El cuestionamiento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de NU y el terrible informa de Amnistía Internacional.
Equipo ES. 27/02/2020. Este jueves otros vasos de agua fría sobre la cabeza del gobierno de Sebastián Piñera. Cuestionamiento de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (NU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y un tremendo informe negativo de Amnistía Internacional
Eso se suma a cuestionamiento que persisten de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y críticas porque el gobierno no visibiliza o no lleva a cabo las recomendaciones hechas por, al menos, cuatro organismos nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos (DDHH) en el país.
En el marco de que el jefe policial a cargo del orden público, el general director de Carabineros, tiene que comparecer ante la Justicia por querellas por crímenes de lesa humanidad y varios funcionarios están procesados por casos de muerte y lesiones graves a personas, sobre todo por golpizas y lanzamiento a los ojos de proyectiles como perdigones y bombas lacrimógenas.
Michelle Bachelet manifestó que “en Chile y Ecuador, como en otros países, hay una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas”. Hasta el momento, es muy baja la proporción y casos donde se vean a autoridades civiles o uniformados asumiendo penal y legalmente responsabilidades, cuando en Chile hay alrededor de 400 heridos oculares, más de 2 mil heridos y al menos cuatro muertos presumiblemente a manos de agentes del Estado.
En una intervención en la 43º sesión del Consejo de Derechos Humanos de NU, la Alta Comisionada y ex presidenta, planteó que “no dejemos a nuestra gente joven, a nuestros niños, una tormenta de fuego incontrolable, de crisis de derechos humanos que se cruzan y van en aumento”. Bachelet, en estos días, ha presentado informes y dado declaraciones sobre amenazas y situaciones difíciles en materia de DDHH, sobre todo tras protestas y movilizaciones ciudadanas, como es el caso de Chile.
El director del INDH, Sergio Micco, respaldó las declaraciones de Michelle Bachelet y señaló que “concordamos plenamente con lo planteado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y es que lo que necesita Chile en este momento es justicia, es establecer la verdad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre pasado. Como INDH lo hemos dicho en nuestro Informe Anual 2019, la verdad y la justicia es el primer paso en el camino para reparar a las víctimas y para que el reencuentro democrático de los chilenos sea mucho más expedito”.
“Tal como lo consignamos en nuestro Informe Anual, en la última década se mantuvieron las vulneraciones a los derechos económicos y sociales como una denegación de su acceso a derechos como son la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y las pensiones a importantes sectores de la población”, agregó el director del Instituto.
Un informe pésimo y desalentador
En tanto, se conoció un informe de Amnistía Internacional (AI) a nivel regional, donde en relación a Chile se entrega un panorama pésimo y desalentador.
En una parte del informe se indicó sobre Carabineros y mantención del orden público de parte del Estado que se ha “utilizado armamento militar y de forma indiscriminada” durante las manifestaciones.
Se hizo referencia a cifras como cinco personas muertas a manos de agentes del Estado, más de 2.300 lesionadas, 220 con trauma ocular severo, 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad.
Según AI, “la intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.
En la introducción del documento del organismo internacional de DDHH se expresó que “mientras millones de personas se echaban a la calle para protestar por la situación imperante de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de las Américas restringieron el año pasado el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que “el año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país. Pero también vimos que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva. Su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar”.
Para AI, en el país, frente al estallido social y manifestaciones ciudadanas, “las autoridades han respondido criminalizando y castigando ferozmente a quienes se movilizan”.
Se estableció que “si bien, muchas tácticas violentas de las fuerzas policiales se habían denunciado ya en diferentes períodos de la historia reciente; el país no conocía una crisis de derechos humanos de tal envergadura desde el fin de la dictadura de Pinochet”.
El organismo, en su informe, en la parte dedicada a Chile, indicó que “en consecuencia, el Ejército y la policía hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más”.
En una crítica explícita, se expresó que “en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día”.
El informe planteó que “hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones”.
