La comparación de equipamiento de fuerzas especiales o soldados que salieron en condiciones de excepción, y el de los trabajadores de salud, marcan una prioridad.
Iván Sepúlveda. Analista políticas estratégicas. 15/04/2020. Tenemos un gobierno que al contrario de lo que establece la Organización Mundial de Salud desestima las estrategias principales probadas con éxito en otros países para frenar esta calamidad. Hay una pretensión de trabajar para presentar cada día estadística positivas por sobre el real estado de la salud de la población, convirtiendo todo el esfuerzo del Estado en una estrategia de relaciones públicas.
La propagación de esta enfermedad en sectores populares creará una situación muy difícil de administrar para los municipios y la red de centros de salud de Atención Primaria. Hay evidencia de que los resultados que se entregan a diario llevan un desfase que nace de la misma capacidad limitada de procesar la cantidad de test que se toman en la red pública de salud.
Las condiciones en las que trabaja el sector público de la salud, desde los hospitales a las Postas más sencillas, es precaria por que ha así ha sido diseñada. Tenemos un país que destina recursos impresionante para equipamiento bélico de primer mundo, pero es incapaz de de realizar el mismo esfuerzo para garantizar la seguridad y salud de su población.
La noción de la seguridad de un país, que cada vez requiere un enfoque de múltiples dimensiones, pues así de distintos son los riesgos y amenazas para los cuales debe prepararse, han desnudado en desbalance entre la capacidad bélica de un país, que no está sometido a riesgo de agresión exterior eminente o próxima y las carencias de un sistema de salud incapaz de contar con el equipamiento necesario para enfrentar una situación como esta tragedia.
La mera comparación del equipamiento de las fuerzas especiales o de los soldados que salieron y han salido en condiciones de excepción, tras el estallido social y el de los trabajadores de salud, marcan una prioridad del Estado, marcada por la defensa de un modelo que se asume como la organización natural e inequívoca del país y la desprotección más apabullante de amplios sectores de la población en salud, previsión, vivienda y educación. Nada evidencia que significa este Estado y este orden constitucional que lo que estamos viviendo.
Una nueva política de seguridad es una consecuencia impostergable de lo que estamos viviendo, la mera reducción a la represión y a la seguridad del territorio físico de posibles enemigos que carecen de la menor capacidad militar de sostener un esfuerzo bélico en contra de Chile, se hace indispensable. La noción de la seguridad como una amplia gama de aspectos que deben proteger no solo una extensión física, los bienes, sino a lo esencial que hace a un país, su población es uno de los contenidos más necesarios, en un momentos en que la contra ofensiva de los sectores dominantes, pretenden arrasar aun más con los derechos sociales y laborales.
Estamos asistiendo a la expresión más dura de la necesidad de contar con un sistema público distinto al que tenemos. El desprecio de las autoridades de gobierno a las opiniones y aportes de los gremios de salud y a los propios alcaldes de las comunas más necesitadas, habla de un gobierno que no sabe escuchar y actúa desde un miedo y una soberbia grosera como la foto del presidente en un espacio público del que no podría disponer si no fuera por la condiciones de excepcionalidad que vivimos.
La hora de los cambios no se ha marchado, sino se hace más patente y necesaria. Los hechos hablan por sí mismos.
