La crisis que cruza al país. Aumento del desempleo que llegaría al 20%. Previsión de alza de pobreza del 9% al 13%. En 75% el endeudamiento de las familias. «Es inevitable un estallido social».
Equipo ES. 26/06/2020. La crisis social se instaló en Chile. Y con ello, la posibilidad de estallidos populares y ciudadanos a nivel nacional, algo que se está previendo desde distinto sectores para cuando bajen las cuarentenas y haya relativa normalidad en el país.
Los datos son tan dramáticos como elocuentes. El desempleo subió, oficialmente, de 7 a 9 puntos en un par de meses, pero los análisis de fundaciones, centros de estudio y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apuntan a que la cesantía real se ubicará entre 15 y 20 puntos, cuando menos. Dos millones de asalariados podrían quedarse sin trabajo o con sueldos congelados. Impacto el informe del Banco Central de que el 47% de las empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo para suspender pago de sueldos pero mantener vinculación con sus empleados, finalmente terminará despidiéndolos.
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) pronosticó la probabilidad de que la pobreza en Chile suba este año del 9,8% de 2019, a 13,7%, un alza por nadie prevista en el último tiempo.
Un análisis de las zonas donde se encuentran las comunas y localidades populares a nivel nacional, con población más vulnerable, y donde algunos miles de vecinos ya protestaron por falta de alimentos, lleva a la cifra de unas 5 millones de personas afectadas de manera grave por los problemas de la crisis social.
Al finalizar mayo, no era más del 10% de las Pymes las que habían concretado el prometido crédito. Los deudores del CAE aumentaron en morosidad. Más de 600 mil trabajadores estaban con suspensión de sus salarios. El endeudamiento de las familias chilenas que llega, en promedio, al 75% de sus ingresos, sigue siendo un factor de presión.
La falta de empleo y de ingresos, la insuficiencia de medidas como las 2 millones 500 mil cajas de alimentos prometidas por el gobierno, y la persistencia de un porcentaje considerable de la población en el empleo informal o precario, generaron un nuevo factor de la crisis social, imprevisible hace unos meses: el hambre.
El propio Presidente Sebastián Piñera tuvo que reconocer que el país vive “una pandemia social”. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, puntualizó que “muchas familias que dejaron de ser pobres pueden volver a caer en ella” y enfatizó: “Nos enfrentamos con un desafío social mayúsculo”.
Más allá de las frías cifras, se está hablando de millones de familias, en todas las regiones del país, que tienen serias dificultades para pagar colegios, cuentas de servicios, arriendo y gastos comunes, medicinas, ropa, alimentos y las deudas contraídas.
De acuerdo a análisis de economistas independientes, en términos reales los sueldos en Chile, en el último año, no superaron, en general, un aumento del 2%, y alrededor del 70% de los asalariados percibe alrededor de 500 mil pesos mensuales o menos. Un estudio de la Fundación Sol apuntó que el 50,6 por ciento recibe 380 mil pesos o menos de ingreso al mes. Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indicó que la mitad de los trabajadores de Chile gana 400 mil pesos o menos al mes.
Todas estas cifras de desempleo, pobreza, bajos ingresos y deterioro social se acrecentaron y podrían acrecentarse más aun, en el marco de la expansión de la pandemia del coronavirus y medidas acotadas e insuficientes. Los pronósticos de baja de la economía están situados entre menos cuatro a menos siete puntos.
Crisis social “masiva e inédita”
El académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, dijo a El Siglo que el país vive “una crisis masiva e inédita”. Añadió que hay una “abrupta paralización de la economía en el marco de una sociedad caracterizada por la precariedad de las condiciones de vida y del trabajo, donde casi la mitad de los asalariados trabaja sin contrato, a honorarios o con ‘contratos basura’. En una encuesta reciente casi un 70 por ciento de los entrevistados señalaban que estaban preparados para resistir sin ingresos no más de un mes, y muchos viviendo al día o a la semana”.
Águila enfatizó que “la pandemia ha dejado al descubierto las injusticias, abusos e irracionalidades de nuestro modelo de vida y económico”.
En tanto, el director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), César Bunster, aseveró en entrevista que “en el país se ha instalado la crisis social”. Recalcó que “precisamente es lo que se ve en las calles y en las poblaciones más pobres de nuestro país”.
Hablando específicamente de sectores populares y vulnerables, Bunster, quien también es concejal en Puente Alto, expresó que “existe una gran cantidad de personas que tienen un trabajo muy precario, que trabajan para ganarse el sustento cada día, no tienen sueldo estable, ni contrato, ni empleo digno. Me refiero a los que se instalan a la cola de las ferias, a los trabajadores informales, a los ambulantes, a las mujeres que deben salir de sus casas a vender alimentos o cualquier otro producto, y es gente que si no vende 6 mil, 8 mil o 10 mil pesos, simplemente no come ese día. Está la mala situación de miles de adultos mayores, de familias sin ingresos, de gente que no tiene cómo pagar sus cuentas, de millones de personas que están en la incertidumbre, además en medio de la propagación del coronavirus”.
