¿Están dispuestos los convocantes a concordar un nuevo país en que los derechos estén garantizados, recogiendo las demandas que hemos planteado desde en el estallido social?”.

Jaime Insunza B.

Profesor de Historia

27/05/2020. La pandemia ha hecho más evidente no solo la profunda crisis del modelo impuesto en nuestro país violenta y criminalmente por la dictadura y la derecha, sino también las profundas injusticias y desigualdades que imperan en nuestro en Chile.

Las grandes movilizaciones sociales en las que millones de chilenos estuvimos en las calles fueron claras en sus exigencias: nueva Constitución, democracia, nuevo proyecto de desarrollo que garantice los derechos y termine con los abusos de los grandes empresarios que hacen de ellos grandes negocios.

El pésimo e irresponsable manejo gubernamental de la pandemia, que ha significado muertes, hambre, represión, hacen aún más evidente la necesidad de un cambio profundo.

Como queda en evidencia en las últimas semanas, este mal manejo de la pandemia pareciera tener un fin político: utilizar la tragedia para detener la movilización social, fortalecer el aparato represivo.

Durante semanas el gobierno ha estado manipulando las cifras de la pandemia y ha intentado presentar su modo de enfrentarla como uno de los más exitosos, pese a que es que el cuarto país de Sudamérica con más fallecidos en relación a su población (40,9 por millón de habitantes, al 25/05/2020) solo superado por Ecuador, Perú y Brasil. Asimismo, hoy, Chile se ubicó en el puesto dos a nivel mundial en el promedio de casos diarios por millón de habitantes y superó a los países más golpeados por la pandemia.

Se planteó una “nueva normalidad”, ante el rechazo ciudadano, se inventó el “retorno seguro” y se comenzó a pensar en abrir malls, colegios, entre otras cosas.

Paralelamente, la mano derecha del Presidente, el ex ministro Chadwick,  intentó un cambio de discurso: suspender el plebiscito constitucional  y, de inmediato, lo siguieron Blumel y el propio Presidente.

Ante el inmediato incremento de las cifras de contagiados y muertos, la “nueva normalidad”, el “retorno seguro”, la propuesta de Chadwick y Cubillos desaparecieron del discurso, pero toda esa fraseología y maniobras han significado muerte, hambre, desempleo, cierre de empresas afectando a millones de chilenos.

Entonces, ahora, inventan la necesidad de un gran acuerdo nacional, para lo cual, un personero de la oposición se presta al juego del engaño y plantea una propuesta que no cambia nada esencial.

Los chilenos ya sabemos de esto. En 1986, la lucha del pueblo chileno tenía en las cuerdas a la dictadura. Las jornadas de protesta que habían movilizado a millones en todo el país pese a la violenta represión dictatorial que había dejado decenas de muertos, habían abierto las grandes alamedas.

Al igual que hoy, un sector de las fuerzas políticas que habían sido participes de esas luchas, aunque algunas de ellas habían, inicialmente, apoyado el golpe, aceptó el llamado de la dictadura a un acuerdo nacional.

El resultado es conocido. La dictadura permaneció acorde al calendario que ella había establecido. Prácticamente, cuatro años más. El dictador permaneció como Comandante en Jefe del Ejército. El modelo económico impuesto a sangre y fuego permaneció esencialmente intacto.

A todo ello, respondió el estadillo social.

Los chilenos nos cansamos de 30 años de injusticias.

De las AFP que entregan pensiones miserables y declaran sin inmutarse utilidades escandalosas, de las ISAPRES que hacen negocio con la salud de los chilenos y que al igual que las AFP en plena pandemia anuncian reajuste de sus cuotas y alardean con inmensas utilidades, de la educación segmentada y convertida en negocio que obliga a las familias y a los estudiantes a endeudarse de por vida para ejercer su derecho, de las viviendas indignas en que las familias viven hacinadas como la pandemia ha puesto en evidencia, de las profundas desigualdades que ubican a nuestro país como uno de los más desiguales del mundo, de la escandalosa concentración de la riqueza que significa que el 1% de los chilenos concentra más del 30% del PIB.

Si el “acuerdo nacional” del 86 significó, en lo principal, que los derechos sociales básicos se convertían en negocios, ¿el “acuerdo nacional” que hoy se propone es para mantener este modelo de sociedad?

¿Están dispuestos los convocantes a pensar y concordar un nuevo país en el que los derechos estén garantizados para todos, recogiendo las demandas que los chilenos hemos planteado desde en el estallido social, las exigencias de las organizaciones y movimientos sociales?

O, ¿esta convocatoria es una más de las “frases” como la “nueva normalidad”, el “retorno seguro” y tantas otras que han repetido el Presidente y sus ministros y que luego han quedado solo en palabrería hueca que sólo busca utilizar el drama y la tragedia que viven los chilenos para intentar tapar el irresponsable manejo de la pandemia e intentar salvar su gobierno y modelo en crisis?

El país exige un mínimo de seriedad.