Dicho proyecto acaba con el abuso del ahorro forzoso. La palabra la tienen los parlamenarios.
Santiago. 05/2020. Declaración CENDA
CENDA apoya decididamente el proyecto de ley presentado por cinco senadoras y senadores, que deroga el DL3.500 que creó las AFP y reconstruye el sistema público de pensiones. Dicho proyecto acaba con el abuso del ahorro forzoso. Recupera para las trabajadoras, trabajadores y sus mayores, las cotizaciones previsionales y el fondo de ahorro forzoso que por décadas se han apropiado un puñado de grandes empresarios para financiar sus negocios a costa de la miseria de millones de jubiladas y jubilados.
El 29 de abril del presente año 2020, las H. Senadoras y Senadores, Yasna Provoste, Ximena Órdenes, Juan Ignacio Latorre, Alfonso de Urresti y Alejandro Navarro, con apoyo del movimiento No+AFP encabezado por su vocero Luis Mesina, han presentado un proyecto de ley que deroga el Decreto Ley 3.500 de 1980, nacionaliza los ahorros obligatorios, que administran las AFP, traspasa las funciones de la Superintendencia de Pensiones, del Instituto de Previsión Social e Instituto de Seguridad Laboral al nuevo Instituto de Seguridad Social de Chile, crea el Sistema de Pensiones Solidarias y la Pensión Básica Universal.
El proyecto acaba con el ahorro forzoso, destinando en lo sucesivo las cotizaciones al pago de pensiones, con una tasa de reemplazo definida, relacionada con los aportes efectuados por el trabajador, con topes máximos y un piso básico equivalente al salario mínimo. Las pensiones actuales se reajustarán al nivel de las nuevas pensiones así definidas. Restablece el financiamiento tripartito y prevé una disminución de los aportes de cargo del trabajador.
El proyecto crea el nuevo Instituto de Seguridad Social de Chile. Éste se constituye como un organismo público autónomo donde se fusionan las actuales instituciones estatales relacionadas con previsión, con participación de los trabajadores en su dirección. Asume la recaudación de cotizaciones, pago de pensiones y gestión de las reservas técnicas del sistema. El proyecto mantiene explícitamente la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos actuales y establece mecanismos de resguardo de los mismos.
Éstas son precisamente las reformas que el país requiere para resolver el problema de las bajas pensiones y acabar con el abuso del ahorro forzoso. Se trata además de un proyecto cuyo mensaje constituye un documento de por sí valioso, que junto a sus referencias merece ser estudiado con detención por todos los interesados en el tema.
Por estos motivos, entre otros, el proyecto amerita el apoyo decidido de todo el país, sin perjuicio de necesarias precisiones en aspectos tales como tasas de cotización requeridas, destinos de inversiones de reservas técnicas del sistema y otros aspectos planteados que pueden ser resueltos en el debate parlamentario nacional.
El proyecto ya ha tenido un importante impacto político, forzando al sistema de AFP y sus agentes en diversos ámbitos a movilizarse en su contra. Como dicen sus promotores, la aprobación de un proyecto de estas características en el parlamento significa un mensaje político que el gobierno no puede desconocer. Si se logran mayorías que la oposición formalmente tiene, ello resultaría decisivo.
Sin embargo, se trata de un proyecto de carácter nacional, como lo es el tema de las pensiones. Las AFP cuentan con muchos defensores entre autoridades y partidarios del gobierno, pero el abuso del ahorro forzoso y las bajas pensiones resultantes no distinguen afiliación política.
Tampoco tiene carácter partidario el déficit fiscal que se origina en la irracionalidad del ahorro forzoso. Éste significa endeudar al fisco para gastar un quinto de su presupuesto en financiar tres cuartos de las pensiones pagadas hoy, mientras supuestamente se “ahorra” para el futuro cotizaciones que equivale asimismo a un quinto del presupuesto fiscal.
Ello ha sido siempre irracional, pero es una irresponsabilidad criminal en circunstancias que los mercados financieros atraviesan una crisis profunda y el país necesita muchos recursos para enfrentar las simultáneas crisis sanitaria y económica que atraviesa.
Es precisamente por las razones anteriores que la mayoría de los países que los había implementado parcialmente, algunos con gobiernos de derecha, han revertido mediante proyectos parecidos la privatización de sus sistemas de pensiones en los últimos años. Sus poblaciones suman cerca de 400 millones de personas, como recuerda el proyecto. Es lo que sin duda Chile pondrá en práctica más temprano que tarde.
Sin duda un entendimiento amplio para sacar adelante esta transformación imprescindible fortalecería el sistema democrático. El Parlamento tiene ahora la palabra. El pueblo está observando cómo va a reaccionar cada uno de sus integrantes.
Directorio CENDA, 30 de Abril 2020
