La acción fue interpuesta por tres de los 17 afectados por el sumario realizado por el plantel por la supuesta participación en la “toma violenta” del recinto.

Santiago. 02/202. Según informó en un comunicado la Corporación 4 de Agosto, el martes 25 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisibles sendos recursos de protección presentados por los estudiantes Gloria Stange, Fabián Muñoz y Patricio Hernández, de distintas carreras de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), que buscan dejar sin efecto la sanción de expulsión que les fue impuesta por el plantel en el marco de los sumarios iniciados en su contra por la toma pacífica que vivió la casa de estudios en sus sedes de República, Bellavista y Creativo, entre el 13 de noviembre y el 14 de diciembre pasados, con motivo del estlido social que vive nuestro país.

Según explicó el abogado de la Corporación 4 de agosto y patrocinante de las acciones, Javier Pineda Olcay, “hay un grupo de estudiantes de la UNAB que han sido injustamente sancionados con la expulsión del plantel privado por el solo hecho de ser dirigentes o manifestar su inquietud por la compleja situación social que vive el país y que, por supuesto, tiene una de sus principales causas en el tema de la Educación de Mercado y los derechos de los estudiantes a obtener una educación de calidad. No queremos que esta situación quede en la impunidad”.

La Corte también decretó que estas causas se sumarán a otras acciones similares presentadas por otros afectados de la misma Casa de Estudios, con lo que totalizan siete recursos que serán vistos de forma conjunta por el tribunal.

Fabián Muñoz, estudiante de geología y uno de los voceros estudiantiles, es uno de los recurrentes a quien se le comunicó vía correo electrónico el pasado 23 de enero la decisión final de expulsión en el sumario llevado adelante por la jueza Viviana Readi. “La actuación que ha tenido la UNAB en nuestro caso es verdaderamente injusta. Se nos abrió un proceso sancionatoria sin contar con las pruebas necesarias, a partir de la denuncia que hicieron funcionarios de la empresa externa de seguridad, sin que pudiéramos ejercer nuestro derecho a un debido proceso y sin contar con la posibilidad de defendernos de manera adecuada. Sin embargo, este no es un actuar irreflexivo, es la forma en que la UNAB busca evitar el debate y la legítima expresión de los estudiantes a través de sus organismos representativos. Se criminaliza la movilización social y se intenta poner una mordaza a quienes exigimos transparencia y una educación de calidad”.

Gloria Stange, estudiante de Trabajo Social, también vocera estudiantil y quien sufrió la misma sanción, explicó que “todo se inició por la denuncia de los funcionarios de la empresa externa de seguridad quienes acusaron el uso de la violencia en la toma. Eso nunca ocurrió, muy por el contrario, quienes hemos sido voceros y participantes en esta movilización hemos sufrido seguimientos y persecución de personas que entendemos están ligadas a la empresa de seguridad. Es más, en el desalojo que se realizó en diciembre, los guardias de seguridad actuaron de manera violenta y amenazante, muy lejos de la actitd pacífica con que los alumnos asumimos esta acción. La relación de la empresa con la UNAB es oscura, por decirlo de una manera elegante, de hecho durante el período de la toma aparecieron guardias que nunca habíamos visto y que sabemos se desempeñan en labores de seguridad en bares y discoteques, por lo que su actuar no se condice con la realidad de un plantel educacional”.

Finalmente, Patricio Hernández, estudiante movilizado de la carrera de Sociología quien apenas tuvo participación en los hechos y también recibió los mismo cargos y condena que sus compañeros, consideró que “los estudiantes llevamos años reclamando porque la UNAB, que lucra con los aranceles que pagamos los estudiantes con tanto esfuerzo y los cuáles suben año a año, no invierte en entregarnos una educación de mejor calidad. Por ejemplo, hay carreras que no cuentan con laboratorios para todos los alumnos, en algunas carreras los mismos alumnos debemos invertir en compra de materiales y herramientas, y para que decir las condiciones de bibliotecas, el profesorado e incluso la infraestructura en las distintas sedes”.

El abogado Pineda detalló que en el escrito presentado ante la Corte “solicitamos se reconozca el derecho de nuestros representados de continuar cursando sus carreras, ya que los hechos de los que se les acusa y por los que fueron sancionados, nunca ocurrieron, y además, el proceso sancionatorio careció de la más mínima imparcialidad y sentido de justicia. Esperamos que la Corte reconozca nuestros argumentos y acoja la medida de No Innovar que hemos incluido en esta acción, porque no es posible que estas acciones queden en la impunidad”.

El profesional agregó que “todo lo referido al proceso sancionatorio configura un escenario bastante oscuro, que involucra a la empresa de seguridad, sus guardias, acciones de intimidación y persecución realmente violenta contra los estudiantes, la sanción sin considerar el debido proceso, entre otros detalles. Consideramos el proceso viciado y esperamos revertir en la Corte la injusta sanción que finalmente tiene por objetivo impedir la libre manifestación de los estudiantes y acallar la voz ciudadana que se ha hecho escuchar desde octubre del año pasado”.

 

 

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