Candidato a consejero de la CONADI añadió que “se debió haber legislado sobre normas para la recuperación de hectáreas”. Aseguró que “queremos detener el incumplimiento del Convenio 169”.

Hugo Guzmán. Periodista. 14/03/2020. El domingo 29 de marzo se elegirán ocho consejeros nacionales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que incluye a cuatro mapuches, un aymara, un atacameño y un Rapa Nui. Deben votar alrededor de 200 mil indígenas ese día y se están haciendo llamados a que participen.

Para esa elección se presentó el profesor e investigador mapuche, Vicente Painel, vicepresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Küme Mongen conocida como el banco mapuche, dirigente vinculado a luchas indígenas y respaldado por asociaciones y comunidades mapuches. Militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) es apoyado por fuerzas políticas como el Partido Comunista (PC).

El candidato a consejero nacional de la CONADI, en entrevista, reivindicó los derechos políticos, sociales, culturales y de tierra de los pueblos originarios y planteó como objetivo que “es necesario legislar una reforma agraria” como parte de “una propuesta de expropiación” de tierras. Dijo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas, debe cumplirse en todos sus articulados, y por eso “nosotros queremos detener el incumplimiento sistemático del Convenio 169”. En esa línea, sostuvo que ese texto debe estar por encima del Código de Aguas, que priva del acceso a las comunidades. Planteó que ser consejero en CONADI es una necesidad y el deber es defender y promover los derechos de los indígenas.

¿Dónde situaría, en general, el objetivo de su candidatura?

Si bien asumimos que lo estratégico es la movilización y la organización, de todas maneras estar en la representación del Estado, la CONADI, tiene una importancia táctica inminente y de alta relevancia para logros en favor de nuestros pueblos y presionar desde dentro por el axioma que es la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cada uno de sus artículos. Eso debería significar, por ejemplo, en el caso de las tierras, sustituir la compra de predios por la expropiación. En el caso del agua, la preponderancia del Convenio por sobre el Código de Aguas. Avanzar en la administración, fiscalización y participación en la gestión  de las tierras. Nosotros queremos detener el incumplimiento sistemático del Convenio 169. Ahí hay una treintena de artículos que se refieren a los ámbitos sociales, políticos, territoriales, laborales, hasta de tensiones que se producen, y que sin duda influyen en el sistema en general de relación del Estado con los pueblos indígenas. De ahí se desprende, por ejemplo, nuestra propuesta de expropiación. Nosotros planteamos derechamente que es necesario legislar una reforma agraria. Eso debió haber pasado hace años, hace años se debió haber sustituido la compra de predios por expropiación. Porque hay una necesidad importante de reconocimiento del Estado de los pueblos indígenas, lo cual implica el reconocimiento de que hubo despojo y el reconocimiento de la contra reforma agraria, que hasta el año 1973 hay demasiadas hectáreas que no son devueltas, prácticamente ninguna de las que se habían logrado en la reforma agraria de la Unidad Popular. El artículo 35 del Convenio 169, de plena vigencia, mandata que todo tratado, o laudo, o acuerdo, entra en vigencia. Se debió haber legislado sobre normas para la recuperación de hectáreas. Si el consejero nacional en CONADI nada dice, por supuesto que es responsable. Eso hay que plantearlo. Hay varios consejeros actuales que no hicieron la gestión para que se legislara, hay normas que deben ser aplicadas. Entonces hay que recurrir al Poder Judicial. ¿Qué consejero nacional CONADI ha recurrido al Poder Judicial? Al final las asociaciones y las comunidades, en orfandad, tienen que recurrir al Poder Judicial. Evidentemente necesitamos consejeros nacionales ante CONADI que sirvan.

¿En el contexto de las luchas indígenas, es necesario estar como consejero en la CONADI?

Se necesita, se requiere, porque si no hay consejeros que sean útiles, que sirvan a nuestros pueblos, nos enteramos después, tardíamente, que una política pública ya está en norma. Es fundamental para la política pública indígena, para su implementación y objetivo. Es importante porque toda la política pública indígena pasa directo por CONADI, en ámbitos de tierras, agua, desarrollo y educación. Hay proyectos o políticas que pasan por ministerios, municipios, otras instancias, pero al final terminan también pasando por CONADI porque es el gran avalador de todo este sistema porque otorga la certificación de calidad indígena, y conforma las asociaciones y comunidades indígenas por donde pasan esas política públicas. No estar en CONADI es regalar un espacio, es no tener ni arte ni parte en un presupuesto que es nuestro, de los pueblos, que es de 125 mil millones de pesos promedio, que lo ganamos los pueblos con movilización. En consecuencia, sería un acto que reversa los avances del movimiento de recuperación territorial mapuche, pero que todo el proceso de recuperación cultural de los pueblos indígenas ha tenido. Por eso decimos que esta candidatura, el tener consejeros en la CONADI, es algo táctico, no menos importante, es parte de la estrategia. La estrategia es la movilización y la organización, en eso estamos todos claros. Este es un paso táctico, si no, terminamos reaccionando frente a hechos consumados y perdemos potestad de incidencia en el seno mismo por donde pasa la políticas pública indígena.

