Iniciativas, cuestionamientos y un transversal llamado a la protección de la población y de las fuentes de ingreso. 

Equipo ES. 20/03/2020. Desde que se desató el contagio de coronavirus en el país comenzaron las preocupaciones por la rápida expansión y por las falta de medidas dirigidas hacia los trabajadores y trabajadoras, quienes son los que se ven más expuestos, debido a los trayectos en el transporte público. Chile está en la Fase 4 del contagio que incluye la suspensión de clases en escuelas y universidades, teletrabajo, cuarentena en casas, protección a los funcionarios públicos, suspensión de actos públicos y cierre de fronteras, entre otros. Sin embargo, dentro de las acciones no se ha contemplado interrumpir el funcionamiento de los supermercados y tiendas del retail. En esa línea, algunos centros comerciales anunciaron término de labores anticipadas y otros el cierre total de su funcionamiento.

En general las medidas no han llegado a beneficiar a los trabajadores del subcontrato que laboran en las grandes tiendas y supermercados, quienes desarrollan tareas de reponedores de productos, de promotores, de mercaderistas y vendedores. Empresas contratantes, como Jumbo, Líder, etc., no les entregaron mascarillas, ni guantes, ni alcohol gel con la excusa de que sólo había disponibilidad para el personal propio, no el subcontratado.

Es por ello que organizaciones sindicales, entre otras, insisten al gobierno que decrete el aislamiento obligatorio para frenar el contagio que ya suma a más de cuatrocientos infectados a nivel nacional. Además, hay muchos empleadores que se niegan a aplicar el trabajo a distancia a pesar de las recomendaciones y otros funcionarios están obligados a ejercer sus labores de manera presencial, por lo que si dejan de asistir arriesgan perder su fuente de ingreso.

En ese marco, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hizo entrega de una Plan Nacional de Emergencia al Ministerio del Trabajo, que contempla decretar cuarentena en el país, proteger empleos y salarios, cerrar malls y otros centros, e incentivar el diálogo social para encarar la crisis sanitaria.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que “es urgente que el gobierno decrete ahora ya la cuarentena nacional. No podemos seguir esperando que las cifras aumenten y superen los mil casos. Hay que tomar medidas extremas ahora. La experiencia de los países en el mundo nos demuestra que quienes de manera más tardía han tomado medidas son, precisamente, países que están viviendo de manera más brutal y dolorosa la pérdida de vidas”.

Además, desde la Central se llamó al mundo empresarial a no usar la situación para precarizar los trabajos y también al Ejecutivo para que no dé urgencia a iniciativas legislativas que apuntan al teletrabajo.

“La crisis social y sanitaria que enfrentamos no debe ser aprovechada por el empresariado para instalar flexibilidad y precarización de las condiciones laborales de manera permanente para aumentar sus utilidades y proteger su negocio. En este sentido, no compartimos que se intente imponer urgencias legislativas a proyectos de ley como el del Teletrabajo o que se hable de medidas para rebajar las indemnizaciones. A la incertidumbre frente a la potencial crisis sanitaria, no podemos sumarle además el miedo de los trabajadores a perder su empleo y salarios”, apuntó la CUT.

Desde Unidad Social, también, apuraron al Ejecutivo a que endurezca las medidas y dejaron una carta en La Moneda para formalizar la petición. “Las organizaciones sindicales que nos agrupamos en el Bloque Sindical de Unidad Social, hemos venido a solicitar al mandatario que declare de manera urgente la cuarentena nacional”, afirmó la vocera del bloque y dirigenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Náyade Zúñiga.

La misiva fue firmada por Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, Carmen Luz Scaff, Presidenta Nacional de la Federación de Asociaciones de Salud Pública, Luis Mesina, vocero de NO+AFP, José Pérez Debelli, Presidente nacional de la ANEF, Manuel Valenzuela, secretario general del Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile y Pamela Henríquez, presidenta de la Confederación Bancaria y otros gremios.

“Hoy tenemos una emergencia sanitaria que exige tomar medidas sin titubeos, poniendo la salud de la gente como primera y única prioridad. Las consideraciones y cálculos económicos, políticos, jurídicos e ideológicos resultan absolutamente fuera de lugar y una pequeñez inaceptable cuando hablamos de la factibilidad real de llegar a tener miles de  personas afectadas, pudiendo perder la vida”, indicó el documento.

En tanto, el gobierno respondió con un Plan Económico para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus Covid-19 está enfocado en proteger los ingresos de los chilenos y asegurar los puestos de trabajo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que 

 “cuando un trabajador deba quedarse en su casa por motivos de emergencia,  ya sea por acuerdo con el empleador o por orden de la autoridad, y sin opción de cumplir con sus funciones, pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía, de acuerdo a las reglas de uso vigente, pero manteniendo el vínculo laboral y todos sus derechos laborales”.

La  ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que “esto va a funcionar del mismo modo que cuando quedo cesante, voy a poder utilizar los fondos de mi cuenta de ahorro individual o recurrir al fondo solidario si es que no tuviera los recursos”.

“Un trabajador que se encuentre bajo esta situación tendrá derecho a seis giros, el primer corresponderá al 70% del promedio de las últimas remuneraciones anteriores al despido, y en adelante este porcentaje irá descendiendo hasta agotar el saldo de la Cuenta Individual o de su parte del Fondo Solidario si es que este trabajador estuviera bajo la modalidad de contrato indefinido”, añadió.

Frente al plan, Bárbara Figueroa, recalcó que “valoramos el hecho de que, efectivamente, el gobierno hoy día ya, no solamente ha entendido que esta es una crisis sanitaria sino también una crisis social, es decir requiere medidas económicas y requiere también medidas en materia de protección de empleo”. Pero cuestionó que “cuál va a ser el alcance de todas estas medidas y de todos estos anuncios para que garanticemos que las empresas no terminen solicitando recursos, apostando a fondos y solvencia económica, pero no garantizando, por ejemplo, que van a mantener la dotación de trabajadores y trabajadoras o que van a generar merma en los salarios”.

También en la línea de proteger los empleos la diputada del Partido Comunisa (PC) Camila Vallejo acompañada por los diputados Daniel Núñez (PC) y Manuel Monsalve (Partido Socialista), ingresó un proyecto de ley que buscar suspender la aplicación de la causales de “despido por necesidades de la empresa” o “fuerza mayor” ante la emergencia del coronavirus durante los próximos 4 meses.

La iniciativa agrega que el trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia por el COVID-19, tales como descuentos en sus salarios por inasistencias o retrasos vinculados con ésta.

“Este proyecto es para abrir la discusión y convocar al Ejecutivo para que pueda ponerse a disposición de este debate y tomar las medidas que le competen. No podemos hacer una llamado a la responsabilidad por parte del Gobierno, sin adoptar las medidas laborales que corresponden. Las y los trabajadores necesitan el resguardo de su fuente laboral”, manifestó Vallejo. 

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