Carta de Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas enfatizó en análisis que ponen “al descubierto el peligroso avance hacia la militarización de la seguridad pública”.

Gonzalo Magueda. Periodista. 01/07/2020. El gobierno está haciendo intentos concretos y urgentes para reforzar un sistema de Inteligencia, dar mayor atribución a las Fuerzas Armadas (FFAA) en operaciones de seguridad interna, posibilitar compras de armamentos e invertir en el aparato militar, y de esa manera instalar una tácita política de seguridad nacional que altere el actual marco institucional. Coincidencia o no, la administración de Sebastián Piñera, con un rol protagónico del conservador ministro de Defensa, Alberto Espina, está desarrollando toda esta estrategia en medio de la crisis sanitaria y social, lo que en opinión de legisladores es un aprovechamiento de las circunstancias. Además, se indica que todo este diseño estaría en prever que superada la pandemia del nuevo coronavirus, el país será testigo de estallidos sociales comunales, regionales y a nivel nacional, donde el gobierno de derecha querrá tener a disposición mecanismos de seguridad e Inteligencia, a los militares y, por cierto, a Carabineros desplegados con todo su arsenal de recursos. Un asomo de esto, es que el gobierno decidió el envío de militares a La Araucanía.

En ese contexto, el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), envió una carta a dirigentes de los partidos de la oposición advirtiendo de estos planes gubernamentales “vistos en su conjunto, constituyen un riesgo para el control civil de la defensa, perpetua el rol de las FF.AA en el orden interno, y debilitan lo que debe ser un Estado democrático de derecho”.

Se ejemplifica en el proyecto que “crea el Sistema de Inteligencia del Estado; proyecto de Infraestructura Crítica; el que limita la Cooperación del Estado con la Corte Penal Internacional (CPI) y; finalmente, el proyecto que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional”.

En su momento, grupos parlamentarios de la oposición criticaron la prioridad asignada por el Ejecutivo a esas iniciativas, colocándole urgencia, y además estableciendo la disponibilidad a costear el fortalecimiento de los aparatos militares y de Inteligencia, cuando hay dificultades para financiar al sector Salud y las medidas para reaccionar ante los efectos sociales y laborales de la Covid-19.

El diputado Guillermo Teillier (Partido Comunista), hizo ver en declaraciones en Radio Nuevo Mundo que es preocupante que se estén impulsando esas medidas de cara a lo que serán las movilizaciones sociales y protestas ciudadanas que se pueden venir, sobre todo cuando bajen las cuarentenas, dado el alto índice de desempleo, suspensión de salarios, problemas en la ayuda a los sectores pobres de la población, colapso en el sistema de Salud, continuidad en el déficit habitacional, entre otras situaciones.

En ese marco, la misiva del GADFA indica que “diversos análisis han puesto al descubierto sus complejas aristas y el peligroso avance hacia la militarización de la seguridad pública. El decreto que regula el uso de la fuerza se inscribe en este marco. Actualmente la presencia de militares en las calles, el toque de queda y el control de datos personales, son situaciones propias de un estado de excepción. Sin embargo, no se debe soslayar que el incremento de los niveles de incertidumbre, los impactos económicos y sociales que arrastra la pandemia, unido al descontento ciudadano con la democracia, abren una ventana para avalar el incremento de la autonomía y poder de los cuerpos armados. La sensación de que para hacer frente a la crisis se necesita más autoridad y menos democracia, no está ausente en algunos sectores de la sociedad”.

Citado en El Mostrador, el coordinador de Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, manifestó que el gobierno de Sebastián Piñera asumió “la lógica de la doctrina de la Seguridad Nacional”, en la que “el enemigo está al interior del país, particularmente ese enemigo está en las organizaciones que lideraron los movimientos sociales desde el 18 de octubre en adelante. Eso explica los cambios en la política de inteligencia y el nuevo rol que se les asigna a las Fuerzas Armadas en materia de orden público”. Añadió que se trata de una concepción “criminalizadora de la protesta social afecta el derecho a reunión, libertad de expresión, derechos políticos y derecho de igualdad ante la ley. Pero, también, esta política criminalizadora pone en riesgo los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la calidad de la democracia en Chile, generando un contexto de fragilidad institucional que no veíamos desde la dictadura”.

Específicamente, en el Parlamento se cuestiona que las iniciativas de ley apuntan a dar un excesivo control al Presidente de la República, dar luz verde a una modalidad de agentes encubiertos y delatores, avanzar en el control ciudadano a través de indagación en datos personales y comunicaciones, y colocar en el rango que está el crimen organizado y el narcotráfico a organizaciones y dirigentes sociales, estudiantiles, indígenas, sindicales e incluso a periodistas que ya han sido vigilados por organismos de Inteligencia.

A eso se suma la preocupación de tener grandes contingentes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en las calles, poblaciones y centros urbanos y suburbanos en lo que sería la protección de “infraestructura crítica”.

