De inmediato surgieron críticas a iniciativa que se suma a otras de carácter represivo y de inhibición de la manifestación social y ciudadana.
Equipo ES. 12/01/2020. Un nuevo proyecto que apuntaría a restricciones ciudadanas y de derechos está preparando el gobierno. Ahora se trataría de restringir y acotar el derecho a reunió en lugares públicos, a generar cortapisas a movilizaciones e inhibir la expresión pública de la gente. También, formalizando esas restricciones, se entregarían herramientas para legalizar acciones represivas de Carabineros que hoy están limitadas.
El proyecto lo está trabajando el gobierno al interior del Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio del Interior, específicamente la Subsecretaría de Interior, y la idea es llevarlo cuanto antes al Parlamento y buscar que sea aprobado.
Enterado del tema, el diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que esta es una nueva medida para criminalizar y reprimir las expresiones ciudadanas y las manifestaciones sociales, y que se suma a otros proyectos del gobierno como la “ley anticapucha”, la “ley anti saqueos”, la propuesta de que las Fuerzas Armadas vigilen supuestos puntos estratégicos, el proyecto de protección de Carabineros.
El legislador apuntó que “ahora quieren regular la reunión de la gente en las calles y los lugares públicos”. Agregó que “el gobierno en vez de discutir programas sociales, están apoyando y presentando proyectos represivos”.
En declaraciones al diario El Mercurio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (militante de Unión Demócrata Independiente), dijo que “parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respecto a otros derechos; lo que significan las divergencias entre una marcha, el movilizarse y una manifestación pública fija”. Advirtió que “es un desafíos súper importante el poder legislar este tema”.
Una de las organizaciones que suele efectuar movilizaciones públicas y en las calles, es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y su presidente, José Pérez, al saber de esta iniciativa gubernamental declaró a la prensa que “lo que hace es mirar hacia atrás, ir a las prácticas dictatoriales de controlar, monitorear y reprimir la opción de movilización ciudadana, lo cual eso creo que no hace daño, eso lo enreda mucho más”.
El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien fue ministro de Justicia, manifestó que “pensar que los problemas de orden público se resuelven con normas legales, es una ilusión. Cuando aquello se resquebraja, las reglas, las autoridades y las instituciones a cargo de la seguridad también pierden legitimidad para actuar, son sobrepasadas, y eso no lo va a resolver una norma”.
La diputada comunista, Karol Cariola, opinó que “nosotros creemos en el derecho que tiene la ciudadanía, de utilizar los lugares públicos, de utilizar la libertad de expresión y de utilizar el derecho a manifestación”. “Hoy el gobierno lo que está buscando es restringir aún más el derecho de la ciudadanía a manifestar posiciones”, añadió.
Álvaro Elizalde, senador y presidente del Partido Socialista, sostuvo que “el gobierno, con el pretexto de regular el derecho de reunión, quiere establecer restricciones adicionales a la libre expresión de la ciudadanía y no entiende que las manifestaciones no se evitan con regulaciones antidemocráticas, sino dando respuestas a las demandas ciudadanas”.
En tanto, la timonel del Partido Comunes, Javiera Toro, citada por EMOL, planteó que “cualquier regulación del derecho de reunión debe hacerse por ley, pero ésta en ningún caso puede exigir una autorización previa que restrinja el derecho constitucional”.
Subsecretario de Interior: Puede haber “copamiento” de Plaza de la Dignidad
En este marco, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que es posible que nuevamente se utilice el método de “copamiento” policial de la Plaza de la Dignidad, como medida restrictiva del derecho de reunión de ciudadanos.
Planteó que las acciones ordenadas por la autoridad y ejecutadas por Carabineros cambian, y dependerán “de la circunstancia de los hechos”.
Advirtió, ante la continuidad de protestas en distintos puntos del país, que “las estrategias operativas no se anticipan y dependen de las circunstancias de los hechos”.
En tanto, siguieron las críticas por la detención de un joven en el centro de Santiago, a manos de carabineros de civil, que lo metieron a una camioneta también civil, recordando los métodos de detención durante la dictadura por equipo de la CNI y de DIPOLCAR, el estamento de Carabineros responsable del degollamiento de tres profesionales.
Este domingo se conocieron las formalizaciones de acusaciones a detenido, pero se siguió cuestionando que ahora la policía esté actuando con funcionario de civil, lo que podría generar serios problemas a los ciudadanos así como confusiones graves. Se tiene en cuenta que durante estos meses de estallido social, varios civiles efectuaron acciones criminales por las cuales ahora está condenando, y ese tipo de personas podría hacerse pasar por carabineros. Van varios casos de civiles que sacaron armas ante manifestantes.
