Continúan repercusiones de situación que generó gran inquietud y malestar de la población. Acción legal presentada por 17 organizaciones sociales.
Yani Aguilar Paulsen. Periodista. Arica. 22/06/2020. El pasado sábado 20 de junio, a una semana de conocido el “escándalo Cajas” (https://www.elsiglo.cl/2020/06/19/reportaje-el-escandalo-cajas-en-arica-y-parinacota/), un grupo de 17 organizaciones sociales de la Región de Arica y Parinacota, la mayor parte adultos mayores y jefes y jefas de hogar, presentaron un recurso de protección en contra del Intendente, Roberto Erpel Seguel y el Administrador del Gobierno Regional, Giancarlo Baltolú Quintano por la responsabilidad o pertinencia que les cabe en la no distribución de las 22.500 Cajas de Alimentos a la población vulnerable de la región, hecho que transgrede el artículo 19 N° 1 y N° 9 de la Constitución de la República.
Los dirigentes sociales, autores de la presentación, señalaron sentirse afectados por la noticia sobre todo si la adquisición de las cajas de alimentos fue producto de un acto de ilegalidad, como lo señalara la propia representación de la Contraloría General de la República (CGR). (https://www.elsiglo.cl/2020/06/15/escandalo-en-arica-por-adquisicion-de-cajas-con-alimentos/)
En el texto del recurso los dirigentes sociales señalaron sentir temor de no recibir el beneficio, porque es un derecho, y molestia por no haber sido considerados en la primera distribución de las cajas de alimento por parte de la intendencia. “Si nos quedamos en casa, sin recibir alimentos, aumenta la posibilidad de empeorar la situación que nos afecta, en este sentido, la carencia de alimentación dañará nuestra salud, y por ende, la vida e integridad física de cada uno de nosotros y nuestras familias”.
Están fastidiados porque no les informaron a los dirigentes sociales sobre los protocolos de entrega, entre ellos, los “criterios de prioridad, territorios, orden de postulación, protocolos sanitarios del contenido y sanitización de la caja; esto último considerando que los alimentos y cajas, pasan por una serie de manos y procedimientos”.
El abogado Juan Rojas Pasten, patrocinador del recurso, explicó que el proceso de adjudicación llevado a cabo por la Intendencia no cumplió indicaciones entregadas por la CGR en el Dictamen N° E 7072, del 27 de mayo sobre los criterios de asignación de las canasta básica de alimentos. Éstas señalan que “las fuentes o base de datos y los demás antecedentes que se consideren para determinar los beneficiarios de estas ayudas deben constar por escrito y se deben mantener almacenados en medios físicos o digitales, con sus respectivos respaldos”.
Nada de eso se respetó. Adicionalmente, las agrupaciones sociales prestas a ayudar en este proceso de selección, cumplieron con la exigencia de postulación que el gobierno regional difundió a través de las redes sociales para acceder a las cajas familiares. Los dirigentes trabajaron durante dos meses encuestando a los vecinos y vecinas, incluso les hicieron informe social para levantar necesidades específicas. Se desplegaron “en los territorios de las respectivas organizaciones para aplicar los formularios y elaborar las bases de datos con los nombres de nuestros integrantes con mayor vulnerabilidad; debiendo para ello contactarlos para saber de su situación e integrarlos al listado, lo que se realizó vía teléfonos o mediante visitas puerta a puerta”, afirmaron en el recurso.
Tras ese laborioso trabajo que hicieron las agrupaciones comunitarias, luego enviaron por correo electrónico a la Intendencia los listados de 300 personas que necesitaban urgentemente los alimentos. Pero, al parecer, dicha información no fue tomada en cuenta porque más tarde supieron que mucha gente se inscribió en las Juntas de Vecinos, sin tener necesidad económica, y recibieron cajas. “La información que se envió por medio de los correos electrónicos, relacionada con nuestros asociados con mayores necesidades, al parecer, no fue considerada; o los criterios de distribución, inexplicablemente, no los incluyeron”, señalan.
Para el abogado, el asunto de las cajas de alimento, más allá de ser una promesa del gobierno para paliar la crisis económica de la pandemia del Coronavirus, es un derecho de las personas que el Estado debe satisfacer. “Si la Constitución garantiza la vida y la salud de las personas, y esas personas no pueden procurarse por sí mismas o no pueden obtenerlas de los naturalmente obligados en conformidad al derecho de familia, estos deben obtenerse del ente protector y garantista del derecho a la vida y la salud, el Estado”.
Esto significa que si los funcionarios del Gobierno Regional adjudican una licitación para la compra de canastas familiares en emergencia sanitaria a quien no cumplía los requisitos, es decir a la empresa Tobar y Tobar, entonces “los funcionarios involucrados actuaron al margen de la ley, vulnerando los numerales 1 y 9, del artículo 19°, lo que se matiza con la flagrante vulneración al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y que en la escala de responsabilidades comenzaría con el actual Intendente y al Administrador del Gobierno Regional de Arica y Parinacota”.
Las organizaciones piden en su recurso que las cajas prometidas se entreguen con urgencia y priorizando a los que se encuentran en situación más difícil o desprotegida, como son ancianos, enfermos, mujeres, niños. También, que se transparente la información de las canastas entregadas y por entregar, que den a conocer las actas de entrega, incluyendo la lista de organizaciones beneficiadas, subiendo dicha información a la página del la Intendencia de Arica y Parinacota a través de transparencia activa. Del mismo modo, que se transparente la información sobre los criterios de selección, criterios de prioridad para entrega y distribución del beneficio.
