Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos encuentra al país sumido en cifras terribles, impunidad a la vista y hasta el Presidente responsabilizado.
Equipo ES. 09/12/2019. El Día Internacional de los Derechos Humanos es un día oscuro en Chile. Encuentra al país sumido en cifras terribles, impunidad a la vista y hasta el Presidente responsabilizado.
Alrededor de tres mil heridos registrados en la mayoría de las regiones del país, la mayoría por acción de agentes del Estado (Carabineros, militares y miembros de la Policía de Investigaciones). 230 lesionados oculares por disparos de perdigones y bombas lacrimógenas, muchos de ellos con pérdida de un ojo y a lo menos una mujer y un joven que quedaron ciegos: en todos esos casos los disparos los hicieron miembros de la policía uniformada. Miles de detenidos en manifestaciones y protestas, de donde surgieron testimonios de maltratos, golpizas, abusos sexuales, violaciones, agresiones psicológicas, muchas de ellas registradas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El país llega a la conmemoración de la fecha simbólica para derechos humanos (DDHH) con informes lapidarios y críticos de parte de entidades prestigiadas y con experiencia en seguimiento de violencia institucional y policial: Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human RightsWatch, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Departamento Jurídico de la Universidad de Chile, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Espacio de Memoria Londres 38, entre otras. A lo que se agregan datos de víctimas dados por la Sociedad de Oftalmología de Chile, Colegio Médico, Ministerio de Salud, Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional,e investigaciones periodísticas.
Este 10 de diciembre Chile está en la lista de naciones donde se han cometido, como lo señaló un comunicado de más de 200 abogados, “sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos”, y es vigilado con atención por la comunidad internacional dado el cúmulo de denuncias conocidas y los reportes de prensa e imágenes que se conocieron interna y externamente.
Además, se tiende una sombra respecto a si habrá debido proceso y justicia en los cientos de casos de heridos y de los lesionados en los ojos, ya que Carabineros de Chile dice estar haciendo “sumarios administrativos”, asegura que se debe demostrar “la verdad jurídica” ante las agresiones cometidas por sus funcionarios y el gobierno dice confiar y apoyar la labor represiva de los uniformados.
Abogados, familiares de las víctimas, los mismos heridos, parlamentarios y representantes del mundo social indican que se puede instalar la impunidad en toda esta situación, porque con los más de 3 mil heridos de consideración, y específicamente los más de 300 lesionados oculares, prácticamente no hay carabineros procesados, investigados y dados de baja. Otro motivo para hablar de un día oscuro aquí en Chile.
Hasta octubre de este año, los señalamientos en materia represiva en el país estaban concentrados en los más de mil detenidos desaparecidos que aún no son encontrados, los casos de desaparecidos y asesinados por Carabineros “en democracia” y otros sucesos de violencia en contra de ciudadanas y ciudadanos. Ahora, se abre otro espacio, con las víctima de la represión en el marco de las movilizaciones sociales y ciudadanas.
Hay que decir que Carabineros no ha reconocido ningún informe de ningún organismo de DDHH, se exculpa de todo, el general director de la entidad dijo que en los procedimientos no hubo “ningún” error y que él no permitiría que se diera de baja a ningún carabinero que hubiese cometido un acto de violencia o ilegal participando en la represión a manifestantes. El gobierno tampoco ha contestado con apertura y autocrítica las denuncias e incluso la subsecretaria de DDHH comenzó a aparecer haciendo puntos de prensa no para llamar al respeto de esos derechos y denunciar “excesos”, sino que salió a refutar informes de organismos dedicados a la investigación y fiscalización en este materia.
Chile llega, por cierto, al Día Internacional de los Derechos Humanos con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, acusado de ser responsable político de violaciones de DDHH, de haber ordenado que los militares salieran a las calles y avivado el accionar violento de Carabineros. Paradójicamente, el mandatario desea realizar una conmemoración del 10 de diciembre, precisamente cuando está cuestionado su rol en materia de DDHH. Como sea, entre este miércoles y el jueves, la Cámara de Diputados analizará y votará una acusación constitucional contra Piñera por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en las últimas semanas.
Los lapidarios informes
Algunos datos golpean la realidad chilena, como que, de acuerdo a informes del INDH, hay una mil 300 denuncias por violencia sexual, torturas, trato cruel y “uso excesivo de la fuerza”, principalmente delitos cometidos por funcionarios policiales.
A los decidores informes de Amnistía Internacional y de Human RightsWatch, se sumó el pasado viernes el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un documento el organismo expresó una “grave preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos registrados por distintos organismos internacionales así como por los propios órganos del Estado”.
Se manifestó preocupación por “las características de dichas vulneraciones, que apuntarían hacia la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas sociales”. Y arrojó una “extrema preocupación por el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares en el contexto de las protestas sociales como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas utilizados en la dispersión de protestas por Carabineros de Chile”.
La CIDH se mostró también en alerta por “la información recibida que señala torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. A este respecto, la Comisión expresa su alarma por la información publicada por las instituciones nacionales de derechos humanos que señala prácticas por parte de Carabineros a detenidos en las que se harían simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescente, entre otros”.
