Un trastabillado acuerdo

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Fuentes de gobierno dicen que “está listo”, pese a controversias y dudas. Se debate el tema de montos, pero también de lo real de medidas a tomar ante crisis social.

Patricia Ryan. Periodista. 11/06/2020. Hay una falacia cuando se habla de que está en marcha un acuerdo nacional o un plan de emergencia concordado entre el gobierno y la oposición. Porque las tratativas de estos días han sido entre unos cinco partidos opositores, y al menos la misma cantidad no ha participado. Y lo que se pudiera definir como oposición social, o representación social, fue excluida de participar en un acuerdo, pese a que se trata de la fijación de montos de dinero y medidas para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, que tiene un alto impacto social, laboral, humano y económico.

Se pudiera establecer entonces, que un posible consenso entre un sector de la oposición política y el gobierno -incluidos, por cierto, los partidos del conglomera de derecha “Chile Vamos”- no será más que eso, y por eso mismo se prevén cuestionamientos de otro sector de la oposición y de organizaciones sociales, sindicales y de la sociedad civil.

Ha sido un proceso lleno de traspiés, confusiones, desconfianzas y tiras y aflojas, aunque altos personeros del ministerio Secretaría General de la Presidencia aseguraron a periodistas que “el acuerdo está listo”. Al parecer, todo podría allegarse en torno de los 12 mil millones de dólares como gasto a realizar en el plan de emergencia, en un periodo de varios meses. Esa cifra, eso sí, estaría debajo de los 15 mil millones de dólares planteados por el foro de economistas, de los 20 mil millones que se indicó desde personeros opositores, por arriba de los 8 mil millones que sostuvo el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín y economistas de derecha, y de los 10 mil millones que hace unas 48 horas ofreció el gobierno.

También existiría un consenso en cuanto a dónde destinar y en qué volumen esos recursos, de tal manera de paliar la crisis social en sectores de la población, sobre todo los vulnerables, es decir, los pobres.

Lo que ocurre es que en aquello también surgieron dudas, apreciaciones distintas y hasta críticas al posible acuerdo. Por ejemplo, en cuánto realmente aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia, sobre todo ubicándole por encima de la línea de la pobreza, y cómo se analizará el tema de “sectores vulnerables”, si se tiene en cuenta que ya hay unos 2 millones de desempleados y se está registrando un alza en los niveles de pobreza en todo el país. Alguien sostuvo, “qué pasará con esos millones de personas que eran consideradas clase media y ahora están sin sueldo, cesantes, sin recursos”, es decir, entrando en la pobreza.

Es que más allá de las cifras, hay un factor cualitativo de respuesta a las necesidades de la población que el acuerdo entre el gobierno y un sector opositor no estaría aterrizando. Algo de eso hay, por ejemplo, respecto a la canalización de recursos a través de las municipalidades. Tampoco se está considerando el plan de emergencia, presentado en dos versiones actualizadas, por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ni los estudios y propuestas de fundaciones, centros de estudios, partidos y conglomerados políticos y bancadas parlamentarias.

“El gobierno no está escuchando” es una frase que se ha repetido en estos días, incluso de parte de dirigentes de colectividades que están sentadas en la mesa con los representantes gubernamentales. Ahí, dentro de la complejidad de lo que se vive, estriba un riesgo en cuanto a que finalmente no haya acuerdo, algo que no está del todo descartado. Porque si las autoridades no responden afirmativamente a parte sustancial, al menos, de lo planteado desde la oposición, incluidos los que están negociando, todo se puede ir al vacío. Algunos recuerdan la experiencia en las tratativas por el Ingreso Familiar de Emergencia, donde el gobierno no acogió nada de lo planteado por la oposición, no elevó en nada el monto, ante el revés de la votación en el Parlamento metió un veto presidencial, y terminó chantajeando a los opositores, a los que no les quedó más remedio que votar a favor de la propuesta del Ejecutivo porque de lo contrario a la gente no le llegaría nada.

Estos días son determinantes porque el gobierno impuso alcanzar el acuerdo esta semana, y está decidido a cumplirlo, abriendo la arista de que si no se concreta, sería por responsabilidad de los partidos que están sentados negociando. El tema del reloj político corre en este tema relevante.

En todo caso hay que tener en cuenta que lo que se acuerde debe ir al Congreso Nacional que es donde se deberá formalizar el plan de emergencia y votar sobre los montos y otras materias. Ahí se volverá a armar un fuerte debate.

Mezcla de objetivos y realidades económicas, sociales y políticas, donde a la opinión pública no termina quedándole claro si todo esto traerá o no beneficios extendidos frente a la crisis social, laboral y alimentaria que está en desarrollo.

 

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