Sr. Ministro: No hay expropiación, sino reivindicación

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El titular de Economía, ha emplazado a los senadores que presentaron el proyecto de nacionalización de los fondos de pensiones administrados por la AFP.

Pedro Aravena Rivera

Abogado

Santiago. 03/05/2020. El Sr. Lucas Palacio, Ministro de Economía, ha emplazado a los senadores que presentaron el proyecto de nacionalización de los fondos de pensiones administrados por la AFP y que suprime a estas últimas como integrantes del sistema de pensiones. Para caracterizar dicha iniciativa parlamentaria, no encontró nada mejor que invocar el concepto de expropiación, palabra con una alta carga emocional negativa, especialmente para los actuales círculos de poder, al punto que más de alguien podría acusarlo de atentar en contra de orden público económico, por tales afirmaciones.

En lo sustancial, sin embargo, ha sacado mal las cuentas si pensó que con ese tipo de argumentaciones neutralizaría la propuesta legislativa, en sus inicios, no solo porque los tiempos políticos y sociales no están precisamente a favor de la continuidad del actual sistema, -que se dé previsional no tiene nada-, manejado por las AFP, sino, porque ese tipo de contraargumentos son absolutamente equívocos y falaces, por cuanto permiten poner al desnudo su origen espurio.

Estrictamente, en materia previsional, los únicos expropiados han sido las personas que viven de una remuneración, con motivo de la dictación del decreto ley N° 3.500, el 13 de noviembre de 1980, que a contar de esa fecha les ha impuesto un sistema de descuentos individuales obligatorio a favor de las AFP,  que recae sobre los ingresos mensuales de los trabajadores de lo sectores públicos y privados, con la promesa incierta de que se le pagarían las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, suficientes para subsistir cuando pasen a ser parte del sector pasivo.

Esta apropiación privada de los fondos sociales que estaban acumulados en las distintas cajas de previsión que componían el ex sistema solidario de reparto, existente a esa fecha, no significó desembolso alguno para los grupos financieros beneficiados. La privatización del sistema de pensiones, cuya finalidad principal fue conceder graciosamente dichos recursos al capital financiero privado, fue un acto violencia ilegítima, impuesto en un régimen de terrorismo de estado, que impidió el rechazo y la protesta de los afectados de esa brutal arbitrariedad. En suma, una expropiación a favor del capital financiero transnacional, sin indemnización alguna.

Muchos imponentes del antiguo sistema se vieron forzados a incorporarse a las AFP, bajo amenaza de despido o derechamente intimidación y todas las nuevas generaciones laborales no tuvieron otra opción que someterse, en un contexto de mentiras y falsedades que pregonaban pensiones muy similares a los ingresos de actividad.

Con el transcurso de los años se fue haciendo evidente la triste realidad de las pensiones miserables que otorga el sistema de las AFP, así lo demuestran los últimos informes la Superintendencia de Pensiones, cuya función real no es proteger a los afiliados, sino la libre competencia entre quienes detentan la propiedad de esas curiosas administradoras. En efecto, el promedio de las pensiones es de $ 207.961 mensuales, un poco más de dos tercios del ingreso mínimo, mientras, con un grado de frialdad insultante, hemos sido noticiados de que en éstos mismos días, los socios de las compañías propietarias de algunas AFP se repartirán sus ganancias anuales ascendentes a más de 180 millones de dólares y que como sabemos, estas opíparas ganancias conllevan premios adicionales a sus ejecutivos, tales como orgías en paraísos tropicales, con cargo a nuestras remuneraciones, obviamente.

Con solo un parte esas millonarios premios, se podría incrementar de manera importante las pensiones misérrimas que padecen sus afiliados. Tales utilidades son de las más seguras del mercado, pues se extraen de una clientela cautiva legalmente, obligada entregar una parte de sus ingresos para que sean administradas por las AFP, forzada a acatar un contrato de administración inequitativo, ya que los administradores tienen asegurada sus comisiones cualquiera sea el resultado de su gestión, pagos que perciben en forma anticipada lo hagan bien o mal, no estando obligado el administrador a un resultado determinado, ni tampoco a dar cuenta de la manera en que efectuó su cometido.

No Sr. Ministro, se equivoca, el proyecto presentado en el Senado no expropia, sino que reivindica a los esquilmados, al restituirles a sus titulares, los imponentes, el derecho a la seguridad social, cuyo legítimo y único propietario es la sociedad chilena en su conjunto, para ser destinado a la creación de un verdadero sistema de pensiones, con beneficios precisos y garantías reales de los fondos perteneciente a los trabajadores, no sujeto a los vaivenes de agio especulativo, que pueda invertir en grandes proyectos de desarrollo para el país y no jugar a la ruleta en mercados financieros extranjeros, en donde el Estado con todas sus capacidades tenga un rol decisivo en su inversión y control, incluyendo, en determinadas áreas, la asociación con sectores privados que hagan un aporte real a la economía del país, como lo hicieran en otros períodos de nuestra historia. De forma tal que permitan financiar un régimen de pensiones que honre la justicia social y que sea coadministrado por sus afiliados.

 

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