El propósito de la derecha es adecuar la institucionalidad, de modo de perseguir con herramientas jurídicas la manifestación social y dotar de impunidad las violaciones.
Marcos Barraza Gómez
Miembro de la Comisión Política del PC. Ex ministro de Desarrollo Social
04/03/2020. Recientemente se ha vuelto a encender un debate, animado de tiempo en tiempo por la derecha (en esta etapa de rupturas sociales contra el orden neoliberal con más decisión) sobre el sentido de los derechos humanos y la función que corresponde en el sistema institucional a los organismos encargados de su defensa.
El propósito inmediato de la derecha no es otro que adecuar la institucionalidad presente, de modo tal de perseguir con más herramientas jurídicas la manifestación social y dotar de impunidad las violaciones en derechos humanos. En el mediano y largo plazo, que la nueva Constitución no se funde en genuinos fundamentos de derechos humanos.
Desde los inicios de la reflexión sobre el papel del Estado, siempre se ha puesto énfasis en el riesgo de que una institución omnipresente de esas características, desvíe sus fines y utilice los poderes extraordinarios con los que cuenta para reprimir la libre expresión de las demandas populares. Tanto el marxismo como otras corrientes filosóficas han evidenciado que todo Estado es expresión del predominio de las clases dominantes. Estas corrientes de pensamiento no sólo se han preocupado de los riesgos que un Estado en que se monopoliza el uso de la fuerza representa para el conjunto de la población, sino que además han llegado a coincidir en ver los derechos humanos como límite a toda decisión política del Estado que los vulnere.
La Segunda Guerra Mundial no hizo más que fortalecer esta conciencia sobre las limitaciones que debe tener el Estado, aun cuando se trate de un Estado democrático. El establecimiento de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, después completado con los referidos al medio ambiente, consagró un conjunto de derechos inviolables, que el Estado debe proteger absteniéndose de vulnerarlos y adoptando medidas legislativas y políticas para su goce efectivo.
Una teoría y visión de este tipo promueve la igualación de poderes, conforme con la igual dignidad que suponen para cada miembro de la comunidad. De este modo, choca frontalmente con un concepto en que cada cual debe proveerse sus propios medios de subsistencia y desarrollo en una competencia en que solo algunos pueden resultar ganadores; y en la que el Estado interviene, cuando mucho, para mitigar los peores abusos o, más frecuentemente, para defender los privilegios que algunos han alcanzado en esta competencia o han consolidado a partir de una posición inicial ventajosa. Esa es la esencia del neoliberalismo, modelo sustancialmente contrario a los derechos humanos; y esa es la explicación de que los portavoces de esta corriente hayan pretendido permanentemente degradar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como normas de segunda clase, sin medios de exigibilidad y meramente programáticos.
Es en ese marco que igualan los crímenes cometidos por agentes del Estado para asegurar la represión del movimiento popular (que se perpetran haciendo un uso inhumano de los medios que se les otorgan para proteger los derechos de la población) con aquellos que particulares cometen contra agentes del Estado. En realidad, la consideración que hace la derecha en cuanto todo ilícito es una vulneración de derechos humanos, es absurda, pues haría inútil este último concepto y equipararía situaciones que son por su naturaleza distintas. Una infracción al derecho penal cometida por un particular es un delito; solo los agentes del Estado realizan acciones ilícitas que vulneran derechos humanos, por el uso abusivo de los poderes que se les otorgan para protegerlos. A despecho de los reclamos de los nostálgicos de la dictadura y quienes les dan un apoyo imposible de entender, los agentes del Estado ya están suficientemente protegidos por todo el aparato estatal, incluyendo la legislación penal, el Ministerio Público, las instituciones judiciales y las mismas Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
No sorprende, entonces, que ese discurso concluya exigiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos defienda también a los agentes del Estado o a particulares cuando son afectados por otras personas particulares. Esta pretensión absurda no solo contradice todas las ideas que dieron origen al concepto de derechos humanos, sino que involucra que esa institución se convierta en un nuevo Ministerio Público, en una duplicación que apenas encubre el verdadero propósito: eliminar la principal institución autónoma que el Estado ha establecido para proteger los derechos humanos de las personas frente al Estado o hacerla irrelevante.
Por el contrario, una política democrática exige crear y fortalecer un Sistema Nacional de Derechos Humanos con autonomía constitucional, para que pueda actuar con efectividad frente a otros órganos. El proceso de elaboración de la nueva Constitución es el momento apropiado para dar este paso. En ese marco, la ampliación que este sistema necesita consiste en dotarlo de atribuciones suficientes para proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, experiencia que el Instituto Nacional de derechos Humanos ha iniciado en parte a propósito de diversos conflictos, pero sin contar con todos los instrumentos necesarios para hacerlo en integridad. En esa labor, es deseable que pueda abordar también las actividades de diversas empresas que, con su actividad propia, afectan gravemente los derechos de las personas.
Por el contrario, de ninguna manera es aceptable que se pretenda pervertir el concepto de derechos humanos y utilizarlo como un mecanismo más para que el Estado fortalezca la persecución a personas particulares.