¿Este es un proceso con credibilidad?

Hasta el momento consideramos que no. Solicitamos que la Contraloría General se hiciera parte del proceso, dé garantías y lo regularice, porque acontecieron problemas y anomalías, lo cual lo hace espurio. Eso le daría viabilidad al proceso. Hasta ahora hay un grado de participación de la Contraloría, porque recibió el reclamo que puso mi candidatura y otras candidaturas. Lamentablemente la CONADI es un organismo víctima del cuoteo y del asistencialismo, de manera permanente, esto no es nuevo. El tema específico es que cambiaron arbitrariamente el número y letra de los candidatos, y se hizo cuando las candidaturas estaban desplegadas, con afiches, cuando estaban en desarrollo las campañas. Hay otras situaciones, como que sobre todo desde el oficialismo, pero también de otros sectores como la ex Concertación, plantearon como algo malo pertenecer a un partido político, una campaña anti partidos. Es un discurso muy mal intencionado, además hipócrita, porque prácticamente todos los candidatos, todos los dirigentes, pertenecen a organizaciones políticas. Es importante reivindicar, por un sentido de realismo, el hecho de que las militancias dentro del pueblo mapuche, no son un pecado. Nunca hubo un consejero ante CONADI que no tuviera militancia partidaria, todos han tenido militancia. El punto es que si desconocemos esas militancias políticas, después ¿a qué responsabilidad se puede apelar más allá de la individual? Si disfrazo la militancia política, si digo que no soy de izquierda, ni de derecha, ¿dónde está el sujeto político que me está sosteniendo, respaldando o que yo estoy representando, en términos de responsabilidad con lo prometido y que luego debo cumplir? Otra cosa es que de manera hipócrita la desconozcan y otra cosa que algunos candidatos, de manera hipócrita, hayan agarrado la cantinela del apartidismo y la antipolítica como una manera aparente de ganar más votos. Hay que tener transparencia en esto. Si uno tiene un ideario, una militancia política, tiene que aclararlo, decirlo. Yo soy una persona de izquierda, y lo digo en todas partes. Soy transparente.

¿Usted ve que las comunidades indígenas confían en la CONADI o hay un descrédito del organismo?

Hay un descrédito acumulado, es una instancia poco creíble. Pero el consejero nacional es electo y en virtud de eso hay una evidente legitimidad. Al menos lo que respecta a los consejeros nacionales, si salen del gobierno, o funcionarios funcionales al statu quo, que provengan del sistema clientelar o por cuoteo, eso sería responsabilidad de los indígenas como electores. En ese sentido, hago un llamado a votar con mucha responsabilidad. Hay que votar por programa, por ideas, por sujetos de comprobada eficacia. Si votamos por afinidad emocional o meramente territorial, pueden salir personas que van a servir a sus intereses, o a los intereses del sistema que están de espaldas a los intereses de los indígenas.

¿Cómo ve la acción de este gobierno hacia los pueblos indígenas?

Singularmente este gobierno ha sido irrespetuoso del Convenio 169, de derechos de nuestros pueblos, e intentó hacer una consulta indígena absolutamente inconstitucional, que socavaba las bases de derechos y tierras indígenas.

¿Qué perspectiva se abre para los pueblos originarios en lo que será el debate por el contenido de una nueva Constitución?

En lo que implica una cuestión práctica, social, es de toda perspectiva. En cuanto al derecho internacional, la verdad es que los pueblos indígenas tenemos legislación internacional y hasta cierta ventaja jurídica en tratados como el Convenio 169 de la OIT, que está ratificado en Chile y está reconocido en sendas causas en el Poder Judicial. Acá lo que falta es que lo respete el Poder Ejecutivo. También en lo establecido en la Declaración Internacional de Pueblos Indígenas, que si bien no está ratificada por el Estado, sí reconoce el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas. Desconocer esa Declaración, sería como salirse de la Organización de Naciones Unidas. Porque es un reconocimiento en el sistema internacional de naciones. ¿Qué sucede? No es contradictorio buscar la aplicación a estos asuntos, en ese sentido, los pueblos indígenas en general, y en singular el pueblo mapuche, tienen un tratado en relación al Estado de Chile, que es el Tratado de Tapihue, de 1825, que nunca fue derogado, y por lo tanto es justo reivindicar su vigencia legal, y ahí se reconoce la autoridad y el derecho del pueblo mapuche al sur del Biobío. Hasta Bernardo O’Higgins reconoció los pueblos de indios como territorios indígenas. Todo eso sucede con los otros pueblos indígenas, hay derechos que existen. Con los Rapa Nui, Chile también firmó tratados, y deben ser cumplidos. Desde que se ratificó el Convenio 160, entran en vigencia los tratados nuevamente. Hay que conversar en cómo eso se hace realidad. En ese ámbito, por supuesto que escaños reservados en un proceso constituyente, inédito para la historia chilena, es un paso adelante. Es del todo compatible, se puede armonizar, se puede buscar una solución dialogada a nuestros diferendos históricos, en tanto reconocimiento de derechos políticos.

 

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