“Hay que usar las herramientas que la Constitución nos permite. El usarla también es un acto democrático” señaló el diputado Boris Barrera, quien será parte de la instancia.

Osciel Moya. Periodista. 20/11/2019.  Este miércoles  quedó constituida la comisión especial que estudiará el mérito de la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Los legisladores elegidos, mediante el sistema de tómbola, fueron  Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI).

La comisión deberá reunirse para elegir al presidente y establecer el cronograma de trabajo y la lista de invitados para exponer sobre la procedencia, validez y mérito jurídico del libelo acusatorio ingresado contra el mandatario.

El diputado Boris Barrera, jefe de la bancada PC, afirmó que por la responsabilidad de la designación, será “independientes en todo sentido y mostrar todas las diferentes visiones que pueden tener organizaciones y personas sobre esta acusación”

Agregó que independiente del resultado y ante las críticas sobre la conveniencia de acusar al Presidente de la República, “hay que usar las herramientas que la constitución nos permite, el usarla también es un acto democrático. Cuando alguien cree que está incumpliendo las leyes y nosotros tenemos esas herramientas, no podemos obviarlas”

Precisó que si soslayan esa responsabilidad, “estamos cayendo en una falta porque hay antecedentes y muchas denuncias que se conocieron incluso en el extranjero. Hay preocupación (…) por los derechos humanos en Chile. Por lo tanto,  hacer vista gorda y creer que aquí no está pasando nada y decir que no vamos a presentar ningún recurso, es una falta nuestra. La constitución nos obliga a acusar constitucionalmente si alguien está incumpliendo las leyes, de acuerdo a lo que establece el documento sobre la acusación constitucional contra Sebastián Piñera”

Cabe consignar que la acusación contra el mandatario se debe a los actos que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes.

Además, porque las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado son consecuencia de un conjunto de decisiones políticas y administrativa, iniciadas por la declaración del estado de emergencia.

Ello derivó en medidas represivas adoptadas contra la población civil que ejercía su derecho a expresarse y que se extendieron más allá de la vigencia del estado de excepción.

El Presidente de la República autorizó que las Fuerzas Armadas y de Orden atentaran contra las garantías fundamentales de las personas, según expresa libelo.

Dentro del plazo de tres días, se deberá notificar, personalmente o por cédula, al primer mandatario, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional,

A partir de esta notificación, el Presidente tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.