La pugna por beneficios a los de Punta Peuco. La incertidumbre y temores de trabajadores. Claves continuas de la pandemia.
Equipo ES. 10/04/2020. La pugna por beneficios a los de Punta Peuco
El gobierno, esta semana como el año pasado, volvió a abrir la posibilidad de indulto y de salida de Punta Peuco hacia sus casas, de muchos ex uniformados procesados y condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos (DDHH) durante la dictadura cívico-militar. Está recurriendo a un proyecto que denominó “ley humanitaria” y a indulto presidencial.
Generó cierta confusión, que apuntó a ser una trampa legislativa, el que se presentara otra iniciativa de ley, ya aprobada, de indulto conmutativo para adultos mayores, mujeres embarazadas y otros pocos casos, presos por delitos comunes no graves. En ese proyecto, los partidos de derecha quisieron incluir a los represores condenados; como ni el gobierno lo aceptó, de nueva cuenta recurrieron al Tribunal Constitucional para echar abajo ese proyecto.
Un elemento es que personeros de la derecha, abogados de ex militares y ex carabineros, partidarios de la dictadura y grupos ultraderechistas, quieren aprovechar el marco de la pandemia del coronavirus para poder sacar de Punta Peuco a quienes defienden.
En definitiva, en estas semanas se observó una ofensiva de esos sectores para que muchos de los condenados por crímenes de lesa humanidad y violadores de derechos humanos -se busca para los enfermos y mayores de 75 años- puedan irse a sus casas. Esto va a continuar en las semanas que viene, con posibilidades de que se logre, sobre todo por vía de indulto presidencial. El propio Sebastián Piñera explicitó su respaldo a esa medida y con ello espera cumplir una promesa con los ex uniformados, sus familiares y abogados.
Varios organismos de DDHH, juristas y agrupaciones de familiares de las víctimas, volvieron a insistir que aquello vulnera el derecho internacional, normativas nacionales y que constituye una acción anti ética y de impunidad.
Está en curso, entonces, también una movilización para impedir que se concreten indultos presidenciales a detenidos en Punta Peuco y para que salga adelante la llamada “ley humanitaria”.
Sería un golpe sin precedente en materia de DDHH, si el gobierno de Piñera, en medio de la pandemia, saca desde Punta Peuco a represores e inicia una escalada de beneficios a quienes fueron condenados por graves crímenes. A lo que se añade el hecho de que ninguno de ellos colaboró en el esclarecimiento de los hechos, no entregó información y la cifra de detenidos desaparecidos en Chile supera los mil casos.
La incertidumbre y temores de trabajadores
Pasan los días y continúan los despidos, pago parcial de salarios o suspensión total del pago de sueldos, afectaciones a las condiciones laborales de trabajadores y empleados en distintos rubros. Al mismo tiempo, abusos, falta de medidas de prevención ante el Covid-19 e instalación de una tremenda incertidumbre en un alto porcentaje de asalariados. Peor para los no contratados e informales. Esto es un fenómeno a escala nacional y hay regiones que, de acuerdo a distintos análisis, ya superarían los dos dígitos en desempleo.
Largas filas en las oficinas donde se pagan los seguros de cesantía, datos como que 75 mil trabajadores de la construcción quedaron cesantes, no pago de salarios en rubros como restoranes y servicios, amenaza o concreción de empresas pequeñas y medianas, aumento de las deudas, son algunas de las noticias que se van juntando en el ámbito laboral.
Como lo señalaron analistas y legisladores, las medidas anunciadas por el gobierno no se están sintiendo en la mayoría de los hogares. La tan mentada clase media por parte del gobierno, es uno de los sectores donde los problemas van aumentando, entre otras cosas, porque no tienen acceso a bonos y otros recursos por no ser sector vulnerable.
Específicamente, a eso se suma la declaración de 14 organizaciones de trabajadores de la Salud y del Colegio Médico, expresando que están desprotegidos en sus labores en la batalla contra el coronavirus en hospitales y centros de salud, que no tiene insumos y hasta reciben malos tratos de funcionarios.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó hace un par de semana un plan de emergencia para protección del empleo y el salario, pero el gobierno hizo oídos sordos. Las medidas especiales para ello no se están tomando y más bien la autoridad priorizó por la defensa de las empresas, y no se descarta el apoyo a grandes consorcios. Organizaciones gremiales, sindicales y legisladores apuntaron a que las iniciativas de respaldo a las Pymes son insuficientes y parciales.
Un tema central que se siguió planteando durante la semana que termina, es que no se puede cargar a las espaldas de los trabajadores y de sus familias, las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Más cuando las utilidades de la Banca, de las AFP, de las Isapres, de las familias más ricas del país (con capitales entre 2 mil y 15 mil millones de dólares) siguen subiendo, y comenzarán a operar en estos y próximos meses alzas como los planes de las Isapres (que solo fue postergada).
Claves continuas de la pandemia
Como señaló un diputado, nadie tiene ni debería tener como objetivo que al gobierno o a las autoridades a nivel nacional y regional, les vaya mal en la batalla contra la pandemia del coronavirus, sobre todo respecto a aplanar la curva de contagiados, poder atender a quienes requieran de ventilador mecánico y atender debidamente a la población.
Lo que no quita que persistan señalamientos, acompañados de incertidumbres y debates, sobre cómo se sigue esta batalla que tendrá un peak entre la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo (según altos personeros). La ausencia de comunas en cuarentena, incluso las que superaron el porcentaje respecto a contagiados cada 100 mil habitantes, el quitar esa medida en comunas, anunciarlas o suspenderlas sin consultar a los alcaldes, contradicciones en informaciones sobre cantidad y real disponibilidad de ventiladores mecánicos o el uso de mascarillas, la continuidad de petición de cuarentena nacional total sobre todo viniéndose el peak, problemas y deficiencias en regiones, falta de condiciones de prevención y cuidado de los trabajadores de la Salud, los beneficios financieros que el Estado está proporcionando a clínicas y centros hospitalarios privados, figuran entre cuestionamientos y situaciones confusas.
Se insiste en que el gobierno debe transparentar todo la información, ordenar mejor las vocerías, ampliar las cuarentenas, garantizar los test, generar las condiciones de camas y ventiladores, aumentar los controles sanitarios y no flexibilizar las medidas, menos la más rigurosas y eficaces.