Peligroso envío de militares a La Araucanía

En las recientes semanas se produjo un nuevo foco de crítica y preocupación. Aprovechando el estado de excepción, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se coordinó con el ministro de Defensa, Alberto Espina, y éste con altos mando del Ejército, para enviar tropas a La Araucanía, con el pretexto de atentados en la zona, cuando eso debe estar en manos de Carabineros o la Policía de Investigaciones. De plano, se trató de meter a los militares en funciones de orden público interno.

Se vio al ministro de Defensa haciendo declaraciones sobre situaciones internas, adelantando la justificación de la intromisión de esa cartera en ámbitos que no le corresponden. Espina opinó que “no son aceptables estos actos delictuales (en La Araucanía), porque nuestro deber es encarcelar a los violentistas y proteger a la ciudadanía”; habló como Ministro del Interior, no de Defensa…

En esa línea, el analista y académico Claudio Fuentes, indicó que “por primera vez desde el retorno de la democracia, las autoridades políticas justifican abiertamente la participación de las Fuerzas Armadas para el control de la delincuencia”. En un artículo publicado en CIPER (Centro de Investigación Periodística) hizo ver que “la incorporación de las Fuerzas Armadas en la Araucanía refleja el fracaso de las políticas ‘integracionistas’ vigentes desde el retorno de la democracia, el fracaso de la acción de la policía en la zona y la aceptación de la tesis del involucramiento de las instituciones armadas para enfrentar a un ‘enemigo interno’”.

En el documento del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas, se señala: “En los últimos días el anuncio del gobierno de enviar un contingente militar a la Araucanía agrava una situación desde ya muy compleja, lo que se agrega a una lista de desaciertos del gobierno. Esta decisión no hará más que escalar el conflicto y avanzar por el peligroso camino de la intervención de las Fuerzas Armadas en roles de seguridad interior”.

Pero está claro que la pretensión del gobierno de derecha va por ese camino y contaría con el apoyo de legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de Renovación Nacional (RN), el Partido Republicano, sectores empresariales, consorcios forestales, latifundistas y empresarios agrícolas.

Pero el tema no queda ahí. La carta del GADFA apunta que “se añade la preocupación por la participación de militares en políticas de control al narcotráfico en la frontera norte del país. Advertimos, además, la importancia de una actitud vigilante respecto al cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano: las restricciones de los derechos y libertades como consecuencia de las medidas de emergencia deben cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad con el interés que está en juego”.

“Militarizar los problemas sociales”

Una de las inquietudes del momento es la insistencia del gobierno en tener la reforma del  Sistema de Inteligencia Nacional y de Infraestructura Crítica, que apunta a reforzar el poder del Presidente, inmiscuir a las FFAA en operaciones de orden interno, reforzar y dar atribuciones de control y vigilancia ciudadana a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) -ahora a cargo de un ex alto oficial de la Armada con los vínculos que se pueden imaginar- y, en definitiva, dar curso a un fortalecimiento del área militar y de seguridad nacional para encarar escenarios nacionales como la expresión social y ciudadana, las demandas del pueblo mapuche, los estallidos en comunas y regiones.

Citado por El Mostrador, el diputado Jorge Brito (Revolución Democrática), presidente de la Comisión de Defensa, sostuvo que “no sabemos en qué país están viviendo el Presidente Piñera y el ministro Espina que en medio de esta brutal pandemia, intentan forzarnos a tramitar esta Ley de Inteligencia e Infraestructura Crítica”. Anotó que el gobierno está buscando “militarizar los problemas sociales”.

En un documento, el GADFA estableció que “en la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían solo residuales y toda vez que el proyecto del Gobierno -que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.- les permitiría la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones, generando las bases de un Estado policial”.

Están trabajando Espina, Blumel, Piñera y el alto mando

En definitiva, una situación que avanza soterrada, en la que están trabajando Piñera, Espina, Blumel, el alto mando de las Fuerzas Armadas y que podría afectar de manera grave el sistema democrático e institucional. Sobre todo, incidir en medidas represivas, coercitivas y dañinas hacia la organización y la expresión de la sociedad civil y sus representaciones.

En esto, dado que son proyectos que van al Congreso Nacional, tienen un rol determinante los grupos parlamentarios, sobre todo de la oposición, e incluso algunos del oficialismo que podrían asimilar lo crucial de evitar meter en un rol de seguridad pública a las FFAA. Podría ser un caso en que los sectores progresistas y de izquierda pudieran hacer valer la mayoría que tienen en el Parlamento.

Es así que el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) consideró “pertinente compartir esta preocupación y llamamos a los líderes de los partidos de oposición a plantear su rechazo a las políticas del gobierno hacia las fuerzas armadas respecto a su rol en temas internos; especialmente la que establece un nuevo sistema de inteligencia”.

Es otro debate determinante que se está produciendo en medio de la crisis sanitaria, social y económica, que podría traer una crisis institucional modificándose el marco regulatorio de Inteligencia y el papel de las Fuerzas Armadas.