El Estado en Chile ha monopolizado la violencia contra la población en múltiples ocasiones a lo largo de la historia.
Fernado Bahamonde
Profesor
23/02/2020. “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948
No hay que descender al infierno para encontrar violencia política en Chile, la que se desata en ciertas circunstancias y momentos en el seno de la sociedad. Existen dimensiones de violencia, una la que emerge desde el Estado para sostener el poder y evitar las transformaciones sociales y que es inmensamente desproporcionada, al contar con aparatos coercitivos como la ley que se amolda al poder y las fuerzas de orden y seguridad convertidas, ahora, en fuerzas represivas.
Tampoco es coincidencia que la violencia surja de un sector político, la derecha cuando ha ocupado democrática o violentamente el gobierno. Desde fuera del Poder Ejecutivo los grupos empresariales han ejercido la violencia forzado la fuerza de trabajo o, simplemente, coludiéndose para maximizar ganancias.
Sin embargo, una segunda dimensión es cuando las formas de “violencia” surgen de amplias capas de la población lo que presenciamos es distinto. Si la violencia ejercida por el Estado es irracional y desproporcional, producto que evita el avance de profundas demandas sociales de mayorías o impone procesos “modernizadores” como el implementado por la dictadura militar y, finalmente, sólo se aferra espuriamente al poder que, al utilizar la violencia, ya es ilegitimo. El Estado en Chile ha monopolizado la violencia contra la población en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Así ocurrió contra los trabajadores organizados, como con el pueblo Mapuche, los pobladores y los militantes de izquierda durante la dictadura.
Recorrer el siglo XX en Chile implica presenciar una serie de hechos de resistencia por elementos puntuales que alzan la protesta y la respuesta del Estado. Desde la primera presidencia de Arturo Alessandri, pasando por Ibáñez del Campo, González Videla, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, prácticamente no ha existido gobierno que no haya recurrido a la violencia para retomar el control, mención aparte es el contexto de la brutal dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Porque frente a las demandas laborales, habitacionales o protesta al alza de consumos básicos como el transporte como ocurrió en 1949 con la revolución de la chaucha, la respuesta ha sido la misma producto de un orden basado en la desigualdad social y la exclusión política.
Frente a los innumerables episodios de violencia estatal que recorren nuestra historia patria, hay que establecer diferencias conceptuales cuando se trata de la movilización del pueblo y desechar la idea de lumpen y violencia. Nos encontramos con formas espontáneas y en otras ocasiones de mayor organización como de desobediencia civil, resistencia pacífica y autodefensa.
A diferencia de otros momentos de nuestra historia la movilización popular que emerge el 18 de octubre adquirió carácter estructural como una crítica absoluta al modelo económico-social y al sistema político-legal que lo resguarda. Donde amplios sectores de la población, en particular la juventud, han tomado consciencia que la movilización y sus diferentes formas es lo que logrará cambiar el estado del arte social.
En gran medida el sistema político y el gobierno sólo han cedido milímetros a la demanda social que es estructural, la única señal es acuerdo constituyente del 15 de noviembre del año pasado, hecho que no ha podido sortear la crisis de representatividad.
El gobierno no podrá responder a el cambio del sistema previsional, garantizar y ampliar derechos sociales e incluir en el sistema político a los excluidos sencillamente porque no se encuentra en su ADN. En el marco de la inclusión política era posible avanzar hacia el voto obligatorio y rebajar la edad para ejercer este derecho. Del mismo modo queda pendiente la incorporación de dirigentes sociales, independientes, pueblos originarios y paridad de género en la convención constitucional. Pero el gobierno sólo jugará al desgaste y la represión así lo demuestran numerosos informes de organismos internacionales que constatan la violación sistemática de derechos humanos que han experimentado las chilenas y chilenos movilizados.
La desobediencia civil es un derecho, que hoy la derecha utiliza para infundir miedo caracterizando toda forma de movilización popular como violencia y de paso salvaguardar una institucionalidad en estado de descomposición. Cuando se ven enfrentados sociedad y aparatos burocráticos del Estado, no existe otra salida que la política en sentido amplio de participación para canalizar las demandas y en el entendido que esta forma de Estado y este gobierno son incapaces de atender a la sociedad, por ello deben buscarse salidas alternativas como adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, para de paso transformar el orden que rige a la sociedad.
Cabe insistir en que la desigualdad socioeconómica que sustenta el neoliberalismo y la exclusión política de amplias mayorías de la población es la causa, cuyo efecto son los medios que ha adquirido la resistencia popular. Esta es hoy la gran lucha popular, la lucha por la dignidad del ser humano.
