La evolución negativa de la pandemia y las acciones de políticas públicas orientadas a contenerla condujeron a un shock sin precedentes.
Hugo Fazio. Economista. CENDA. 23/06/2020. El Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, entregado a mediados de junio, corrigió fuertemente la proyección de actividad prevista para el año en curso. La disminuyó a una banda entre -5,5% y -7,5%, cuyo promedio es de -6,5%. La estimación anterior, efectuada al comenzar abril, fue de -1,5% a -2,5%, promedio -2%. En el IPoM de este año se aumentó a dos puntos la banda de la proyección, debido al alto grado de inestabilidad existente, en la forma habitual el rango a esta altura del año habría sido de 0,75 puntos. Con esta fuerte contracción el producto regresa a los niveles del año 2015. El informe destacó que será la peor cifra en 35 años, es decir desde cuando el país vivía las consecuencias de la crisis de la deuda externa latinoamericana, luego que los bancos centrales que formaban parte en esos años del G5 subieron sus tasas de interés, privilegiando detener el curso inflacionista. En 1982 el descenso de la actividad fue de 11%.
La evolución negativa de la pandemia y las acciones de políticas públicas orientadas a contenerla condujeron a un shock sin precedentes. “Su impacto inmediato -señaló el informe- ha sido severo, su prolongación mayor a la esperada y sus repercusiones a largo plazo aún inciertas. Todo esto -constató- ha hecho que el deterioro de la actividad y el empleo ha sido mayor que la prevista hace solo unos meses, manteniéndose un alto grado de incertidumbre”. Para el segundo trimestre consideró una contracción más acentuada a la caída experimenta en el Imacec de abril. “Tras la fuerte caída del segundo trimestre, esta proyección asume que los hogares continuarán afectados por la baja de los ingresos y la elevada incertidumbre”. Para la demanda interna se estimó una reducción anual de 10,4% habiendo sido su proyección anterior de 5,8%. El consumo descenderá en 4,2%, considerando un efecto positivo de medidas como el ingreso familiar de emergencia, el cual por el momento está clara su materialización solo hasta el mes de agosto, en los dos siguientes la decisión queda entregada unilateralmente al Ejecutivo. La inversión se contraerá en 15,9%, principalmente por la disminución a registrarse en el sector no minero, que disminuiría en 17%. Esta caída de la inversión es la más profunda desde el año 1982 cuando la formación bruta de capital fijo descendió en 38,3%.
“Nos quedamos muy cortos -constató el ministro de Hacienda, Ignacio Briones- en las proyecciones. El segundo trimestre será para el olvido”. Atravesamos recalcó un periodo sumamente complejo, en donde “vamos a tener una contracción económica significativa” (16/06/20). (…) somos aún un país emergente, con debilidades y vulnerabilidades- reflexionó por su parte Mario Marcel, presidente del Banco Central- que afectan a segmentos importantes de la sociedad y el sistema productivo. Nuestras instituciones -reconoció- (…) aún no cuentan con la fortaleza suficiente como para inspirar la confianza que permita contener el aumento de la incertidumbre frente a eventos inesperados y para proteger a los que más lo necesitan”(18/06/20).
Aunque el escenario central con que se construyó el informe plantea que comenzarían a darse en el tercer trimestre signos de recuperación, ello fue dejado en dependencia de la evolución de la pandemia y de las medidas para contenerla. “De aquí en adelante -agregó Marcel- el tema es cuánto se prolongan las medidas de control, si va a haber una profundización y cómo será el proceso de retiro o flexibilización de esa norma de control. Esto va a determinar cuanto caiga la actividad en 2020. (…) con el tipo de cuarentena que tenemos hoy, con una cobertura considerablemente más amplia, que supera el 40% de la población del país, que afecta a más actividades económicas, que contempla más restricciones a la movilidad -recalcó Marcel-, podemos estimar que con eso la pérdida que se produce en un mes completo de vigencia de estas restricciones es de entre 20% y 25%”. Este efecto se debe manifestar cuando se conozcan las cifras de los Imacec de mayo y junio. La reducción en los niveles de actividad tiene efectos sociales negativos muy evidentes en tasas de desocupación, ingreso de las personas, incremento en los niveles de hambre y acentuamiento de los indicadores de pobreza.
Una caída particularmente elevada, causada en una alta proporción por la contracción de la demanda interna, se produjo en las importaciones de bienes y servicios, con un descenso a producirse en el año de 14,1%, alcanzando solo a US$49.100 millones. Mientras las exportaciones descenderían en 0,3%, llegando a US$64.800 millones. Ello conduciría a ampliar el saldo positivo en la balanza comercial de bienes y servicios, la cual llegaría a US$15.700 millones. Ello produciría un impacto positivo en el producto, el cual disminuiría en algo la magnitud de su reducción.
La contracción de la demanda interna constituye igualmente el factor determinante del descenso experimentado en el proceso inflacionario. El IPC que en mayo, medido en doce meses, había bajado a 2,8%, se ubicará al finalizar el año, según el IPoM, en torno al 2%. “El abrupto aumento de la brecha de actividad en el segundo trimestre -constató el comunicado de la reunión de política monetaria del instituto emisor efectuada el día previo a informarse del IPoM- reduce en forma significativa las presiones inflacionarias”. En el escenario central diseñado en el informe, la inflación bajará hasta valores en torno a 2% para el cierre del año, proyectándose que solo hacia fines del horizonte de política – al segundo trimestre del 2022- se ubicará “en torno a 3% anual”, que es el centro del rango de inflación considerado como objetivo de su política. El Banco Central define la brecha de actividad como la “diferencia entre el nivel actual de actividad y la capacidad productiva de la economía hoy para los sectores distintos de la minería (PIB no minero) “.