El director de ICAL manifestó que “todo eso genera un cuadro de tremenda crisis social en todo Chile, porque es una realidad en comunas y poblaciones en todo el país. Creo que todo eso va ir en aumento. Y la primera expresión de eso es el hambre, el que está padeciendo un sector importante de nuestra población”.
En este marco, hay muchos economistas y analistas que van a cifras en ocasiones omitidas. Por ejemplo, que la pobreza multidimensional, establecida como una medición durante el último gobierno de Michelle Bachelet, llegó a 20,6%, lo que grafica de manera más realista lo que sucede en el país.
Citado por el Portal EMOL, el director social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau, señaló, precisamente, esa “fragilidad en algún área que es clave para la vida. Eso es precisamente lo que se está jugando de manera muy crítica”.
Algunos economistas independientes y centros de estudio están vaticinando que en términos reales, considerando una “canasta básica” o lo que debería tener como ingreso una familia de al menos tres o cuatro integrantes para tener una buena calidad de vida, apunta a que realmente la pobreza podría ser en Chile del orden del 30%.
Hace un par de años, por ejemplo, en un estudio titulado “Pobreza y fragilidad del modelo chileno”, de los investigadores de la Fundación Sol, Gonzalo Durán y Marco Kremerman, se ubicó el nivel de pobreza en un 15%, utilizando datos de la CASEN y sin considerar “los subsidios y transferencias que entrega el Estado”. Pero, agregando “el alquiler imputado”, la pobreza se disparaba a un 26,9%. Recientemente, según una información de Telesur, la Fundación SOL concluyó que “si se tienen en cuenta solo los ingresos autónomos, principalmente del trabajo y las pensiones contributivas, la pobreza pasa de poco más del 8,9 por ciento oficial a casi 30 por ciento”.
Dadas las circunstancias que se están viviendo, con aumento del desempleo, baja de los ingresos, continuidad y crecimiento del endeudamiento, quiebra de micro Pymes, cierre de empresas, congelamiento de salarios y continuidad de las precarias pensiones de jubilados, se podría pensar en un potenciamiento de la crisis social y humanitaria.
Lo que se está desnudando, al mismo tiempo, es que los bonos, ayudas como la Ley de Ingreso Familiar de Emergencia, las cajas de alimentos, repartición del ingreso mínimo básico, no están resolviendo problemas de millones de personas ni modificando una estructura que durante años anidó un escenario como el que se vive hoy. Más cuando el gobierno se negó a aumentar esos apoyos y, por ejemplo, se muestra renuente a que tan solo el 1% de los súper ricos del país paguen un 2% de impuesto sobre sus ganancias, lo que implicaría un apoyo al Fisco para satisfacer necesidades sociales.
“Es inevitable un estallido social”
Los síntomas aparecen en las expresiones sociales y la organización popular. Hay de todo. A finales de mayo e inicios de junio había casi un centenar de ollas comunes en una decena de ciudades. Mecanismos como “compremos juntos” y armado de canastas alimenticias y con productos de higiene, se extienden en barrios y zonas populares. El cuidado colectivo de adultos mayores, enfermos y niños se asume en comunas y poblaciones. Y, por cierto, la protesta de diverso tipo. Son más de diez las comunas que registraron movilizaciones de vecinos y colectivos comunitarios, muchas de las cuales terminaron enfrentamiento con Carabineros. El gobierno siguió calificando aquello como producto de “violentistas”.
Ernesto Águila advirtió que “hay muchas movilizaciones y protestas desde hace algunas semanas. Toda una realidad de descontento social que transcurre fuera de los medios de comunicación de masas. Creo que vamos hacia un escenario de una creciente protesta social dentro de la pandemia. Una protesta social incluso más desesperada que la del 18-0”.
César Bunster sostuvo que el año pasado hubo “un gigantesco estallido social, inédito en décadas, y no era porque necesariamente la gente estaba pasando hambre, era por las tremendas desigualdades que había. Pero ahora, a esa olla de presión se le agrega otro ingrediente más que es explosivo, y que es el hambre, la falta de recursos y posibilidades de acceder a adquirir alimentos, es así de sencillo”.
El director del ICAL expresó: “No debiese sorprenderle a nadie, dadas las condiciones de crisis social que estamos viendo y cómo impacta en amplios sectores de la población, que en breve plazo se transforme en un estallido social aún más explosivo que conocimos a partir del 18 de octubre. Creo que es inevitable un estallido social”.
