Involucrados personeros de la derecha. Detalles de las irregularidades. Otro traspié en el plan de Piñera. Agotada la paciencia de ariqueños.
Yani Aguilar Paulsen. Periodista. Arica. 18/09/2020. El “Programa Alimentos para Chile”, impulsado por el Presidente Sebastián Piñera prometiendo entregar 2,5 millones de cajas de alimentos a todo Chile como paliativo a la crisis económica y social generada por la catástrofe sanitaria de la Covid-19, sigue sumando controversias. El primer traspié lo tuvo cuando se supo que el amigo del Presidente Piñera, Álvaro Saieh, sería proveedor en la Región Metropolitana; luego hubo un polémico instructivo de la SECOM (Secretaría de Comunicaciones de La Moneda) que sugería la manera de hacerle propaganda al mandatario en la entrega de las cajas. Y luego vino un escándalo en la Región de Arica y Parinacota.
La Contraloría General de la República (CGR) halló una ilegalidad en la asignación de recursos fiscales del gobierno regional, obligando a la Intendencia a retrotraer la compra de 22.500 cajas de alimentos por 898 millones de pesos en trato directo a la empresa Tobar y Tobar por no poseer éste “ni el objeto social ni el giro declarado ante el SII”. Es decir, su giro no es de alimentos, sino que de “actividades de asesoría empresarial y jurídica, intermediación financiera, fabricación y reparación de componentes electrónicos y de iluminación, reciclaje de desperdicios y venta al por menor de artículos usados”.
Así es que el Intendente dio por terminado el contrato con Tobar y suspendió la entrega total de la ayuda a las familias más vulnerables de la región, alcanzado solo a despachar unas pocas cajas, menos de un tercio de las familias ariqueñas que las recibirían. (http://www.elsiglo.cl/2020/06/15/escandalo-en-arica-por-adquisicion-de-cajas-con-alimentos/
Esta situación tiene enardecido el escenario local y agotada la paciencia de la población que está enfrentando a duras penas la crisis económica del Coronavirus. La esperada caja de alimentos no les llegará este mes, ni posiblemente el próximo, como les había anunciado el Intendente.
En Arica, el escándalo de la adjudicación maliciosa despertó otras suspicacias en la opinión pública sobre el costo real de la canasta que recibirían. La periodista de la popular Radio Puerta Norte de Arica, Dolores Cautivo, realizó un simple ejercicio de cotizar el valor de los productos en el comercio con la del oferente adjudicado por la intendencia, Tobar y Tobar Ltda. En el cálculo realizado por la comunicadora, demostró que el valor de la caja en el ASOAGRO, que es el terminal de venta de alimentos más popular de la región, tenía un valor menor que el de los oferentes adjudicados para los mismos productos. El costo declarado por Tobar y Tobar era de $39.990, y la del ASOAGRO de $34.140, es decir, la diferencia de $5.849.- generaba un lucro a favor de los oferentes de $ 127.946.875.
La caja incluía: 5 latas de atún desmenuzado de 170 grs; 1 aceite vegetal de 900 ml; 2 kg de arroz; 1 kg de azúcar; 1 café de 170 grs; 3 sopas de 68 grs; 2 kg de harina; 2 bolsas de leche en polvo de 900 grs; 1 kg de legumbres; 4 pastas surtidas de 400 grs; 2 sobre de cremas de pollo de 72 grs; 2 sobre de crema de espárragos de 68 grs; 1 mermelada de 200 grs; 1 pqte galleta soda de 180 g; 3 sobres de salsa de tomate de 200 grs; 1 kg de sal; 1 caja de té de 20 unidades; y 4 rollos de papel higiénico.
Este mismo ejercicio comparativo supuestamente lo habría sido hecho el Comité de Adjudicaciones, que de acuerdo a la denuncia interpuesta ante el Controlar Jorge Bermúdez, estuvo conformado por los funcionarios de la Intendencia: Susana Bugueño Díaz, María Teresa Barrios Gutiérrez y Siupen Lau Suarez, para la adquisición de Canastas Familiares de alimentos no perecibles, destinado al consumo por 2 semanas de un grupo familiar de 5 personas. A este equipo le habría cabido la evaluación de las ofertas que llegaron: Walmart Chile S.A. por $36.948.- Soc. Comercial Gastronómica e Inversiones MC-Conell Ltda por $38.700.- y Comercial Brich, Aylin Janet Briceño Chávez, por $38.700.- No obstante que a todos estos oferentes se les exigieron los mismos antecedentes, la Contraloría no encontró fundamentos para que la selección recayera en Tobar y Tobar, que, no cumplía con los requisitos legales, junto con ser la oferta más cara.
Apenas conocido el hecho irregular, el que fuera denunciado por el senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Luis Rocafull (PS), comenzó a circular en las redes sociales una gráfica apócrifa que establece un confuso cruce de relaciones entre autoridades de la derecha política local vinculados a esta operación. Aparecen allí, el Intendente de Arica y Parinacota, Roberto Erpel (UDI), el Administrador Regional, Giancarlo Baltolú (Evopoli, ex UDI)), al Diputado Nino Baltotú (UDI), y al senador José Durana (UDI).
