DDHH: La crisis se agudiza

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Ministerio Público informó que hay más de 5 mil denuncias por vulneraciones. CIDH dijo que hay una grave crisis en esta materia. Fuerza policial sumó nueva víctima fatal.

Equipo ES. 01/02/2020. La última semana de enero se cerró como una de las más dolorosas para la ciudadanía que se sigue movilizando en las calles. A la muerte del hincha colocolino, Jorge “Neko” Mora, quien fue arrollado por un camión de Carabineros, se sumó este viernes, Kevin Ariel Moreno, otro hincha colocolino de 24 años, quien fue herido en la cabeza por un balín policial. El joven participó de las manifestaciones que pedían justicia por la muerte de Mora, en la comuna de Padre Hurtado, desde donde fue trasladado en estado grave a la ex Posta Central. Lugar donde estuvo hospitalizado en coma y sin posibilidades de extraer el proyectil de su cráneo. Moreno murió durante la tarde del viernes por la gravedad de la herida.

La noticia se supo cuando miles de manifestantes estaban en la Plaza de la Dignidad en la “marcha de todas las barras”, convocada precisamente en memoria de Jorge Mora. Bajo la consigna “sin justicia no hay fútbol”, todas las barras del fútbol chileno confluyeron en un solo grito, el de justicia por “Neko” y por Kevin. Se espera que todas las fechas de partidos sean interrumpidas por hinchas, como ocurrió en el encuentro de Audax Italiano y Coquimbo Unido, donde barritas desplegaron en medio de la cancha un lienzo con el mensaje: “Calles con sangre, canchas sin fútbol”.

La marcha de todas las barras tuvo una alta convocatoria con varias muestras artísticas y de solidaridad, sin embargo, también hubo duros enfrentamientos y nuevamente Carabineros realizó encerronas que dejaron a varios detenidos y heridos.

Desde el gobierno el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, lamentó la muerte de Kevin Ariel Moreno, pero dio énfasis en los enfrentamientos que dejaron las manifestaciones. “Reiterar nuestro profundo pesar. Por eso el llamado a terminar con la violencia, porque la violencia solo causa dolor y destrucción. Lo que llamamos es a terminar con la violencia, dolor de esas familias, porque obviamente nadie desea que tengamos más personas fallecidas”, dijo.

Y agregó que “ayer tuvimos diez eventos graves durante la noche y la madrugada del día de hoy. Claramente es una tendencia a la baja respecto los treinta eventos graves que tuvimos la noche del miércoles y jueves, y los 17 que tuvimos de jueves a viernes, pero todavía nos preocupa la violencia que se ha notado estos últimos días”.

5 mil denuncias

A través de un informe el Ministerio Público confirmó que hay 5 mil 558 denuncias por violación a los derechos humanos. Dicha número corresponde a las investigaciones iniciadas desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre. De esas demandas se desprende que 4 mil 525 de las víctimas son varones, mil  31 mujeres. De la abultada cifra de investigaciones, 4 mil 719 son adultos y 834 menores de edad.

En ese marco, se registraron 31 muertes, de las cuales cuatro fueron perpetradas por agentes estatales, mientras que otras dos personas fallecieron cuando estaban detenidos en comisarías.

Ymay Ortiz, jefa de Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, señaló que “dentro de desnudamiento y violencia sexual, estos desnudamientos se han enmarcado en algunas regiones, dependiendo de las circunstancias del caso, o en abuso contra particulares o casos de apremios ilegítimos y en algunos casos, cuando ya hay contacto, pueden estar en abusos sexuales”.

“No es que el desnudamiento sea un tipo penal especial, pero creemos que fue importante también saber en qué casos las víctimas, más de denunciar algún tipo de golpe, algún tipo de apremio, más denunciaban haber sido desnudadas”, agregó.

Del total de las denuncias 4 mil 170 acusaron a Carabineros como culpable de la violencia institucional. De esos casos 4 mil 158 son por apremios ilegítimos, 134 por tortura y se investigan 9 por violación. Además, el Ejército suma 244 denuncias, la Policía de Investigaciones tiene 96, y otras 27 denuncias apuntan a funcionarios de la Armada de Chile. Hasta el momento hay 294 funcionarios de Carabineros individualizados.

La mayoría de las violaciones a los derechos humanos denunciadas se concentran en la Región Metropolitana, con 2 mil 650 víctimas. Valparaíso es la segunda región con mayor número de víctimas, con 776 y la sigue Bío Bío con 409 personas.

“Grave crisis”

En tanto, el preinfomre que entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que Chile “vive una grave crisis en derechos humanos”. El órgano arrojó la conclusión luego de realizar una visita al país entre el 25 y 31 de enero, donde se reunieron con organizaciones sociales y víctimas de todo el territorio nacional.

La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que “Chile vive grave crisis en derechos humanos” y acto seguido pidió un minuto de silencio para las víctimas de la violencia del Estado, en medio de la conferencia de prensa donde entregó las resoluciones de la visita.

Asimismo, Joel Hernández, relator del CIDH para Chile, expresó que “los números hablan por sí solos. La CIDH condena el alto número de violaciones de derechos humanos e insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia identificar y sancionar a los responsables. Las protestas registraron en varios casos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza debido a una falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas”.

Y añadió que “respecto a las manifestaciones que se tornan violentas, la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresas de los mandos jerárquicos y fundamentada en un riesgo grave para la vida o integridad de las personas y agentes de seguridad cuando no sean posibles otras medidas. La CIDH condena todo acto de violencia, y recuerda que la protesta es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”.

Además, Hernández se refirió a las demandas del movimiento social y resaltó que “la comisión pudo observar la existencia de una sociedad civil vibrante y consciente de sus derechos, solidaria y movilizado alrededor de sus demandas. La comisión reconoce la legitimidad de las demandas históricas, en particular sus reivindicaciones respecto a la desigualdad en el ingreso, acceso a la salud, educación, a la seguridad social, al agua y otros derechos sociales”.

“La comisión observa que las muestras de insatisfacción y protestas registrada desde octubre se enmarcan en una expresión creciente, acumulada e intergeneracional en el acceso y disfrute de derechos sociales, servicios públicos básicos y niveles de mayor bienestar. Si bien los niveles de desigualdad han variado en intensidad y carácter, se ha visto limitado por distintas razones el acceso a educación, salud, pensiones dignas y agua. afectando a jóvenes, mujeres jefas de hogar, pueblos indígenas y personas mayores”, apuntó.

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