El organismo entregó su informe anual donde además detectó “excesiva demora” de Carabineros para tomar medidas que eviten nuevas vulneraciones.

Santiago. 23/12/2019. Este lunes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer el informe anual respecto a la situación de los derechos humanos en el país, el cual estuvo marcado por los graves delitos cometidos por personal policial desde hace más de dos meses en el marco del estallido social. En el texto se planteó como fundamental que Estado de Chile enfoque sus esfuerzos en verdad para investigar los hechos; justicia para sancionar a los responsables; reparación integral a las víctimas; y medidas de no repetición, para evitar que agentes del Estado vuelvan a violar los derechos humanos.

El director del instituto, Sergio Micco, explicó que el informe contiene cinco capítulos con el detalle de las “graves” y “muy numerosas” violaciones a los derechos humanos ejercidas por agentes del Estado en el periodo que comprende desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre. Asimismo en el documento se criticó la “excesiva demora” de Carabineros para tomar las medidas que eviten nuevas vulneraciones, ante los llamados que desde un primer momento el organismo comenzó a realizar para que el control del orden público se realizara de “manera proporcional, apegado a derecho y ajustado a los protocolos institucionales”.

El INDH tras monitorear la situación en las calles e investigar las cientos de denuncias determinó que “se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica”. En el informe se destacó que se puso especial atención al “uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares”. De acuerdo a las inspecciones realizadas en recintos hospitalarios al 30 de noviembre, hubo un total de 347 personas con heridas oculares, entre las que se cuentan estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma ocular irreversible y traumas oculares. En ese marco el instituto presentó 29 querellas por ese tipo de afectaciones.

El documento además señaló que “el mayor número de muertes y la mayor proporción de lesiones por trauma ocular, como de personas heridas, se produce durante el período de Estado de Emergencia”.

Responsabilidad de Carabineros

El texto del INDH enfatizó en el violento actuar de Carabineros con el excesivo uso de armas disuasivas. Indicó que “el problema se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución, respecto de la autoridad civil”. Es por ello que también acusó la falta que cometió el Estado al no proteger la vida de los ciudadanos. “El Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana”, agregó el informe.

En ese marco, la investigación del órgano apuntó que hay “antecedentes robustos” respecto a las violaciones de derechos humanos y detalla los aspectos vulnerados. “El derecho a la vida: Se contabiliza la presentación de 5 querellas individuales por homicidio consumado y 12 querellas en favor de 20 víctimas por homicidio frustrado”, expuso el informe y agregó que “de esas querellas por homicidio 5 de las 6 corresponden a delitos ocurridos en el Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la República”.

Asimismo, indicó que se vulneró “el derecho a la integridad personal: se constatan graves violaciones al derecho a la integridad personal, con un alto número de personas con daño, trauma o estallido ocular, por impactos provenientes de municiones de escopetas antidisturbios de Carabineros”.

“En virtud de estos antecedentes se cuestiona el accionar de Carabineros por la utilización de escopetas antidisturbios y balines sin respetar protocolos para el mantenimiento del orden público, basados en el derecho internacional de los derechos humanos. También se critica la excesiva demora del alto mando institucional en tomar medidas efectivas para evitar la comisión de actos que lesionan los derechos humanos”, manifestó el texto.

Las torturas

El INDH informó que hasta el 30 de noviembre interpusieron 476 querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 586 víctimas. Del total de querellas por este tipo de delitos, 433 son contra Carabineros, 33 contra efectivos de las Fuerzas Armadas y 10 contra personal de la Policía de Investigaciones.

Además anunció que se establecieron acciones judiciales por torturas, apremios y vejámenes con connotación sexual en favor de 135 personas, 114 de las cuales denunciaron desnudamientos. Hay 6 casos de violación contra hombres adultos, lo que motivó la presentación de querellas contra Carabineros.

Asimismo, el ente presentó 21 acciones constitucionales de amparo y una ante un juez de garantía, para cautelar el derecho a la libertad y seguridad personal en casos graves.  El Instituto visitó 918 recintos policiales en todo el país y constató la detención de 8 mil 492 personas, de las cuales mil 13 eran niños, niñas y adolescentes.

Por vía electrónica el organismo recibió 4mil 994 denuncias a nivel nacional por detenciones. Y recibió 104 denuncias, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre por violación de domicilio y allanamientos ilegales.

Vulneraciones a menores

Para este ítem el INDH recibió información desde la  Defensoría de la Niñez con la cual confirmó que han existido vulneraciones graves a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Mediante el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, por lo que se ha afectado la integridad física y psíquica de los menores, los que en algunos casos han sido objeto de detenciones ilegales, apremios ilegítimos, malos tratos, torturas y violencia sexual en los recintos de detención.

Recomendaciones

Dentro de los llamados que hizo el INDH se recomendó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública disponer para que las Fuerzas de Seguridad y Orden Público “hagan uso de la fuerza con estricto apego al respeto de los derechos humanos y que respondan a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

“Para ello se debe asegurar que el uso de las escopetas antidisturbios de carabineros se apegue a los protocolos pertinentes. También se debe instruir a la policía uniformada para que el uso de agentes químicos se ajuste al respeto de los derechos humanos, que estos no sean lanzados ni detonados en dirección al cuerpo de las personas y que se revise su composición”, apuntó el estudio.

Y llamó a extirpar “la aplicación de torturas ya sean físicas, sexuales o psicológicas, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como desnudamientos y/o la realización de actividades físicas de variada consideración”.

El INDH sugirió además que se adopten medidas concretas para la reparación de las personas cuyos derechos han sido vulnerados. Medidas que deben contemplar un acceso prioritario y especializado a la salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones.

A los ministerios de Hacienda, Economía y Desarrollo Social y Familia, el INDH le pidió “formular políticas públicas de apoyo en favor de los comerciantes, pequeños y medianos empresarios y trabajadores que, producto de la violencia, han visto afectadas sus fuentes de trabajo y emprendimiento”.

Y al Estado le recomendó “asegurar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, de manera de disminuir la gran desigualdad derivada de aquellos que no han sido adecuadamente garantizados. Especialmente, es necesario resguardar el acceso y protección a derechos en ámbitos como la salud, previsión social, educación y vivienda, sin discriminación arbitraria”.

Informe completo aquí 

 

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