En la gráfica se sostiene que Pedro Tobar y Juan Salgado Mc Conell, amigo y sobrino respetivamente del senador Durana, se coludieron como socios comerciales para presentar ofertas al Gobierno Regional, la que termina siendo adjudicada a Tobar por el Intendente previa gestión y selección del administrador regional Bartolú, sobrino del diputado Nino Baltolú. Es decir, sugiriendo un negocio entre amigos para defraudar al fisco.
En todo caso, el vínculo comercial quedó comprobado en la visita inspectiva de la CGR al domicilio del oferente adjudicado, Tobar, que resultó ser el mismo del otro cotizante, Salgado: Azapa Km. 1.5, # 4301. “La cláusula tercera, letra d), del contrato aparece que el contratista declara que el señalado inmueble es de su propiedad, de lo que se desprende que ambas empresas que presentaron cotizaciones mantienen algún grado de relación”, indica el documento de la Contraloría.
El senador Durana, enterado del anónimo que lo inculpaba, reaccionó con molestia porque se estaba dañando su imagen. “Desmiento categóricamente todos los hechos que se me atribuyen en una pieza gráfica denominada “Mapa de la Corrupción Arica Gate” y en algunos anónimos que se han enviado y reproducido mediante WhatsApp, Messenger y publicados en diversas cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, en los que se busca dañar deliberadamente mi nombre y cargo como Senador de la República”, señala su declaración.
En tanto, el Intendente Roberto Erpel, profesor de Estado, ex seremi de Desarrollo Social y Familia, dijo haber tomado conocimiento el sábado 13 de junio de la Representación de la CGR donde se le pide a la Intendencia adoptar las medidas necesarias para “adecuar su actuación al ordenamiento jurídico”. Tras lo cual, la principal autoridad de la región detiene el proceso de distribución de las cajas de alimento, y anuncia “un informe técnico a la comisión adjudicatoria de la Intendencia para tomar las decisiones administrativas que corresponde”. Además, “una investigación sumaria que dé cuenta de la representación realizada por este organismo contralor”.
El diputado Nino Baltolú (UDI), frente a la cuestionada adjudicación, también exigió apegó a las normas. “Claramente estamos ante un hecho que debe ser investigado a detalle, se deben aclarar los montos, los responsables de tomar las decisiones, cómo se llegó a la empresa involucrada y las verdaderas razones tras esta adjudicación”, dijo.
En tanto, la empresa Tobar & Tobar objetada por la Contraloría General de la República por no atenerse al giro comercial de la venta de alimentos, descartó la imputación de no pertenecer al rubro de alimentos dado que han realizado eventos y consultorías, pero que, sin embargo, debieron “reinventarse puesto que con la pandemia no han podido realizar eventos”, razón por la que tuvieron que buscar nuevos emprendimientos. En su declaración lamentan las miles de canastas que quedaron en bodega.
Para el Consejo Regional de Arica y Parinacota la solución tiene que venir desde el gobierno central puesto que “es el gobierno central quien anunció que estas entregas forman parte del Plan Nacional “Alimentos para Chile”, es el mismo quien debe tomar las medidas del caso, evitando que las familias ariqueñas continúen la tensa espera e incertidumbre por esta urgente ayuda social”.
Además de pedirle al Presidente de la República la “renuncia inmediata” del Intendente Regional, Roberto Erpel Seguel y del Administrador Regional, Giancarlo Baltolú Quintano, solicita disponer “los recursos centralizados para realizar la licitación o trato directo inmediato a través de una transferencia a la institución que pueda cumplir con la entrega de las cajas con celeridad y transparencia, incorporando al Consejo Regional en la determinación de criterios y fiscalización del proceso”.
Por su parte la Mesa Social Solidaria de la región, conformada por 16 organizaciones de la sociedad civil, también reaccionó con indignación frente a los hechos sumándose a la petición de renuncia del Intendente, puesto que “no sólo pone de manifiesto la incapacidad del gobierno para estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, sino que evidencia la ausencia de empatía con quienes más lo necesitan”, señala su comunicado.
Las agrupaciones comunitarias le reprochan a la máxima autoridad de la región su falta de transparencia con las acciones emprendidas y no ser tomados en cuenta en las decisiones. “Se ha negado a escuchar a los distintos actores sociales que han puesto a su disposición distintas formas de trabajo en conjunto para enfrentar esta pandemia”.
En el mismo sentido, la dirección regional del Partido Comunista, declaró que “Las organizaciones sociales de los territorios más vulnerables, están indignadas con los hechos denunciados, porque son nuevamente víctimas de graves irregularidades de personas en cargos de poder en la región, lo que provoca un ambiente de desconfianza impropio de un Estado democrático. La irresponsabilidad de la principal autoridad política y administrativa de la región es realmente inaceptable”.
Al cierre de esta nota se conoció a través de un medio de prensa que en Iquique se está denunciando a la CGR ilicitudes en la adquisición de cajas de alimentos también con recursos del FNDR de emergencia.
