Investiga la Contraloría. Se hicieron varias denuncias judiciales. Inquietud de que el cuerpo policial actúe como policía política y no “brazo político” del gobierno.
Equipo ES. 05/11/2019. Es probable que, finalmente, Carabineros tenga que responder por el espionaje y el seguimiento a dirigentes sociales y sindicales, y a profesionales, todos ellos opositores a este gobierno.
Este martes se supo que la Contraloría General de la República solicitó a la Subsecretaría del Interior informar sobre las medidas adoptadas por la policía uniformada ante esa situación, conocida por el hackeo de sus sistemas informáticos. Según información de la Contraloría se iniciaron “los sumarios correspondientes…luego de conocerse en diversos medios de comunicación, una eventual vulneración de los sistemas informáticos de la policía uniformada”, que permitió conocer documentación que reportaba el fichaje, espionaje y seguimiento a muchísimos personajes del mundo social, sindical y académico, la existencia de fichas de Inteligencia de dirigentes sociales y la infiltración en actividades, por ejemplo, de la Universidad de Chile. Así también, se conoció el seguimiento y monitoreo de actividades de grupos políticos, sociales y de derechos humanos.
Carabineros tiene 10 días hábiles para entregar a la Contraloría de la República los antecedentes requeridos y explicar esa situación. Ello debería incluir una información que aclare todo este ante la opinión pública.
El caso del hackeo y conocimiento de la acción de Inteligencia de la policía uniformada en contra, por ejemplo, de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, de la académica de la Universidad de Chile, Faride Zerán, de Rodrigo Mundaca del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA), ya es conocido como el Paco Leaks y mantiene una preocupación en el mundo sindical y social y entre parlamentarios de oposición.
La derecha no se ha expresado y desde el gobierno hubo leves comentarios que incluyeron las frases formales de que se espera una investigación. Ninguno de los espiados por Carabineros pertenece a la derecha y todos son opositores a esta administración. Una duda que surgió entre sectores políticos es si lo obrado por los carabineros es producto de alguna orden del Ministerio del Interior.
En esa línea, los senadores Alejandro Navarro (PRO) y Yasna Provoste (DC), ingresaron un recurso de amparo contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el general director de Carabineros, Mario Rozas, con el fin de esclarecer las causas de la persecución de 3 de las personas mencionadas en el informe: El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el máximo representante de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez y Rodrigo Mundaca.
Navarro declaró a la prensa: “Queremos saber cuáles son las razones de este verdadero espionaje a organizaciones sociales, si se les ha acusado de un delito o si se les ha aplicado la Ley de Inteligencia del Estado. En el primer caso, correspondería saber si se ha denunciado un delito en contra de estas personas, qué fiscal dirige la investigación, y qué diligencias ha ordenado. En el segundo caso, cuáles serían las razones para considerar a estas personas vigiladas como peligros para el orden y la seguridad nacional, que es la única razón habilitante para vigilarlos. En caso de carecer de motivos, pedimos a la Corte ordenar que cese la vigilancia”.
Para el legislador del PRO, “los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas y de Orden no deben convertirse en juguetes del Presidente de turno, no se crearon como policía política del Ejecutivo”. De hecho se instaló la figura de que en Chile Carabineros está operando como una policía política.
“Eso ocurre con las dictaduras, y le pedimos al presidente (Sebastián) Piñera, como jefe de Estado, que reafirme su compromiso con la democracia, y de inmediato emita la orden para que termine este espectáculo, pues la Seguridad interna ha sido expuesta, y los organismos internacionales están alertas sobre Chile. No podemos actuar como país, como si existiera una dictadura encubierta”.
Yasna Provoste declaro sobre este caso que “el seguimiento de Carabineros a dirigentes sociales “es algo que la justicia debe indagar”. Precisó que “no consideramos que la policía deba jugar un rol político de seguimiento a líderes sociales mientras el país se debate hoy con altos índices de narcotráfico, con cifras de inseguridad ciudadana muy altas”.
Para la senadora de la Democracia Cristiana, Carabineros debe estar ocupándose de temas de seguridad pública y apoyo a la ciudadanía y no de espiar a representantes sindicales y sociales. Enfatizó que la policía uniformada no debe ser “el brazo armado político del gobierno. Creemos que el seguimiento de los líderes sociales debe terminar por parte de las policías. Y la Inteligencia de este cuerpo policial financiado por todos los chilenos y chilenas tiene que dedicarse a las tareas que las ciudadanía espera de ellos”.
En tanto, la ONG Defensoría Popular presentó un recurso de amparo en contra del general director de Carabineros, Mario Rozas, en representación del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), tras conocerse que la organización es “blanco de interés” para la inteligencia policial, según los documentos filtrados recientemente desde la institución uniformada.
En declaraciones a Radio Cooperativa , Mundaca explicó que con este amparo pretenden que el general director “dé cuenta de si esto responde a una política institucional, si la vigilancia policial está institucionalizada en contra de los movimientos socioambientales. Es un recurso que también busca clarificar la profundidad de lo mismo, y a continuación, tomar todas las medidas pertinentes que dicen relación con restituir derechos que hoy día se encuentran totalmente avasallados por un mal gobierno”.
El dirigente insistió en que “la inteligencia policial se pone al servicio y al arbitrio de quienes depredan los territorios, de quienes se apropian del agua, de la tierra, de quienes contaminan el medioambiente, destruyen los identitarios culturales y territoriales”.
El tema está dando botes y, como ocurre en otros casos donde está involucrada la institución de Carabineros de Chile, se teme que finalmente no haya responsabilidades ni respuestas, como sucede con cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
