“Este Gobierno lo único que ha hecho es criminalizar la movilización social”, dijo Karol Cariola. Alto Comisionado ONU rechazó la iniciativa.
Valparaíso. 16/01/2020. Este jueves la Cámara de Diputados aprobó los cambios realizados por el Senado al proyecto conocido como “Ley Antibarricada”, que en su parte medular criminaliza las diversas formas de manifestaciones sociales.
La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, dijo que “es muy lamentable esta aprobación. Sin lugar a dudas aquí hay un error inicial de aquellos que votaron a favor de este proyecto, que le dieron el pase a un proyecto de ley que es muy nefasto y que lo que hace es criminalizar la protesta social. Desde el Senado, lejos de venir mejorado, viene un peor proyecto que no solamente aumenta las penas, sino que le entrega más herramientas a un Gobierno que lo único que ha hecho es criminalizar la movilización social, razón por la cual hoy hay un Presidente absolutamente deslegitimado con un 6% de aprobación.”
Y agregó que “probablemente después de la Ley Hinzpeter, esta es una de las leyes más represivas y que lo único que hace es justificar el accionar que ha tenido Carabineros para violar los Derechos Humanos y con ello restringir la movilización social y los derechos de las personas para poder movilizarse libremente y con derecho a expresión en las calles”.
El jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera señaló que “la derecha con el apoyo de “opositores” aprobó la ley que criminaliza la protesta social en momentos en que Sebastián Piñera agoniza en el 6%: Es decir legislan para sus familias”.
En tanto, el también parlamentario PC, Hugo Gutiérrez indicó que “se aprobó Ley Anti Barricadas con votos de UDI, RN, EVOPOLI, DC, PR y así Piñera podrá castigar la protesta social para que nadie grite en las calles de Chile: ‘Renuncia Piñera’ ‘No+AFP’ ‘Asamblea Constituyente’”.
La recomendación del Alto Comisionado ONU
En el marco de la votación del proyecto se dio a conocer una carta enviada por el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, para exponer su preocupación por la agenda de seguridad del Gobierno, específicamente sobre el proyecto en debate.
La carta, leída por el diputado Hugo Gutiérrez durante el debate, señala que desde la perspectiva de estándares internacionales, la posibilidad de sancionar penalmente la interrupción de la libre circulación de las personar sin autorización, no hace más que ratificar que el ejercicio del derecho a la reunión pacífica opera bajo una lógica de autorización administrativa. Dicha situación es caracterizada por la relatoría como un “Régimen de autorización de facto”.
El relator especial señala que la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe de ser motivo para la dispersión de una protesta, ni tampoco para la criminalización de los participantes.
Concluye la carta que el derecho a la reunión pacífica no debe de estar regulado por un régimen de autorización; la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluido debe tolerarse; la solución del problema de elementos violentos en manifestaciones se debe buscar mejorar en la mejora de la capacidad de las policías de identificar y apartar los elementos violentos y no en la criminalización de otras conductas.
