Un acuerdo por la paz y contra la democracia

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En las actuales condiciones es impracticable una política de acuerdos restringida a parte del Congreso y sin considerar a movimientos y organizaciones sociales.

Fernando Bahamonde

Profesor

13/03/2020.  “Por eso, como Presidente de Chile, nunca me voy a cansar en llamar a ese diálogo, a ese acuerdo, a ese espíritu de colaboración, y muy especialmente para condenar y controlar la violencia y para resguardar y fortalecer nuestra democracia”. Sebastián Piñera.

Dentro de los múltiples hitos desde el 18 de octubre a la fecha se encuentra una nueva convocatoria del presidente a un acuerdo, ahora por la paz y la democracia.

Se debe considerar que el Ejecutivo solicita, mediante este acuerdo, al oficialismo y las “oposiciones” con representación parlamentaria que le firmen un cheque en blanco para aprobar en su integridad los PDL de carácter represivo con los cuales pretenden instaurar la paz social. Este hecho indica que la agenda social que desde su origen era famélica, definitivamente se va al tacho de la basura o por lo menos ha pasado a un segundo o tercer plano.

Este potencial nuevo acuerdo busca revivir la política de los acuerdos implementada en los albores de la Concertación. Cabe tener presente que parte de la derecha admiró como modelo político de gobernabilidad los 20 años concertacionistas, no por nada en la conmemoración de los dos años de gobierno y 30 años de advenimiento de la democracia realizado en la Moneda Piñera invocó a los espíritus del pasado al presente por medio de gigantografías.

Han sido recurrente los guiños de RN a la Democracia Cristiana, así como Piñera permanentemente cita a Patricio Aylwin como ejemplo de hombre de Estado, olvidando el rol desempeñado por Aylwin como presidente del PDC hacia 1973 lo que precipitó la tragedia golpista. Sin embargo, en las actuales condiciones es impracticable una política de acuerdos restringida solo a parte del Congreso Nacional y sin considerar a movimientos y organizaciones sociales, sin la incorporación de la ciudadanía cualquier acuerdo nace muerto.

El acuerdo posee otro componente, el poder llegar al 26 de abril y para esto el Ejecutivo quiere entregarle responsabilidad a la oposición, en circunstancias que el primer y último responsable es el propio gobierno. Contradictoriamente la movilización sigue creciendo y Piñera ha perdido el control de la situación al someterse a las críticas de su propio sector en materia de orden público. La necesidad inmediata del gobierno es recurrir a las FF. AA y lo cual logrará aprobando el PDL de infraestructura crítica.

La permanente búsqueda de acuerdos del gobierno con parte de la oposición se basa en generar un quiebre entre las distintas fuerzas políticas que la componen, desavenencia que ya está presente y, por lo demás, se extiende al oficialismo.  Además, en otra dimensión el quiebre está latente entre los espacios de política formal y el pueblo movilizado, lo que acrecienta la ruptura vertical entre institucionalidad y sociedad lo que a la postre tiene como consecuencia que terminen por desfondarse la institucionalidad, el gobierno y aquellos partidos políticos que se presentan como oposición y terminan apoyando las iniciativas legislativas de la derecha.

Los espacios de maniobra política del Ejecutivo cada día son menores: el persistente repudio del pueblo a la figura presidencial, la baja sostenida en las encuestas, las peleas en el oficialismo, la incapacidad de diálogo con la totalidad de la oposición, una crisis económica en ciernes y la creciente movilización social.

La pregunta la noche del 26 de abril no es si ganó el Apruebo o el Rechazo, sino cuantas personas participaron de la contienda electoral y cuál es el porcentaje que le otorgó el triunfo al Apruebo. Esto constituirá una derrota para toda la derecha y, en particular, será otra derrota al gobierno de Sebastián Piñera.

Entonces, derivado del resultado electoral estaremos en presencia de una nueva correlación de fuerzas donde debe expresarse la mayoría activa movilizada en mayoría numérica en el voto plebiscitario. Esta correlación nos planteará una nueva interrogante, si es posible que Sebastián Piñera llegué al 11 de marzo de 2022 y sea capaz de traspasar la banda presidencial a un nuevo o nueva gobernante.

El último componente del acuerdo por la paz y la democracia es la noción de Sebastián Piñera, vertida en el programa “Estado Nacional” de TVN el domingo 1 de marzo, que su gobierno se enfrenta a una oposición democrática y a una izquierda “antidemocrática”. Estas declaraciones nos recuerdan la Ley de defensa Permanente de la Democracia de 1948, ley con que Gabriel González Videla proscribió y persiguió al PCCH.

En estado de crisis los individuos toman decisiones apresuradas que se sostienen en la ceguera, propio de perdida de contacto con la realidad. Parece ser que el Presidente de la República aún cree que puede capear la crisis y salir de ella transformado en un estadista cuyo nombre estará en los libros de historia y en una nueva Constitución como aquel gran trasformador o restaurador de un nuevo orden. Lo único que le queda a este mandato para seguir porfiadamente manteniéndose en el poder a través de la coerción lo que implica la pérdida sostenida del consenso social. Por ello, institucionalmente, este gobierno no puede llegar al 11 de marzo de 2022, porque la coerción sólo se traduce en la violación sistemática de los DD. HH del pueblo de Chile.

 

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