Y encendió la alarma por “el elevado número de denuncias de abuso sexual en el contexto de las detenciones. Conforme la información recibida, se habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual. Se recibió información sobre abusos sexuales y tocamientos a niños, niñas y adolescentes. Según esta información, en algunos casos se habría golpeado reiteradamente en la zona genital con un bastón de servicio de Carabineros a niños, niñas y adolescentes, además de ser posteriormente obligados a desnudarse en la comisaría”.
Asimismo, la CIDH conoció el caso de un estudiante homosexual, quien habría sido abusado sexualmente en el contexto de su detención por parte de Carabineros, además de insultado y denigrado con motivo de su orientación sexual.
Es por ello que la organización llamó a las autoridades para que ordenen “el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Al respecto, la CIDH recuerda que la actuación de Carabineros de Chile en el mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad”
En un documento público, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó que “las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, deben ser debidamente esclarecidas y sancionados todos sus responsables, incluidas las autoridades, si se establece -con pleno respeto al principio de igualdad ante la ley y de acuerdo a la legislación vigente-su responsabilidad penal en los hechos”.
“Los muertos, los torturados, las y los violentadas y violentados sexualmente, los heridos, los cegados de la vista total o parcialmente, y los miles de detenidos, todos chilenos y chilenas vulnerados en sus derechos humanos más elementales, sólo por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, merecen Justicia plena y reparación adecuada, de acuerdo a la normativa de derechos humanos vigente en nuestro país”, se sostuvo en el texto de la CNDH.
Human RightsWatch (HRW), en tanto, señaló en un extenso informe, que “factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos”.
Según los datos que recopiló HRW los servicios de urgencias médica del país atendieron a 11 mil 564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, de las cuales más de mil 100 presentaban lesiones moderadas o graves. En ese marco asomó como preocupante el uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios que hasta la fecha causó más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses.
El organismo internacional indicó que “miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales”.
Por cierto, los reportes de entidades nacionales e internacionales hablan de los 26 muertos durante las manifestaciones de octubre y noviembre y se recuerda que al menos cinco de esos fallecimientos habrían sido provocados por acciones de agentes del Estado.
La Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, señaló en su momento que se investigaban 2 mil 670 casos de personas agredidas principal y mayoritariamente por agentes del Estado (Carabineros, militares y miembros de la Policía de Investigaciones). Las denuncias suman 2 mil 52 contra la policía uniformada, 50 contra la PDI, 183 contra el Ejército, y 26 en contra de la Armada. Hay mil 679 denuncias por apremios ilegítimos y 44 por torturas.
Entre las víctimas hay 422 niñas y niños, y 525 mujeres. 2 mil 141 de los agredidos son hombres. El informe de Fiscalía Nacional habla de 13 indígenas violentados y 41 extranjeros. El texto señala que las indagaciones tienen que ver con 90 desnudamientos, 26 hechos constitutivos de violación o abuso sexual y 8 amenazas de cometer delitos sexuales en su contra, según ese organismo.
De acuerdo a la Fiscalía Nacional, de las violaciones a derechos humanos y civiles, 1.820 casos estos habrían ocurrido en la vía pública y241 en comisarías, brigadas policiales o recintos militares. Cuarenta y cinco personas reclamaron que las acciones represivas se produjeron dentro de domicilios particulares, 44 en vehículos policiales y 41 en locales comerciales.
La Red de Abogadas Defensoras de Mujeres (ABOFEM) registró 60 denuncias de violencia política y sexual cometidas por las fuerzas de orden y seguridad pública. 95% en episodios de “desnudamientos forzosos, revisión de genitales, golpes, burlas, humillaciones y amenazas de violación en contra de las víctimas y/o contra sus familias, ocurridos al interior de Comisarías”. Cuarenta de esos casos derivaron querellas criminales para esclarecer la existencia de delitos y eventuales responsables. “Estas vulneraciones no solo van en contra de las tratados internacionales y tienen carácter derechamente de delitos, sino que también van en contra de los propios protocolos de Carabineros de Chile”, se estableció.
En su reporte, Amnistía Internacional detalló minuciosamente cómo el gobierno de Sebastián Piñera ha violado gravemente los derechos humanos y apuntó a autoridades en cuanto a responsabilidad en casos aberrantes y constantes en contra de la dignidad de las personas.Pilar San Martín, investigadora del organismo, repudió que a pesar de las evidencias, tanto de heridos como de muertes de ciudadanos, el gobierno siga empeñado en justificar la violencia desproporcional con que han actuado las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
AI, en su exposición, sostuvo que añadió que “hay más de 2 mil 300 lesionados, de los cuales mil 400 son por armas de fuego, sumado a 4 ataques donde el Ejército disparó munición letal.La investigadora concluyó que agentes del Estado han disparado de forma indiscriminada e injustificada, generando la aberrante cifra de 280 personas con trauma ocular severo.
