Se establece un fondo extrapresupuestario cifrado en US$12.000 millones, cuya utilización queda entregada al Ejecutivo, con la sola obligación de informar al Congreso del empleo dado.

Hugo Fazio. Economista. CENDA. 07/2020. La Dirección de Presupuestos (Dipres), en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre, estimó una caída del producto en el año similar a la efectuada por el IPoM del Banco Central, con una contracción de 6,6%, muy superior al -2% proyectado en abril, y de la demanda interna de- 9,8% cuya cifra anterior era de -3,3%. La reducción produce una fuerte disminución de los ingresos fiscales, los cuales se contraerían en un 16,1%, 4,3 puntos porcentuales más que en su informe anterior, constituyendo su mayor descenso desde 2009, durante la anterior recesión, cuando se desplomaron en un 20,7%. El menor ingreso fiscal con relación a 2019 será de US$ 7.800 millones. Los ingresos fiscales son proporcionales al nivel de actividad económica. Con esta caída, el promedio de actividad en los tres primeros años de la actual administración sería negativa en 1,5%. El director de la Dipres, Matías Acevedo, explicó esta reducción de ingresos como una consecuencia de las medidas de política pública adoptadas para detener la pandemia.

En las otras variables macroeconómicas con implicancia sobre los ingresos, el IFP estimó la cotización del cobre promedio en el año en 2,48 la libra, cifra ligeramente superior a la proyección anterior de US$ 2,36. Por su parte, la paridad cambiaria proyectada incidirá negativamente en los ingresos al descender de $810 promedio mensual a $792. Por su parte, el gasto público crecerá en un punto porcentual en relación a la proyección efectuada en abril, llegando a 11,4%, porcentaje siempre muy inferior al incremento efectuado en 2009 para enfrentar la recesión anterior. El déficit fiscal se elevará a un 9,6% del PIB, su nivel más elevado desde 1974.

La cotización del cobre desde el 23 de marzo mantiene un curso ascendente, superando el 26 de junio los US$ 2,71 la libra. La explicación del incremento reside en la alta demanda proveniente de China. “El cobre está subiendo -expresó Marcelo Awad, expresidente ejecutivo de Antofagasta Minerals- fundamentalmente porque China, que fue el primer país golpeado por la pandemia, ahora está saliendo de ella y reactivándose. Esta reactivación llegó con una demanda fuerte, porque pilló a los chinos con bajos inventarios de cobre. Tuvieron que importar de inmediato”. “China -constató por su parte Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining- pasó a consumir el 50% del cobre del mundo durante su peor momento con el virus, al 70% ahora. Inversionistas financieros -añadió- también pasaron de activos de refugio a tener posiciones en el cobre” (23/06/20). A ello se sumó dudas sobre la oferta futura. Cada centavo de dólar promedio más en la cotización del metal rojo significa US$240 millones de ingreso fiscal adicional.

Los ingresos tributarios netos del año descenderán en un 17,4%, reduciéndose los provenientes de la minería privada del cobre en 31,1%, el pago de impuesto a la renta en un 27% y los del IVA, que constituye un porcentaje apreciable sobre el total, en 12%, siendo la cifra más elevada desde que existen registros, aunque similar a la de 2009. En la crisis financiera de ese año el PIB descendió 1,6% y los ingresos tributarios lo hicieron en 20%. La inflación promedio del ejercicio la fijó en 2,8%, siguiendo también el curso descendente previsto en el IPoM. El informe de ejecución presupuestaria de mayo entregado por la Dipres consignó una caída en los ingresos reales en doce meses de 25,6% provocado principalmente por la tributación de la minería privada. “A su vez -agregó-, los ingresos acumulados al mes tuvieron una contracción de 12,8% real en doce meses” (27/06/ 20).

