Efecto COVID-19. La protección de trabajadores. La agenda política cambiada.

Equipo ES. 20/03/2020. Efecto COVID-19.

Es innegable que la llegada y continua expansión por contagio del coronavirus (COVID-19) cruzó -y seguirá cruzando por al menos dos meses más- las agendas y actividades en los ámbitos social, económico, político, cultural, laboral, educacional y del movimiento ciudadano.

La enfermedad produjo un efecto tremendo en la economía, la actividad social (desde el hogar hasta el espacio laboral-educacional) y la política, pero también en el estado de ánimo y salud mental de la población. Hubo un giro en la realidad con consecuencias micro y macro.

El fenómeno mantuvo cuotas de desconfianza y cuestionamientos hacia el Presidente de la República y el Ministro de Salud, en particular, y el gobierno en general. Rondaron las críticas por atrasos en las “medidas drásticas” a tomar, adelantamiento de decisiones por parte de los municipios y la sociedad civil frente al Ejecutivo, reiteración de debilidades del sector público de Salud y denuncias de abusos de parte de empresas. 

Vendrán semanas más difíciles, con el peak de contagios, muchos ingresos hospitalarios, fallecimientos producto del COVID-19, y probablemente situaciones de cuarentena a nivel nacional que, hasta el cierre de este análisis, era una exigencia de medio centenar de alcaldes, organizaciones sindicales y desde la sociedad civil.

Un asunto tanto destacado como cuestionado desde vocerías de expertos y de médicos, es que no se materializó un verdadero “estado mayor” con amplio liderazgo frente a la crisis sanitaria, con un componente multidisciplinario y, al mismo tiempo, no se tomaron recaudos para proteger a distintos sectores de trabajadores especialmente afectados en sus empleos, salarios y prestaciones por la crisis sanitaria.

Lo preocupante es que el país está ante una situación totalmente abierta, impredecible en algunos espacios pero previsible en otros, y donde se está colocando a prueba capacidades ante todo del Estado y su sistema de Salud tan defendido hace poco tiempo por el titular de la cartera, como uno de los mejores del mundo.

La protección de trabajadores

Desde diversos espacios se sostuvo que esta crisis sanitaria puede terminar golpeando más que a grandes empresas y consorcios privados y trasnacionales, a las y los trabajadores, tanto los contratados como los que laboran a honorarios, informalmente o que tienen pequeña o mediana empresa o emprendimiento.

La amenaza del desempleo y baja de salarios, de medidas restrictivas respecto a derechos laborales, afectaciones a negociaciones colectivas y ni hablar casos de necesarias huelgas, abusos de empleadores e inclusive disposición de asalariados a aceptar deterioro de sus condiciones ante advertencias de despidos o disminución de ingresos, es algo que está presente en este marco creado por el coronavirus.

Hay situaciones específicas como que el gobierno quisiera aprovecharse de imponer su retardatario proyecto de teletrabajo o trabajo a distancia, que contiene afectaciones a derechos de trabajadores y empleados, a raíz del necesario trabajo en casa que impuso la crisis sanitaria. El proyecto del gobierno y la derecha tiene alcance a mediano y largo plazo y no está determinado por la coyuntura del COVID-19.

Asimismo, hubo sectores productivos, del retail, del transporte, de Salud, de educación, del sector público, del comercio, donde los asalariados sufrieron falta de apoyo y medidas preventivas, se les expuso a situaciones de riesgo para su salud y se tardaron decisiones que, al día 20 de marzo seguían sin ejecutarse en varios sectores y territorios.

La estabilidad laboral y de ingreso, y la defensa de derechos laborales, es una premisa en este cuadro de pandemia y de situaciones extremas. La primera responsabilidad es del gobierno, incluye la llamada “responsabilidad social” de los empresarios y privados, y una actitud de defensa y lucha de parte de los trabajadores, sus sindicatos y organizaciones.

La agenda política cambiada.

Era previsible y se concretó. Los efectos del coronavirus llegaron al calendario de la política y específicamente de los procesos electorales. Frente a la preocupación más que razonable y acciones sumamente necesarias por la expansión del virus, las consecuencias de los cambios en el ámbito político quedan algo invisibilizadas, pero tendrán su momento.

El correr, como era necesario hacerlo, el plebiscito de abril a octubre, de hecho ampliará los tiempos y debates en torno al Apruebo o Rechazo una nueva Constitución, generará cambios de corte incluso financiero en los comandos y se abrirán nuevos factores, como que los partidarios de un nuevo texto constitucional indican ya a estas alturas, que la llegada y consecuencias del coronavirus y la crisis sanitaria, refuerzan los argumentos para cambiar la Carta Magna. Desde la derecha se podrá aprovechar en el sentido inverso: de que una pandemia demuestra que el tema constitucional no es un prioridad.

Trasladar las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores para el próximo año, en abril, le abre un forado a los partidos políticos en sus diseños, planificaciones, instalación de candidatos, búsqueda de financiamientos, y sus tiempos políticos y electorales que, de no mediar atinadas y organizadas respuestas, puede traer estragos. Como sea, está claro que tiene impacto pasar de un organigrama que apuntaba a comenzar campañas municipales a mediados de año, a tener que reordenarlo para el primer trimestre del 2021. 

El cambio de fechas eleccionarias y de hitos políticos tendrá un impacto en el interior de los partidos políticos que tendrán que varias intensidades, planes, tensionamientos y tareas.

 

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