No únicamente nos encontramos ante descalificaciones sino también ante una discriminación por la condición de mujer de la concejala Marcela Abedrapo.

Santiago Trincado Moreno

Abogado

 21/04/2020. La semana pasada en redes sociales, en plena crisis sanitaria por el Covid-19, se difundió ampliamente la grabación de los concejos municipales del 8 y 15 de abril del municipio de comuna de La Florida, en los cuales el alcalde Rodolfo Carter insultaba a la concejala Marcela Abedrapo, tratándola de miserable y descalificándola desde el plano humano.

La publicación del concejal Nicolás Hurtado denunciando el maltrato que recibía la concejala logró visualizar el trato existente en los concejos municipales de La Florida, mientras el alcalde desfila felizmente en los matinales televisivos, clamando por unidad, en el espacio de deliberación municipal los concejales de oposición reciben la más injustificada violencia y persecución.

La concejala Abedrapo, valientemente, tomó la decisión de denunciar estos hechos públicamente y querellarse en contra de Rodolfo Carter por las injurias graves cometidas en su contra. No únicamente nos encontramos ante descalificaciones sino que también ante una discriminación en el trato por la condición de mujer de la concejala denunciante, por lo cual en la querella se invocó la ley antidiscriminación, también denominada Ley Zamudio, como agravante del delito.

Carter no es primera vez que tendrá que enfrentar la justicia, también debió enfrentar la justicia electoral que en fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) tomó la decisión de suspenderlo de sus funciones por un mes debido a graves irregularidades en la administración municipal (Marzo 2019).

Asimismo, la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoria cuestionando el uso y administración de veintiocho mil millones de pesos (Febrero 2018) y que tuvo como consecuencia que los concejales Marcela Abedrapo (PC), Nicolás Hurtado (PC), Claudio Arredondo (IND) y Nicanor Herrera (PS) se querellarán ante el 14º Juzgado de Garantía de Santiago por eventual malversación de fondos, encontrándose actualmente en estado de investigación.

Hoy la violencia ejercida por Carter se encuentra en manos de la justicia, que debe establecer su imperio sancionando a un Alcalde que se comporta como un verdadero patrón de fundo en el espacio público y no respeta códigos mínimos del dialogo democrático.

 

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