El director de Presupuestos enfatizó que de acuerdo al plan de emergencia concordado el 14 de junio entre el Ejecutivo y partidos de oposición de manera “cada vez más relevante se iniciará un proceso de consolidación de las finanzas públicas luego del mayor gasto para enfrentar la emergencia”. La consolidación fue un eje central de lo aprobado y su acuerdo llevó a prolongar la negociación sobre las medidas propiamente de emergencia. De cumplirse el plan la deuda bruta aumentaría desde el 35% del PIB este año a un punto máximo de 48% el 2027, para consolidarse hacia 2030 en un 45%. Se alcanzaría este objetivo teniendo como límite el déficit fiscal efectivo que ascendería a 4,4% del PIB entre 2019 y 2024, para registrarse un superávit primario, que no considera el pago de intereses, de 1,1% entre 2025 y 2030. De igual modo se limitó el aumento del gasto presupuestario de 2021 en 5,6%, para descender en 2022 a 1% y en 0,2% al año siguiente.

En otras palabras, el acuerdo permitió el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y mejorías en el plan de protección del empleo pero estableciendo por muchos años los parámetros fiscales. El incremento del gasto público como porcentaje del producto, que en 2020 llegaría al 28,7%, hace crecer el tamaño del Estado. Será su mayor porcentaje en los últimos treinta años, incluido el fuerte aumento que experimentó el año 2009. Durante los ejercicios anteriores había permanecido en un nivel de 23%, aumentando en 2019 a 24,3%.

Se establece un fondo extrapresupuestario cifrado en US$12.000 millones, cuya utilización queda entregada al Ejecutivo, con la sola obligación de informar mensualmente al Congreso del empleo dado. El fondo debe concretarse mediante una ley que conceda las atribuciones al Ejecutivo, lo cual implica que el Congreso acepte reducir aún más su participación concreta en el manejo presupuestario. “Uno debiera esperar – comentó Macarena García, economista senior del udista instituto Libertad y Desarrollo- que los grupos políticos que se comprometieron con el acuerdo Covid lo respeten en dos años más. Pero eso –señaló- está por verse” (25/06/20). Es un acuerdo que pautea al Congreso y también al futuro gobierno.

El monto extrapresupuestario, como lo constató el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, “es un tope, no es un compromiso de gasto, e incluye una subejecución para este año de US$2.000 millones y el uso de espacio no ocupado en las medidas anunciadas antes por US$1.200 millones. Esto significa -subrayó- que el monto adicional del acuerdo que se debe financiar es del orden de US$8.800 millones.  Las medidas son transitorias y caducan en la forma preestablecida. (…) la clave –insistió- es que estas medidas caduquen. En lo relativo al financiamiento – añadió, interpretando la posición del Ejecutivo-, lo que esperaría es que se haga un esfuerzo no solo usando espacios de subejecución, sino implementando reasignaciones significativas en el Presupuesto 2021.En la medida que esto se haga será necesario usar mucho menos de los fondos soberanos y la capacidad de endeudamiento público”.

“Nuestros cálculos indican -anticipó el exministro, permanente partidario de los ajustes fiscales- que para estabilizar la deuda pública en torno a 45 puntos del PIB se requiere un superávit primario del orden de 0,5% y 1% del PIB, y considerando que al cierre de 2019 (cuando Larraín era aún ministro) tuvimos un déficit primario cercano a 1% del PIB, necesitaríamos un ajuste fiscal de entre 1,5% y 2% del PIB. Esto es factible de hacer – recalcó- si se   combinan ajustes del gasto con un mayor crecimiento económico” (21/06/20).

