El rector de la UAHC planteó que ahí está “la posibilidad y la garantía que permita que el plebiscito se realice».
Hugo Guzmán Rambaldi. Periodista. 04/02/2020. Álvaro Ramis Olivos, doctor en Filosofía, teólogo, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) en 1998, articulista de medios de comunicación nacionales y extranjeros, hace unos meses fue elegido Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Es un continuo y agudo seguidor de la coyuntura social y política del país, y en entrevista aborda aspectos derivados de la revuelta social 2019, de la significancia del plebiscito y la nueva Constitución, los desafíos de la izquierda y la oposición, y la realidad que cruza a la derecha del país y aborda lo que fue la protesta contra la PSU.
¿Cuál es tu mirada en cuanto al acuerdo para un plebiscito por nueva Constitución y las exigencias que se hace de paridad de género, escaños reservados para indígenas y adecuada representación de ciudadanos no militantes de partidos?
El escenario es bien movedizo. Los acontecimientos transcurren y van variando. Lo que en un momento es un consenso, después se diluye. Uno ve a personajes en la derecha, como (Andrés) Allamand, que se movilizan a posiciones cada vez más refractarias, borran con el codo lo que firmaron con la mano, y van cuestionando elementos fundamentales de lo que se había empezado a consolidar como un punto básico de acuerdo en noviembre. Lo que se ha ido instalando es que la presión social respecto a los acuerdos, debe mantenerse e incrementarse, que es la posibilidad y la garantía que permita que el plebiscito se realice, pero además tenga esos componentes que señalaste. La Mesa Unidad Social planteó con claridad esas condiciones de legitimidad, y reflejan el mínimo común: paridad de género, escaños para indígenas y representación de independientes en el espacio constituyente. Eso garantiza una participación sustancial, efectiva.
Sin embargo, en sectores de la oposición se dijo que lo esencial es que hubo acuerdo para el plebiscito y no tanto lo que venía después o componentes del proceso constituyente.
Mira, hay una necesidad de valorar el acuerdo de noviembre en su justa medida. Es importante concretar las movilizaciones en acuerdos, porque implica dar una concreción y una posibilidad de gestionar, sino, la demanda se puede diluir y no se concretan victorias para el pueblo. Tener plebiscito de entrada, con la consulta de nueva Constitución, con un itinerario, es algo que hay que estimar como una ganancia. Sin embargo, sería ingenuo decir que ahí está todo logrado. Hay una agenda permanente de movilización y de incidencia, para hacer que la profundidad de esa conquista formal, procedimental, sea mayor. Lo que se conquistó fue un rayado de cancha, un campo de batalla a llenar. En ese campo hay que dar un combate estratégico. La tarea es llenar de contenidos ese campo. El plebiscito, la conformación de la Convención Constitucional, va a permitir esa batalla, pero no está definida, no estamos discutiendo contenidos de la nueva Constitución con suficiente masividad, no estamos logrando el cómo articular una estrategia electoral para lograr la movilización de los electores. Lograr que los contenidos de la nueva Constitución puedan articular una transformación más profunda del país.
La opción es Aprobar o Rechazar una nueva Constitución. ¿Está decidido el resultado o está en disputa?
Está en disputa. Hay que lograr la movilización y la participación para la Aprobación.
Y si se aprueba vendría algo donde no todo está resuelto.
No estaríamos aprobando la Constitución, estaríamos estableciendo la posibilidad para esa discusión. Puede darse la paradoja de que la conformación de la Convención Constitucional fuese desfavorable a los intereses del movimiento social y las demandas ciudadanas, si no logramos estructurar un campo de alianzas políticas transformadoras. Eso puede pasar si nos entrampamos con visiones particulares, con muchas listas que dispersen votaciones, y la derecha unida logre hegemonía en ese órgano constituyente. Sería una situación paradójica: la conquista de redactar una nueva Constitución, pero el contenido determinado por una mayoría de derecha que replicaría elementos ideológicos de la vieja Constitución. Es un escenario que hay que advertir y debemos tratar de prevenir.
