El fantasma de la privatización acecha una vez más a Televisión Nacional. Ha visto reducido su poder negociador y operativo en manos privadas.

José Luis Córdova. Periodista. 22/06/2020. El fantasma de la privatización acecha una vez más a Televisión Nacional, empresa autónoma del Estado que, por ley, debería ser un medio de comunicación “público”, autofinanciado y pluralista. TVN fue fundada el 31 de enero de 1969 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva e inició sus transmisiones el 18 de septiembre de ese mismo año.

Durante el gobierno del presidente Salvador Allende el canal fue dirigido por el periodista Augusto Olivares Becerra, con José Miguel Varas como Jefe de Prensa y cumplió un importante rol de divulgación de los avances del gobierno y las conquistas alcanzadas por la población para mejorar sus condiciones de vida. El alto nivel de pluralismo permitió que las voces más divergentes e irrespetuosas de la oposición fascista se expresaran sin mayores dificultades ante las cámaras de entonces con su mensaje de odio.

Tras el golpe de Estado de 1973, Canal 7 se convirtió en un medio intervenido militarmente, con una férrea censura previa e incondicionalidad ante las medidas dictatoriales, discriminatoria contra el llamado “enemigo interno” y de ocultamiento y manipulación de las actividades de los servicios de seguridad, el terrorismo de estado y las terribles violaciones a los derechos humanos perpetradas por autoridades civiles y militares.

Mientras, en pantalla, nos emborrachaban las perdiz con la televisión a color -contra la opinión del ministro Sergio de Castro, entonces contrario a la exportación de aparatos con esa tecnología- y programas de burda “entretención” como “Dingolondango”, “Jappening con Já”, “El festival de la 1”, “Sábados gigantes” y otros, mientras en las calles se perpetraban crímenes, torturas y desapariciones, delitos de lesa humanidad desconocidos por la mayoría de la población.

La dictadura vendía entonces a precios de huevo las principales empresas estatales como Lan, Entel, CAP, Endesa, Iansa, Ecom, Emel, Banco Chile y Soquimich, iniciando nuevos embates contra Codelco. Asimismo se concluía la privatización de los sistemas escolar, de salud y previsionales de todos los chilenos.

Tras el inicio de una excesivamente larga transición a la democracia después del plebiscito del No en 1989, el gobierno de Aylwin encargó al DC Jorge Navarrete tomar el control del canal 7 y sus filiales en todo el país, manteniendo su autonomía y auto financiamiento, según se reiteró en proyecto de ley del 19 de junio de 1990, hace 30 años.

Pero siguieron las privatizaciones del sistema vial (licitación de carreteras), del agua potable, Emos y otras. Codelco quedó con el 30% y empresas privadas transnacionales el otro 70%. En los últimos años, cuando Canal 7 sufría nuevas crisis financieras, René Cortázar, Francisco Vidal y otros debatieron la posibilidad de privatizar en parte la idea. Otro de sus directivos, Lucas Palacios (actual ministro de Economía de Piñera), propuso la asesoría de la empresa internacional ORCA Business Consulting, la misma que colaboraba con Canal 13 ya en manos de la familia Luksic. Comenzó entonces el cierre de corresponsalías regionales y, por ejemplo, la venta de los terrenos de TV Austral en Punta Arenas por 20 millones de dólares.

Empresas productoras nacionales y extranjeras, así como franquicias internacionales se apoderaron poco a poco de la parrilla de programas, tercerizando al máximo las operaciones del Canal que seguía mostrando grandes pérdidas, pese a la capitalización propuesta por el gobierno de Michelle Bachelet y aprobada en el Congreso en un proceso que aún no finaliza.

Pero, tal como Codelco, Enap, Cap y otras empresas todavía con intereses fiscales, TVN ha visto reducido su poder negociador y operativo en manos privadas. Ahora se anuncia que el directorio que encabeza Ana Holuigui pone a la venta la infraestructura inmueble del Canal, por parte de la empresa Colliers International, en 90 millones de dólares para 57.500 hectáreas de terrenos en Avenida Bellavista 0990.

Asimismo, se anunció el término del proceso de reestructuración interna, que ha significado el despido de 164 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos, entre ellos, numerosos periodistas. La totalidad de los sindicatos de TVN, el Colegio de Periodistas, la CUT y otras organizaciones han denunciado el plan rechazando la privatización y exigiendo su reforma estructural en beneficio del país.

La privatización de TVN es un plan de Sebastián Piñera que podría pasar colado durante la actual pandemia sanitaria, en medio de las críticas por la ineficiente política comunicacional y financiera del llamado “Canal público”. Según algunos de sus ejecutivos, y también personeros del actual gobierno, la disyuntiva de la emisora es privatizar o morir.