisión que posee el pueblo para determinar responsabilidad de una autoridad de representación popular, regularmente ocurre con el resultado de las urnas, por tanto, existe un tiempo que debe ocurrir entre la asunción del cargo y el término de este en lo que se denomina el mandato legal.

Cuando la población observa por parte de las autoridades la incoherencia permanente entre lo que se pieza, dice y finalmente lo que se hace, cuando no se hace otra cosa que agravar la crisis, cuando la ayuda social no lleva o sencillamente es escasa dentro de la lógica por la focalización neoliberal. Y cotidianamente somos sometidos a un Presidente de la República que es incontinente en toda materia que involucra desde la esfera bursátil y a sus prácticas cotidianas que lo dejan constantemente fuera del estándar mínimo de las reglas que debe obedecer cualquier ciudadano, estamos en problemas gruesos no sólo con el mandatario, sino también con la institucionalidad que lo encubre.

Además, hay que sumar un círculo de protección que saldrá a protegerlo a todo evento y los entes fiscalizadores presentes en el congreso nacional no operan, es cuando hemos quedado presos de un mal gobierno.

Cuando no existen canales institucionales para modificar un mandato agotado, queda esperar el poder canalizar las fuerzas sólo a través de una próxima elección, que en este caso es un tiempo eterno debido a la dinámica de vértigo que se manifiesta a consecuencia de una crisis multidimensional por efecto del modelo económico-social que en contexto de pandemia cuyas cifras se desmoronan como un castillo de naipes y por la escasa respuesta del marco político-institucional.

La situación actual nos obliga a pensar no sólo en leyes para vincular la política con la ciudadanía, se debe caminar en el sentido de que la ciudadanía se apropie de la política. El escenario de disputa será la discusión constituyente para transformar el régimen político para que en efecto sean las mayorías la que puedan tomar el control de la sociedad y así mismo de su propio destino.

Existen un sinnúmero de iniciativas legales para superar la “democracia” representativa actual, para dar paso a una democracia participativa y una democracia económica donde él y las ciudadanas y los y las trabajadoras puedan incidir en la política como en la economía, puesto que política y economía no pueden caminar separadas. Porque la política no es propiedad de una “clase política” y la economía no es sólo asunto de economistas y empresarios.

Y frente al mal gobierno se necesita con urgencia establecer mecanismos para la revocación de los mandatos. El triunfo electoral de Sebastián Piñera, a la luz de los acontecimientos posteriores y actuales, fue una mala foto de un momento determinado porque lo que finalmente permitió el triunfo de la derecha fue la abstención electoral y una gigantesca campaña mediática para crear terror político.

Revocar un mandato no es un golpe de Estado, debe ser la expresión de mayorías que se expresan en especial cuando los que nos gobiernan carecen de responsabilidad política.