Con el paso de los días han ido quedando en evidencia la existencia de motivos suficientes para no haber suscrito aquél pacto entre una parte de la oposición con los partidos gobernantes.
Pedro Aravena Rivera
Abogado
15/12/2019. Todos los medios de comunicación oficiales se han ido concentrando sobre la cuestión de la violencia con el obvio propósito de desacreditar las jornadas de lucha social y política iniciadas a partir del 18 de octubre pasado, atribuyendo su origen a una supuesta conspiración que incluía agentes cubanos y venezolanos en los hechos desencadenados a partir de ese día y en la que se intenta involucrar a los partidos que no son parte del acuerdo por la paz y una nueva constitución y en particular a los comunistas.
Tras aquello, está la intención deliberada de instrumentalizar aquél pacto pre constitucional, transformándolo en una suerte de cartabón de hierro, que por arte de magia otorga el título de pacíficos dialogantes a quienes, durante casi cuatro décadas, han negado la sal y el agua a toda iniciativa de cambio por mínimo que fuera y que no han trepidado en usar la violencia del Estado para impedir que se perturbe en sus dominios al capital financiero.
Baste citar, por si alguien lo ha olvidado y solo a vía ejemplar, como se utilizaron todos los medios, -incluido el Tribunal Constitucional-, para impedir que se otorgaran facultades fiscalizadoras al Sernac en defensa de los consumidores, como se pusieron al proyecto de una AFP estatal ya que era una alternativa al control monopólico de los fondos previsionales, su negativa a permitir la negociación colectiva por rama productiva, como destruyeron la ley sobre subcontratación laboral con la complicidad de connotados articuladores de la concertación, discriminando a decenas de miles de trabajadores, su rechazo a la titularidad sindical que fortalecía la organización de los trabajadores y su oposición permanente a la gratuidad universal de la educación y la defensa que siguen haciendo de la selección como medio de ingreso a los establecimientos educacionales púbicos y subvencionados. Son los mismos que han aplicado la horca y el cuchillo en las tierras del pueblo mapuche y que se han cerrado a todo camino que implique dar autonomía a los pueblos originarios y su cínica mofa que hicieran sobre los esfuerzos realizados por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet para dar paso a una nueva Constitución. Han llegado al extremo de pretender infructuosamente controlar la intimidad sexual de las personas limitando la aplicación universal de la píldora del día después, el matrimonio igualitario, como antes lo hicieran con el divorcio y la unión civil.
Escudándose en el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, ahora se excluye y se declara fuera de la historia a quienes legítimamente tienen objeciones tanto a los procedimientos empleados como al contenido del mismo, lo demuestra que se continúa con una lamentable tradición que viene de los tiempos de la dictadura, donde se instalaron similares entendimientos, cuya característica fue la exclusión de quienes sostuvieron diferencias de cómo avanzar en la conquista de una democracia social y política.
No obstante y con el paso de los días han ido quedando en evidencia la existencia de motivos más que suficientes para no haber suscrito aquél pacto entre una parte de la oposición con los partidos gobernantes, en donde se intenta imponer, desde arriba, un procedimiento constituyente que parte por desconocer lo elaborado por centenares de cabildos realizados en todo el país y lo que han señalado los representantes de pueblos originarios, imponiendo el citado documento que da todo tipo de garantías a quienes intentan mantener gran parte del viejo orden institucional, amparándose en el veto de solo un tercio de los constituyentes, permitiéndoles situarse en una posición prácticamente irreductible respecto de todo cambio sustancial a la actual normativa constitucional.
En suma, para que haya nueva Constitución se requerirá que concurran dos tercios de los miembros de aquel organismo constituyente, lo que se ha justificado con el argumento de que ese texto constitucional debe recoger el conjunto de las opiniones que existan en la convención, pero no obviamente los de la mayoría. Tras ese aserto, se oculta una de las máximas más básicas de la filosofía política neoliberal, la de una supuesta igualdad en el plano de la vida política como reverso a una profunda desigualdad económica y social, es decir, entre el 1 % más rico, cuya renta per cápita es 40 veces mayor a la que poseen el 81 % de la población restante. A juicio de los que han dado forma a este proceso constituyente, esa diferencia es un detalle irrelevante, ya que en la convención constituyente se va a considerar las propuestas de todos por igual, quedando más que claro que ese veto del tercio será el que se aúne alrededor de ese 1%, cautelando de esa forma que Chile siga siendo una república plutocrática.
