Declaración a partir de intentos del gobierno. Argumentos para cuestionar esa medida.

Valparaíso. O4/2020. El siguiente es el texto íntegro de una declaración de la organización Izquierda Cristiana (IC), frente a las acciones del gobierno para excarcelar a ex uniformados procesados y condenados violadores de derechos humanos:

La posición de la Izquierda Cristiana frente a los indultos propuestos por el gobierno para violadores de derechos humanos.

Lo primero que tenemos que declarar es que estimamos que en sí mismo constituye una nueva violación a los derechos humanos, el indulto que pretende otorgar el gobierno a los violadores de derechos humanos, esta vez amparándose en la pandemia del Covid 19.

En este mismo sentido nos parece de extrema  grave el recurso de amparo que ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 1 de abril de 2020, (que fue desestimado y no acogido a tramitación  por ésta); la extrema gravedad es que éste haya sido presentado bajo el patrocinio de importantes personeros religiosos del país, el obispo de la Iglesia Anglicana, Alfred Cooper; el sacerdote jesuita, Fernando Montes; el asistente pastoral, Fernando Escudero y el pastor adventista, Ricardo Pereira.

Los argumentos que exponían hacían referencia a las condiciones de salud de los militares retirados, adultos mayores con enfermedades de base y por ende vulnerables al Covid-19, por lo que, según los recurrentes resultaba pertinente «se les permitiera cumplir la pena en sus respectivos domicilios o “por el tiempo que dure la pandemia del coronavirus».

Habría que recordarle a los hermanos que presentan este amparo que, para los cristianos, el perdón supone tres actitudes del ofensor:

1.- Arrepentimiento sincero.

2.- Intento por reparar el mal causado.

3.- Humildemente aceptar el castigo impuesto.

Ninguna de estas tres condiciones se pueden apreciar en los violadores de derechos humanos, quienes siempre han justificado su accionar en discursos nacionalistas; nunca han intentado reparar el mal causado, ni siquiera promoviendo la búsqueda de la verdad; durante años, con mentiras y triquiñuelas, eludieron la justicia para evitar su castigo.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago contrasta con la posición del presidente, Sebastián Piñera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela y el director de Gendarmería, Christian Alveal, quienes han defendido la ley de indultos para militares condenados por derechos humanos en Chile.

En materia de crímenes de lesa humanidad, como los que se cometieron en la dictadura cívico militar de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, no puede, ni debe haber indulto alguno. Ni el Presidente Piñera, ni personeros de la Iglesia Católica, ni miembros de las iglesias evangélicas, ni el Congreso Nacional, ni ninguna autoridad de cualquier naturaleza, puede, ni debe pretender conceder indultos a criminales de los derechos humanos. Hacerlo constituye una nueva violación de los derechos humanos, una violación al ius cogens y a las normas y declaraciones de derechos humanos que han sido ratificadas por Chile.

Aún en la ilegítima Constitución del 80, se establece en su artículo 5 inciso 2  la obligación del Estado de promover y respetar los derechos humanos que consagra la constitución y los tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

De hecho, el 3 de diciembre de 1973, mediante la Resolución 3074 (XXVIII) la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitió una declaración denominada: “Principio de cooperación internacional para la identificación, detención, extradición y castigo a los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad”, ésta, recién iniciada la dictadura militar, fue suscrita por nuestro país.

El numeral uno de esa declaración señala:

“1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.”

Por lo que conceder cualquier forma de indulto a un violador de derechos humanos implica quebrar y violar esta obligación de detención, enjuiciamiento y castigo a los que han cometido crímenes de lesa humanidad. el indulto siempre va a significar un menoscabo del castigo. Y una iniciativa como la que se pretende puede significar la condonación de toda la pena o de una condonación parcial.

Los indultos no pueden ser una resistencia o un obstáculo que se imponga, el derecho internacional en los crímenes de lesa humanidad. Ya que debe primar la necesidad de resguardar  el concepto de imprescriptibilidad para este tipo de delitos, lo que  significa que en cualquier lugar y en cualquier tiempo en que se hayan cometido estas afrentas a la humanidad, los autores deberán ser enjuiciados y castigados. La sanción debe ser ejemplar y debe tener consecuencias para las sociedades del presente y del futuro.

Así se cumple con una función de la pena, que es prevenir, para que el delincuente sepa lo que significó su actuar antijurídico e ilegítimo y para anunciarle a la sociedad que cualquiera que cometa estos delitos va a tener las mismas consecuencias sobre su persona en cuanto a la privación de la libertad y del castigo que le va a imponer el Estado.

Indiscutiblemente, en materias de derechos humanos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han producido avances en estos ultimos 72 años, siempre insuficientes, pero avances al fin, lo que se traduce en una ampliación del catálogo de los derechos de las personas, de las comunidades y pueblos indígenas, de la naturaleza y de los deberes de los Estados para su protección.

Para los violadores a los derechos humanos existe un cerco,  que no pueden traspasar sin tener que sufrir los efectos negativos de ser reconocido como un violador a los derechos humanos, es por ello que tarde o temprano los responsables de las violaciones a los derechos humanos de la revuelta social que se inicia en octubre de 2019 van a caer, si no es en Chile, en cualquier país del mundo donde se atrevan a poner un pie; esa será una demostración más de  la gran injerencia que tiene el derecho internacional de los derechos humanos en la humanidad que construimos hoy.

Finalmente, un recordatorio:

1.- En el caso del sistema penal de Alemania, que tanto gusta mirar a los juristas chilenos, se prevé dos tipos de sanciones por actos criminales. Por un lado, las multas económicas, la más común. Por el otro, las sentencias a prisión, que oscilan entre penas de entre un mes y hasta 15 años de cárcel, se contempla la prisión permanente revisable, pero con importantes excepciones, no se aplica en los casos de homicidio, genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad.

2.- En Alemania el año 2015 se produjo el juicio en contra de Oskar Groning, ex contador del campo de concentración de Auschwitz, quien fue condenado, a sus 88 años, a cuatro años de prisión por complicidad en el asesinato de 300 mil judíos.

En el caso de Heinrich Boere quien fue condenado a cadena perpetua el año 2010,  murió en prisión en 2013 a los 92 años cumpliendo su condena.

El más  famoso caso, de Rudolf Hess, quien a los 93 años se suicidó en el año 1987, cumpliendo condena a cadena perpetua.

3.- Recordemos finalmente que en el caso de la Justicia Argentina destaca el del último dictador  (1983) Reynaldo Bignone, condenado cinco veces por delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas, robo de guaguas nacidas durante el cautiverio de sus madres. Su última condena se emitió en 2016, un tribunal lo sentenció a 15 años por su responsabilidad en el Plan Cóndor. Fue su última pena, ya que murió en prisión el  siete de marzo de 2018 a los 90 años de edad.

No hay reparación en materias de derechos humanos, sino hay efectivo castigo para los culpables; es la única forma que ha encontrado la humanidad para precaver que tan ignominiosos crímenes no vuelvan a repetirse.

Ven seremos.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA,  HÉCTOR SOTO,  VALENTINA CASTRO.

 

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