El 2029 estuvo marcado por la revuelta social. Se viene el 2020. Se habla del 8 de marzo, de paros de trabajadores, de movilizaciones de estudiantes, hay elecciones municipales, el plebiscito, siguen las demandas de mejores pensiones y salarios, ¿cómo ves este año?
La híper sensibilidad social está a flor de piel. Vamos a tener un año con enormes movilizaciones que pueden derivar en distintas vías. Tendrán causas legítimas, hay afectaciones históricas de derechos. El 2020 hay que reforzar una conducción política más clara. Los procesos políticos nos ponen en ese desafío a los sectores que estamos por la transformación. Y que debemos actuar de manera más articulada.
Viene la elección municipal, de gobernadores, de integrantes de las convenciones constitucionales. ¿Hay peligro de que todo este movimiento social y ciudadano no se exprese en ese proceso de elección?
Siempre existe ese peligro. Las tendencias de los últimos años es esa, baja participación electoral. Es como una expresión de protesta contra la representación política, desafección a la representación política. Las causas son muchas. Volver al voto obligatorio ayudaría a movilizar el voto popular que queda sub-representado en el escenario político. Es importante tomarlo en cuenta porque lo que ocurre es que los actores populares no logran visibilizarse. Pero eso no basta. No hay que tener solo obligación, sino convencimiento. Hay que convencer de que se requiere de instituciones y de espacios donde se puedan concretar las demandas.
¿Cómo ves en todo esto a la derecha?
La foto que hay es de fragmentación en la derecha. Una ultraderecha representada por (José Antonio) Kast, que se alimenta de la crítica a las debilidades del gobierno de (Sebastián) Piñera, elque está en un proceso de desfondamiento político acelerado. Hay otra derecha que se ha ido del centro, que se quiere potenciar más como sector. Y una derecha reformista, donde está (Mario) Desbordes, (Manuel José) Ossandón, que se quiere ir al centro para conquistar los votos abandonados por otros sectores.
En la oposición se ven sectores que impulsan avanzar más a fondo en los procesos, otros se ven más cautelosos…
En la oposición se ven varias vías de análisis,y en la izquierda institucional, por decirlo así, que tiene algún grado de articulación partidaria, movimientista, sindical, y que se logra articular con cierta consistencia. Se da una paradoja, con partidos que aceleran su decadencia; los partidos históricos como el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, están básicamente en una situación de silencio estratégico, no logran plantear un discurso o una acción relevante al periodo. Hacen de mediadores, de puente, pero en un escenario donde los puentes no pueden asentarse, porque las orillas están muy frágiles, es como un ascensor que no comunica con ningún piso del edificio. Hay, por otro lado, una izquierda espontaneísta que apuesta a que el movimiento social tiene inteligencia propia, y cuando hay un estallido social pareciera que hay una conducción, pero eso tiene un problema, que es cuando tiene que concretarse la conquista, cómo se lleva lo que la calle demandó; la institucionalidad humana requiere momentos de fuerza y momentos de pacto. Esa dinámica doble no se puede dar sin sabiduría política que tenga visión histórica, de largo plazo.
¿Esta es una oportunidad para fortalecer a la izquierda y sus ideas?
Deberíamos construir esto como una oportunidad de fortalecimiento. De enmendar ciertos rumbos en términos de la izquierda. El hecho que haya un estallido social refleja también una debilidad de la izquierda. La tarea de la izquierda era haber concretado reformas y cambios. El estallido social revela la brutalidad y el carácter reaccionario de la derecha, pero también la imposibilidad de la izquierda de haber logrado cambios en tiempo, en forma y momento oportuno, como en pensiones, reformas estructurales, cambio constitucional. Ha existido una frustración histórica, se acertó en el diagnóstico pero no en concretar una solución en el tiempo oportuno. Haber acumulado la fuerza política suficiente para romper los candados cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo. Ahora hay otro momento. El estallido social agotó vías institucionales y generó un campo de fuerza que hace inevitable el cambio. El punto es que hay que estar a la altura para ponerse al servicio de las demandas sociales y poder concretarlas en un buen plazo.