Ignacio Briones calificó como “histórico” el acuerdo alcanzado, que precisa destacó por ser “un compromiso importante de ordenamiento fiscal a posteriori. Ese fue -subrayó- el primer punto del acuerdo que es quizá el menos atractivo, pero es fundamental”. Ello explica su reiterada negativa a aprobar por separado las partes del acuerdo propiamente de emergencia que eran el Ingreso Familiar de Emergencia, la suma a utilizarse en el programa de protección del empleo y los recursos adicionales a proporcionarse al sector salud. Los montos a otorgarse al IFE fueron manejados como si fuese una negociación salarial, teniendo como base los insuficientes montos concedidos anteriormente, que partieron en un bono de $50.000 para subir posteriormente a $65.000. En las negociaciones se fueron aceptando reducidos incrementos llegándose finalmente a los $100.000 per cápita y $400,00 por hogar de cuatro integrantes, sin que se lograse alcanzar la línea de pobreza, con el rebuscado y miserable argumento de que en condiciones de confinamiento se reducirían determinados gastos, sin considerar que otros aumentan, se disminuyen ingresos y ante todo se está hablando de la línea de pobreza.

Estos logros Briones los destacó calificándolos como una “cuestión importante: estamos definiendo hoy anticipadamente el monto de la ley de presupuesto 2021 que se tramita entre septiembre y diciembre de cada año”. Paralelamente valoró que “el documento explicita señalar el nivel de deuda de mediano plazo que no debiera superar el 45%. Implícitamente lo que está diciendo -recalcó– es que acá como país debemos fijar una restricción adicional a nuestro comportamiento fiscal que mire la deuda, que no pasemos de un 45%. Y por ello es fundamental que se comience a retirar este mayor impulso fiscal después de los 24 meses. (…)  Aquí estamos dando una señal de que hay un compromiso de mediano plazo de ordenarse fiscalmente y eso tiene mucho valor de cara   a los inversionistas”. (15/06/20).

Sebastián Edwards, académico de la Universidad de California, que formó parte del equipo técnico nominado por Ignacio Briones denominado de “transversal”, se encargó de defender que el fondo extrapresupuestario quedase entregado al manejo unilateral del Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera. “(…) quizás -se planteó- la mayor fuente de aprensión radica en la idea de autorizar al gobierno a gastar grandes cantidades de dinero en forma flexible y con un cierto nivel de discrecionalidad. Pero -argumentó- la historia de las democracias modernas está repleta de casos en los que, ante situaciones de emergencia, el Poder Legislativo le entrega al Ejecutivo autorizaciones amplias, con opciones diversas sobre políticas públicas”. Dando como ejemplo la llamada Enmienda Thomas, los poderes extraordinarios dados por el parlamento de EEUU a Franklin Roosevelt, que reconoció eran acotados, “para implementar -señaló- a su completa discreción, tres políticas que hasta ese momento eran consideradas sacrílegas. La primera era devaluar el dólar en relación al oro, hasta 50%. La segunda era permitir que la Reserva Federal emitiera hasta US$3 billones respaldados por Bonos del Tesoro. Y la tercera era emitir US$ 3 billones respaldados por plata, en vez de oro. Lo más interesante -destacó Edwards- es que la Enmienda Thomas era parte de un plan integral que incluía aspectos claves del New Deal. Además, establecía cotas a la acción del gobierno. Dentro de ciertos parámetros el Ejecutivo podía actuar libremente. En eso se asemeja -concluyó para defender las atribuciones a Piñera- el plan de los 16 economistas para el Chile actual” (14/06/20).

El ejemplo de la década de los treinta del siglo pasado no admite ninguna comparación con el alcanzado el 14 de junio. ¿Habrá que recordar que Edwards fue uno de los partícipes del seminario titulado “Política y Sociedad: Vientos de cambio”, organizado por el Fondo de Inversiones Moneda Asset Management en el cual se procedió a proclamar abiertamente antes de las primarias a Sebastián Piñera como candidato presidencial? En dicha oportunidad Piñera expuso un programa de gobierno en una perspectiva de ocho años, absolutamente incumplido[1]. Además, se debe considerar, como muestran las encuestas de opinión, que Piñera no genera confianza pública para que se le concedan atribuciones unilaterales.

[1] Vease, “Fondo de Inversiones proclama a Piñera”, en ¿Por qué regresó Piñera? Ediciones Cenda 2018.