El  informe del organismo arrojó que Carabineros hace uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y transeúntes. Detectó graves abusos en detención.

Equipo ES. 26/11/2019. Por más que las autoridades nieguen y se llenen de argumentos para justificar el violento actuar de los uniformados en las manifestaciones, lo cierto es que el Estado a través de Carabineros -en algunos casos de Fuerzas Armadas-  está violando y violó los derechos humanos de miles de chilenos y chilenas que participaron de las manifestaciones del último.

Al duro informe de Amnistía Internacional que aseguró que en el país se violaron sistemáticamente los derechos fundamentales, este martes se sumó el de Human Rigths Watch (HRW). En dicho documento se incluye la evidencia sólida del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes. Además el ente internacional recomendó reformar la institución policial con el fin de prevenir los abusos y fortalecer la supervisión.

Desde que comenzaron las manifestaciones (18 de octubre) y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.

“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Asimismo, agregó que “factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.

HRW entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso en noviembre. Algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios; otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías. El organismo, asimismo, entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como también a médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil y altas autoridades, incluidos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

Según los datos que recopiló HRW los servicios de urgencias médica del país atendieron a 11 mil 564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, de las cuales más de mil 100 presentaban lesiones moderadas o graves. En ese marco asomó como preocupante el uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios que hasta la fecha causó más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses.

El organismo indicó que “miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales”.

También el informe consideró las investigaciones que está desarrollando la Fiscalía Nacional donde aparecen 26 fallecidos. Entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de carabineros en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina. También está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros, que actualmente consideran suicidios.

Sumó, el documento, además los antecedentes entregados por personal médico que aseguran que un manifestante con una afección cardíaca murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo.

Además, incluyó que al menos otras 18 personas murieron en incendios durante los saqueos, fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones, o murieron por otras causas sin que haya pruebas, hasta el momento, de que estuvieran implicados agentes del Estado. Y aseguró que Carabineros detuvo a más de 15 mil personas y cometió “abusos contra algunas de ellas”.

Según los datos del órganos internacional de las 442 querellas presentadas por el INDH en representación de víctimas de abusos, 341 se refieren a señalamientos de torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias de abusos sexuales. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones.

 

El informe que HRW entregó al gobierno aseveró que carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch. Entre esos casos el informe agregó el relato de una abogada chilena de derechos humanos quien informó que en casos donde hombres y mujeres habían son detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa.

“Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes”, observó Human Rights Watch.

Algunas recomendaciones

Entre las recomendaciones que contiene el informe está el revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso.

Asimismo, el asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros.

En la misma línea, recomendó reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos.

También, HRW invitó a adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados.

Y resaltó que hay que hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica.

Además,  subrayó que el Ministerio Público y la Defensoría Pública deberían monitorear de cerca y regularmente el papel de Carabineros, por ejemplo, instruyéndoles a fiscales y defensores que inspeccionen periódicamente las comisarías y entrevisten a los detenidos.

Las reacciones

Esta vez el gobierno optó por valorar el informe de HRW y no desmentirlo como lo hizo con el texto de Amnistía Internacional. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, salió al paso y señaló que  “valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial, en situaciones de disturbios y de detención”.

Y agregó que “nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y que por supuesto recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual. El Gobierno ha comprometido todos sus esfuerzos para que sean investigados en forma transparente por el Ministerio Público y juzgados por los tribunales de justicia”.

En tanto, desde la Cámara de Diputados, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, sostuvo que “las violaciones a los derechos fundamentales, sucesivos y/o simultáneos, como ha ocurrido en nuestro país, cometidos por agentes del Estado son elementos que configuran crímenes contra la humanidad y la responsabilidad política es sin duda de la más alta autoridad civil y por eso hemos interpuesto la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera”.

Asimismo, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, se refirió al énfasis en la distinción entre violaciones generalizadas y sistemáticas que han hecho las autoridades. “Esa semántica es tras la que el Gobierno quiere esconderse para no asumir su responsabilidad. La generalización es uno de los elementos que configura los crímenes contra la humanidad no solo de acuerdo al Estatuto de Roma, sino que de acuerdo a nuestra propia legislación”, apuntó.

Y recalcó que “una responsabilidad política que algunos aquí en el parlamento pretenden eludir, no usar esta herramienta y señalan que esta herramienta (Acusación Constitucional) fuera prácticamente un golpe de estado. Quiero denunciar esta campaña del terror que se ha hecho contra la Acusación Constitucional y el que algunos parlamentarios quieran inhibirse por conveniencias electorales o políticas de ejercer lo que deben hacer. No es posible que la impunidad en este país, la impunidad política, social, moral de las elites, que es parte de lo que ha significado el estallido social”.

 

 

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