Pero la crítica a ese pacto no viene solo de aquella izquierda que ha rechazado esa forma de disponer el destino del país, ya que un amplio y plural grupo de personalidades, entre los cuales hay varios premios nacionales de las artes y las ciencias, encabezadas por el astrónomo José Maza, el médico James Hamilton, la periodista María Olivia Mönckeberg y el sacerdote jesuita Felipe Berríos, a quienes nadie puede acusar que formen parte de conspiración alguna, en dos cartas han señalado entre otras cuestiones que “la decisión en torno a este plebiscito se relativiza cuando se imponen quórums a una instancia que, por naturaleza, debe ser soberana para autorregularse. Un acuerdo político parlamentario no puede ni debe restringir el funcionamiento del máximo órgano constituyente, elegido por la ciudadanía”. Y si quedase alguna duda del sentido de esa observación a lo pactado por un sector de las directivas de los partidos de oposición y del oficialismo, en una segunda misiva han señalado textualmente: “Respecto de las formas para elegir la Asamblea Constituyente, nos parece inconveniente y por qué no decirlo, provocador y hasta peligroso, que los mismos partidos políticos o el Congreso -que están entre las instituciones peor evaluadas por la opinión pública- pretendan tomar las riendas del proceso, coartando o al menos limitando el inalienable derecho ciudadano de constituir una Asamblea”, obviamente, los medios de comunicación masivos, prácticamente la han silenciado, desinformando como siempre.
En consecuencia, estamos frente a un nuevo intento de los sectores que han copado el poder político en estos últimos decenios, destinado a imponer al resto del país, como se regirá su destino de aquí en adelante. De esta forma, por una parte, se busca sortear la crisis reteniendo el control del poder, al igual como ocurriera en 1990, y por la otra, se intenta cooptar, desde arriba, a un pueblo que ha ocupado las ciudades, sus calles, plazas y caminos rurales, proclamando su unidad y exigiendo dignidad, sumergiéndolo en una mecánica que restringe su soberanía, impidiendo que se pueda expresarse autónomamente a través de una asamblea constituyente, sin mediaciones ni limitaciones de ninguna especie.
Junto con ello, para detener la movilización en sus más diversas expresiones, se la relaciona con la violencia, a pesar de que solo puede atribuírsele la legítima y necesaria autodefensa que se han dado las organizaciones sociales, ante la brutalidad de la represión descargada sobre los que marchan y protestan, quienes se han visto violentados en sus derechos humanos más básicos, como la vida y la integridad física y síquica, violencia estatal que ha recibido la condena de organismos y entidades humanitarias y cuyo costo en vidas, mutilaciones, encarcelamientos masivos, torturas y violencia sexual, incluyendo a los miles que han debido sufrir los efectos por el uso abusivo de sustancias químicas, en gran parte ha quedado impune.
Las otras formas de violencia tienen una sola causa que proviene de casi cuatro décadas de aplicación implacable de un orden económico y social basado en el lucro, que han generado las condiciones materiales y culturales para que los denominados comportamientos “socialmente negativos” o “desviados”, sean la normalidad habitual. Conductas que son consecuencia, entre otros factores, de la homogenización social en comunas separadas de acuerdo con determinados niveles socioeconómicos, reubicando a las familias vulnerables en zonas segregadas, sin conexión con el resto de la ciudad y sin acceso a los servicios básicos. Esa violencia es de total y entera responsabilidad de una construcción social que se ha mantenido a resguardo, tras las murallas invisibles de la discriminación y que hoy pretenden endosarla a quienes exigen poner término a los abusos y privilegios.
Sin embargo, al gobierno y su entorno les ha sorprendido su masividad y extensión de los grupos de delictuales y las bandas organizadas de narcotraficantes y cuya composición básicamente corresponde a sectores que no tienen cabida en el mercado laboral y cuya inclusión social opera sobre la base de dispositivos punitivos como el encarcelamiento masivo y el endurecimiento de las penas, junto a un entramado de subsidios provenientes de la llamada protección social. Sectores a los que la narcocultura los integra al circuito económico bajo cuerda, por vías ilegales y se transforman en activos partícipes de la circulación del capital, mediante la inversión y blanqueo de sus ganancias en el mercado formal. A su vez, colaboran con el sistema, impidiendo que, en sus asentamientos urbanos, se puedan desarrollar formas autónomas y críticas de organización popular, especialmente en la juventud, desde donde reclutan preferentemente su carne de cañón.
Tales organizaciones, escudándose en las protestas masivas vienen progresando en su aprendizaje y han visto que pueden imponerse fuera de sus reductos habituales, demostrando que poseen capacidad para enfrentar y superar las medidas de prevención y protección establecidas por la policía y no se divisa razón alguna por las cuales vayan a abandonar los espacios, no solo físicos, que han conquistado en estas semanas.
Así las cosas, en medio de estos intentos de neutralización, no cabe otra alternativa para que ese movimiento, surgido a partir de las protestas del 18 de octubre y para que su amplitud y pluralidad pueda seguirse desarrollando y ampliando, que el preservar su autonomía y capacidad de convocatoria, como el factor más dinámico y democratizador en la presente situación, tanto frente a las tentativas de una desacreditada institucionalidad por absolverlo en procesos que no garantizan una salida auténticamente democrática a la crisis, como al accionar de grupos delictivos que buscan solo utilizarlo como cobertura a sus acciones.