Frente a este escenario, la reunión de política monetaria decidió acentuar “una posición altamente expansiva por el tiempo necesario para asegurar la convergencia de la inflación a la meta del 3% en un horizonte de dos años”. Tras este objetivo decidió mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en su nivel técnico más reducido de 0,5% nominal anual, que conlleva cobrarle a los bancos comerciales tasas de interés negativas “al menos durante el horizonte de política de dos años”. Al mismo tiempo, anunció la intensificación de la compra de activos en el mercado por la suma de US$8.000 millones. Hasta el momento dichas adquisiciones se efectúan en dos tipos de instrumentos: por los del propio Banco Central, que se colocaron en un monto elevado durante la crisis bancaria de 1982, los cuales se han reducido marcadamente, y bonos bancarios, dado que perdura la limitación establecida en los años de dictadura para la adquisición de títulos fiscales.
Mario Marcel planteó la necesidad de ampliar estas posibilidades. “Persisten los riesgos – expresó- para un empeoramiento en el escenario macroeconómico de Chile y del mundo. Si esto -añadió- pusiera en riesgo la actividad financiera se requeriría una respuesta que excede las posibilidades actuales del Banco Central”. Poco después de entregarse el IPoM, el Ejecutivo propuso un proyecto de ley para reformar las prohibiciones impuestas al instituto emisor para adquirir títulos fiscales, estableciendo absurdamente y con muchas limitaciones que pueda solamente hacerlo en el mercado secundario en “circunstancias excepcionales”, estableciéndose un quórum de cuatro de los cinco consejeros para poder llevarlo adelante. Y agregando que después se deben enajenar los títulos “en el mercado abierto, en la oportunidad, término y condiciones que determine su consejo. Esta reforma -estableció – además no (será) para financiar al Estado. En ningún caso podrán adquirir en el mercado primario títulos de deuda emitidos por el Fisco, organismos o empresas del Estado”.
“Cabe preguntarse -se interrogó Patricio Arrau en La Tercera- por qué el Estado tomó esta decisión. Algunos colegas creen que esta autorización abre el camino para el financiamiento del Fisco que llevó a una hiperinflación (…). Pretender que ese es un problema hoy no se corresponde con la realidad. Invito al Congreso -concluyó- a dar la facultad irrestricta que corresponde a los tiempos, y a liberarse de los traumas” (20/06/20). Se debe otorgar a las autoridades monetarias y fiscales todos los instrumentos posibles para que puedan actuar sin establecerles restricciones en función de supuestos peligros que deben evitarse. El Mercurio expresó abiertamente su oposición, sosteniendo el argumento que ello limitaría la autonomía del Banco Central, defendiendo así las restricciones que se le impusieron.
Además, el Banco Central anunció la puesta en marcha de la segunda etapa del programa de Financiamiento Condicional al Incremento de las Colocaciones por la suma de US$16.000 millones. Este monto se agrega a la suma inicial, ascendente a US$ 24.000 millones, el cual según cifras a mediados de junio proporcionadas por el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, ya se habían utilizado en un 83%. Este incremento de la masa monetaria busca incidir sobre las tasas de interés a largo plazo. Los mayores recursos en poder de la banca comercial permiten el incremento del dinero disponible en el mercado, dado la mecánica que les permite prestar varias veces los recursos a su disposición. El límite por banco es de US$4.000 millones, cobrándoseles la TPM, que como ya vimos tiene tasas de interés reales negativas, originándoles así un elevado diferencial en su favor.
El informe se elaboró con la estimación de que la economía global se contraería en 4,5%, porcentaje claramente superior a la previsión efectuada en su informe precedente, pero por debajo de las proyecciones entregadas a comienzos de junio tanto por el Banco Mundial, que la cifró en 5,2%, dejando constancia que de profundizarse los efectos negativos de la pandemia y de las políticas públicas para enfrentarla, podría llegar a 8%, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) quien la estableció en un 6% y de producirse una intensificación mayor de los factores que contraen el crecimiento, podría alcanzar a 7,6%[1]. Desde luego, una estimación de la evolución global por debajo de la efectivamente a producirse reduce su efecto negativo en la economía nacional.
Un descenso aún mayor de la actividad económica en el año se registrará en Perú. En abril ya su producto se contrajo en un elevado 40,49%, en un momento con numerosos rubros económicos paralizados. El descenso en la cotización de las materias primas, la magnitud de las medidas adoptadas para intentar detener la pandemia y el elevado nivel del trabajo informal se cifra en un 70% la cantidad de trabajadores sin contratos, condujo a la actividad económica, como constató su presidente, Martin Vizcarra, a la mayor crisis de la historia. El Banco Central estimó una contracción en el año de 12,5%. “En 2020 – subrayó – se registraría la caída más grande de los últimos cien años en el Perú” (21/06/20). Todas las proyecciones concluyen además en que la caída a registrarse en el producto del segundo trimestre será gigantesca.
[1] Véase, Carta Económica 14/06/20.
