Muertes, graves lesiones, record mundial en mutilaciones oculares, vulneraciones a menores de edad y violaciones sexuales contra hombres y mujeres.
Equipo ES. 30/12/2019. El estallido social marcó al 2019 como un año de definiciones y profundas transformaciones. Aunque la rebeldía ciudadana aun no consiguió algo concreto, más allá del acuerdo entre la elite política que promete dotar al país de una Constitución democrática, el proceso de movilizaciones le remeció el escenario a varios y delineó lo que pretende ser un nuevo Chile. Sin embargo, también, en este 2019 volvió el miedo, la rabia y la tristeza, porque las armas volvieron a ser el comodín de un gobierno y los estados de emergencias y toques de queda nuevamente llevaron al país al capítulo más oscuro de la historia.
Los ojos del mundo se volcaron hacia Chile y los informes de organismos internacionales de derechos humanos fueron unánimes respecto a que en Chile se están violando masiva y gravemente los derechos humanos. Pese a que el gobierno ha hecho lo imposible por invisibilizar, negar y justificar los delitos de manos policiales.
Alrededor de tres mil heridos registrados en la mayoría de las regiones del país, la mayoría por acción de agentes del Estado (Carabineros, militares y miembros de la Policía de Investigaciones). 359 lesionados oculares por disparos de perdigones y bombas lacrimógenas, muchos de ellos con pérdida de un ojo y a lo menos una mujer y un joven que quedaron ciegos: en todos esos casos los disparos los hicieron miembros de la policía uniformada. Miles de detenidos en manifestaciones y protestas, de donde surgieron testimonios de maltratos, golpizas, abusos sexuales, violaciones, agresiones psicológicas, muchas de ellas registradas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En los últimos días del año continuó la seguidilla de espantosos casos de violencia policial. Una chica de 15 años permanece hospitalizada en coma y en riesgo vital, después de recibir una bomba lacrimógena en su cabeza. Un joven de 20 años fue aplastado por dos carros lanza gases y se encuentra internado con fracturas en ambas caderas. Otro manifestante, Mauricio Fredes, de 33 años murió, el pasado viernes, tras caer en una fosa electrificada mientras arrancaba de una encerrona policial. Un día después cuando hacían una velatón precisamente por Fredes una niña de 10 años quedó inconsciente y con compromiso motor luego de recibir la fuerte represión de Carabineros que dispersaron esa actividad con una gran cantidad de gases lacrimógenos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde el primer día de las manifestaciones estuvo en la calle y logró constatar gran parte de los casos de vulneraciones, de hecho el informe anual que entregó el organismo hace una semana fue calificado por Naciones Unidas como “el más completo” de los estudios que se entregaron hasta la fecha. El INDH determinó que “se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica”. Y s alertó sobre la labor de carabineros por el “uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares”.
Dicho documento, además, informó que hasta el 30 de noviembre interpusieron 476 querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 586 víctimas. Del total de querellas por este tipo de delitos, 433 son contra Carabineros, 33 contra efectivos de las Fuerzas Armadas y 10 contra personal de la Policía de Investigaciones. Y se establecieron acciones judiciales por torturas, apremios y vejámenes con connotación sexual en favor de 135 personas, 114 de las cuales denunciaron desnudamientos. Hay 6 casos de violación contra hombres adultos, lo que motivó la presentación de querellas contra Carabineros.
El INDH con la Defensoría de la Niñez confirmó que han existido vulneraciones graves a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Mediante el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, por lo que se ha afectado la integridad física y psíquica de los menores, los que en algunos casos han sido objeto de detenciones ilegales, apremios ilegítimos, malos tratos, torturas y violencia sexual en los recintos de detención. Donde se pudieron constatar detenciones de mil 13 niños, niñas y adolescentes.
Los organismos internacionales
Desde Amnistía Internacional hasta Human Rigths Watch (HRW) emergieron duros informes que pusieron en jaque la política represiva del gobierno y el excesivo uso de la fuerza de Carabineros. HRW recomendó reformar la institución policial con el fin de prevenir los abusos y fortalecer la supervisión.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Asimismo, agregó que “factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.
En tanto, el reporte de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas indicó que resulta difícil comprender cómo a estas alturas en el país, haya personal uniformado que violenta sexualmente a menores de edad o introduce un bastón en el ano de un hombre.
Y añadió que “la gestión de asambleas por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva. Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”.
El informe de Amnistía Internacional fue el primero en ser publicado y el primero es ser rechazado por el gobierno, ya que el documento fue demoledor y apuntó directamente como responsables a La Moneda. Pilar San Martín, investigadora del organismo, repudió que a pesar de las evidencias, tanto de heridos como de muertes de ciudadanos, las autoridades insistieran en justificar la violencia desproporcionada. Además, resaltó que la gran cantidad de víctimas oculares demuestra la “brutalidad” del actuar de los uniformados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró también en alerta por “la información recibida que señala torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. A este respecto, la Comisión expresa su alarma por la información publicada por las instituciones nacionales de derechos humanos que señala prácticas por parte de Carabineros a detenidos en las que se harían simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescente, entre otros”.
Y encendió la alarma por “el elevado número de denuncias de abuso sexual en el contexto de las detenciones. Conforme la información recibida, se habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual. Se recibió información sobre abusos sexuales y tocamientos a niños, niñas y adolescentes. Según esta información, en algunos casos se habría golpeado reiteradamente en la zona genital con un bastón de servicio de Carabineros a niños, niñas y adolescentes, además de ser posteriormente obligados a desnudarse en la comisaría”.
Las denuncias
La Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, señaló en su momento que se investigaban 2 mil 670 casos de personas agredidas principal y mayoritariamente por agentes del Estado. Las denuncias suman 2 mil 52 contra la policía uniformada, 50 contra la PDI, 183 contra el Ejército, y 26 en contra de la Armada. Hay mil 679 denuncias por apremios ilegítimos y 44 por torturas.
Entre las víctimas hay 422 niñas y niños, y 525 mujeres. 2 mil 141 de los agredidos son hombres. El informe de Fiscalía Nacional habla de 13 indígenas violentados y 41 extranjeros. El texto señala que las indagaciones tienen que ver con 90 desnudamientos, 26 hechos constitutivos de violación o abuso sexual y 8 amenazas de cometer delitos sexuales en su contra, según ese organismo.
De acuerdo a la Fiscalía Nacional, de las violaciones a derechos humanos y civiles, 1.820 casos estos habrían ocurrido en la vía pública y241 en comisarías, brigadas policiales o recintos militares. Cuarenta y cinco personas reclamaron que las acciones represivas se produjeron dentro de domicilios particulares, 44 en vehículos policiales y 41 en locales comerciales.
La Red de Abogadas Defensoras de Mujeres (ABOFEM) registró 60 denuncias de violencia política y sexual cometidas por las fuerzas de orden y seguridad pública. 95% en episodios de “desnudamientos forzosos, revisión de genitales, golpes, burlas, humillaciones y amenazas de violación en contra de las víctimas y/o contra sus familias, ocurridos al interior de Comisarías”. Cuarenta de esos casos derivaron querellas criminales para esclarecer la existencia de delitos y eventuales responsables. “Estas vulneraciones no solo van en contra de las tratados internacionales y tienen carácter derechamente de delitos, sino que también van en contra de los propios protocolos de Carabineros de Chile”, se estableció.