¿El modelo se agrietó, está en peligro?
Está agotado. La legitimidad de la Constitución se agotó el 2009, el 2010, el 2011 se desfondó. Teníamos una Constitución zombi que operaba sin ningún grado de poder cohesionador de la sociedad. El respeto a las instituciones se perdió, pero operábamos porque no había otro poder más que el de la facticidad legal, que también se agotó porque no tiene poder coactivo, es decir, hoy la desobediencia es la norma, más que la obediencia de la ley. Entonces, cuando estamos en este plano donde los procesos básicos de funcionamiento de la sociedad no se acatan, estamos en un problema de gobernabilidad y ese problema exige una acción que no puede ser simplemente coactiva. El Estado de Emergencia de Piñera lo que hizo fue agravar las condiciones de ingobernabilidad.
“Comparto plenamente cuestionamiento de la PSU”
Como Rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, ¿cómo viste lo acontecido en torno de las manifestaciones contra la PSU (Prueba de Selección Universitaria)?
Para nosotros todo lo que altera el proceso de admisión, de traspase del año, nos complica. Sin embargo, adherimos a las tesis del profesor Abraham Magendzo, que plantea hace años que la PSU es un instrumento segregador. Ese instrumento segregador, de desigualdad, debería haberse eliminado hace mucho tiempo, porque profundiza las variables de desintegración de la sociedad, premiando a quienes más tienen, y castigando a quienes menos tienen. Ese diagnóstico es correcto. El punto es que la movilización contra la PSU también castiga a las instituciones de educación superior, castiga a los estudiantes que quedan en una fase de alteración a su ciclo de admisión a las universidades, y eso es un efecto que es dañino. Eso no justifica la ola represiva contra los dirigentes de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), hemos solidarizado como Universidad con ellos, particularmente con Víctor Chanfreu, el vocero de ellos, que participó en actividades en la UAHC, que es amenazado por sectores encubiertos. Consideramos que el derecho a la protesta es legítimo, y sobran razones para protestar contra la PSU. El tema es cómo la sociedad genera una agenda de cambios para que tengamos un instrumento de otra naturaleza que valorice otras dimensiones de la educación y no solo lo que opera la PSU.
El gobierno, varios sectores, se fueron con todo contra los secundarios, hasta dijeron que esas manifestaciones podían cuestionar la realización del plebiscito.
Es una situación que se va a solucionar. Provocó molestias para el proceso, generó incertidumbre, pero finalmente el sistema es capaz de ofrecer una respuesta al problema de no dar la PSU, eso se resolvió. Lo que queda es la denuncia, va a quedar botando, y no se hará una nueva PSU, eso quedó de manifiesto. Este año empieza un nuevo sistema de ingreso a la educación superior que reemplaza al actual Sistema Único de Admisión (SUA), que comenzará a funcionar a fines del 2021, eso obligará a tener un nuevo instrumento de medición para la admisión a las universidades. Es importante dar una discusión participativa, de las universidades y los académicos, los estudiantes, respecto al instrumento de ingreso. Que permita des-estigmatizar a los estudiantes de los sectores populares, y valorar capacidades y habilidades que normalmente hoy solo se ponderan en relación a los colegios particulares pagados que monopolizan el acceso a la educación superior.
Esta movilización contra la PSU, ¿se justificaba, se esperaba?
Hay dos cosas. Una es la justificación de la movilización, que comparto plenamente en cuanto al cuestionamiento de la PSU, otra cosa es la consecuencia de la movilización, que fue compleja. Ahora, la responsabilidad final recae en las autoridades de gobierno que no lograron responder a una necesidad de tener otro instrumento de evaluación, sino que se empecinaron en mantener un modelo de ingreso a la educación superior, que es segregador, discriminador, clasista, y funciona para los intereses de quienes monopolizan el acceso a la universidad.
