Si los criminales de lesa humanidad encuentran el modo de quedar impunes incluso cuando el Ejecutivo los excluye de sus proyectos de indulto, ¿qué podemos esperar del ordenamiento estatal?

 Ignacio Libretti

Santiago. 21/04/2020. El jueves 16 de abril de 2020, Sebastián Piñera promulgó la ley de Indulto General Conmutativo, la cual, por motivos sanitarios ligados a la expansión nacional del coronavirus, otorgará reclusión domiciliaria total a la población penal de alto riesgo, beneficiando aproximadamente a 1700 reos. El proyecto no estuvo exento de polémicas. Principalmente, debido a la exclusión de aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad. Esto último motivó la presentación de dos recursos de amparo por partes de parlamentarios de Chile Vamos -incluyendo algunos rostros “progresistas” del conglomerado, tales como Mario Desbordes o Felipe Kast- ante el Tribunal Constitucional, acusando “discriminación arbitraria” en la formulación de la normativa. Su objetivo explícito era extender el beneficio en cuestión a los residentes de la cárcel de Punta Peuco, todos condenados por causas ligadas a la violación de Derechos Humanos durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Aunque el tribunal rechazó sus requerimientos, dando el visto bueno al proyecto del ejecutivo, no fueron precisamente perjudicados. Pues lo que por un lado se pierde, por el otro se gana.

El miércoles 15 de abril de 2020, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, su presidente, la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Cristián Lepin Molina, emanaron un fallo en segunda instancia que revoca o reduce las penas a que fueron condenados en primera instancia Pedro Espinoza Bravo (protagonista de la Caravana de la Muerte y hombre de confianza de Manuel Contreras), Rolf Wenderoth Pozo, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza, Carlos Eusebio López Inostroza y Hermon Helec Alfaro Mundaca, Gladys Calderón Carreño, Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovich y Gustavo Guerrero Aguilera, Ciro Torré Sáe, Juan Morales Salgado, Ricardo Lawrence Mires y Jorge Andrade Gómez, agentes de la DINA involucrados en secuestros, torturas y desapariciones forzadas de 17 militantes comunistas durante la dictadura militar, arguyendo que “no se trata, de un grupo de militares que procedieron por sí y ante sí deteniendo arbitrariamente a una persona y matándola una vez privada de libertad, se trata de un proceso de política de Estado fijada por el nuevo orden de cosas imperante a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 1973”. De este modo, la Corte de Apelaciones de Santiago justificó las prácticas genocidas del Estado, sentando un peligroso precedente en lo referente a las prácticas negacionistas en Chile.

Dicho esto, cabe preguntarnos: ¿acaso estos dos sucesos son indisociables entre sí? Creemos que no. Solo es cuestión de observar los hechos. Mientras el Tribunal Constitucional rechazaba el primer recurso de amparo presentado por senadores de Chile Vamos, quienes respondieron formulando un nuevo recurso a nombre de sus diputados -incluyendo la firma del nuevo presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen-, la Corte de Apelaciones de Santiago revocaba o reducía las penas de los agentes de la DINA condenados por crímenes de lesa humanidad, complaciendo a los actuales representantes políticos de la dictadura militar. Por ese motivo, no es de sorprender que aquel segundo recurso de amparo fuera retirado voluntariamente por sus autores. En rigor, Chile Vamos ya había logrado su verdadero objetivo: la impunidad de criminales dispuestos a cumplir nuevamente “con su deber” cuando la clase dominante así lo requiera. Todo indica que, en este punto, operó la lógica de “lo uno por lo otro”: Chile Vamos renuncia a extender el Indulto General Conmutativo a criminales de lesa humanidad a cambio de salvar el pellejo de otros criminales, menos conocidos mediáticamente, que podrían serle tanto o más útiles en el futuro. El asunto reviste una gravedad que aún no logramos dimensionar.

El coronavirus puso pausa a la coyuntura política nacional. Sin embargo, como en toda pausa, en ésta coexisten lo dado y lo por venir; o dicho en términos simples, cada clase social está preparando su vuelta a las calles una vez controlada la pandemia. Al respecto, considerando la crisis económica mundial y nacional en ciernes, las medidas de pauperización laboral que fomenta el gobierno, los efectos psicológicos del encierro y, como si fuera poco, el negacionismo estatal -complemento de la violación sistemática de Derechos Humanos desde inicios del estallido social-, no podemos menos que vaticinar un panorama sumamente complejo, donde solamente la unidad y la lucha -en todas sus expresiones- permitirán al pueblo chileno resistir el paquete de medidas neoliberales con que el Fondo Monetario Internacional tratará de cargar el peso de la crisis a los trabajadores.

Por lo anterior, creemos que al coronavirus le sigue una epidemia todavía peor, que está en incubación desde en Chile desde hace décadas: el virus de la impunidad. Impunidad de quienes ya cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, los que, aprovechando la situación sanitaria, vuelven a las calles con el salvoconducto (y la bendición) del Estado. Impunidad del gobierno encabezado por Piñera, empeñado en reactivar la economía a costa de la salud de toda la población, oyendo solamente las recomendaciones de la CPC. Impunidad de los patrones, cómo no, que priorizan sus ganancias mezquinas antes que el bienestar de sus obreros, desconociendo que éstos son la verdadera fuente de sus riquezas. Impunidad, finalmente, por venir: carta blanca para hacer y deshacer obedeciendo únicamente las directrices de la clase dominante, convirtiendo al estado de excepción en la nueva normalidad.

Si los criminales de lesa humanidad encuentran el modo de quedar impunes incluso cuando el Ejecutivo los excluye de sus proyectos de indulto, ¿qué podemos esperar del ordenamiento estatal vigente? Todo indica que es cada vez más urgente cambiar la Constitución Política de Chile. Pero hacerlo sin transformar el estado de cosas dado, apoyado en la base y superestructura neoliberales, no garantiza que las demandas sociales se conviertan en directrices estatales. De ahí la necesidad de bregar nuevamente por la Asamblea Constituyente, y con ella, por un nuevo modelo económico-social para Chile. De lo contrario, seguirán existiendo intereses económicos que justificarán la violación sistemática de Derechos Humanos, generando la propagación del virus de la impunidad.

 

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